Redacción Animal Político · 6 de noviembre de 2025
Una jueza federal ordenó suspender en Umán, Yucatán, la instalación y operación de una estación de compresión de gas natural —conocida como booster— del proyecto Energía Mayakán, luego de que residentes de un fraccionamiento contiguo denunciaron afectaciones a su salud y a su entorno, así como la ausencia de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En su resolución, Mercedes del Sol Hernández Cetina, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, determinó “la paralización de instalación y operación de un booster o estación de compresión de gas natural integrada al proyecto Energía Mayakán, que se encuentra contiguo al fraccionamiento Gran Calzada ubicado en el municipio de Umán”, según el boletín de prensa difundido este jueves por el Colectivo X Un Yucatán con Energía Segura.

Los habitantes del fraccionamiento acusaron a la empresa Grupo Casitas, a Energía Mayakán y al ayuntamiento de Umán de no haber informado que se construiría una estación de gas junto a sus viviendas.
Ante esto, presentaron una demanda de amparo en la que denunciaron violaciones a los derechos a la vivienda, a la salud, al medio ambiente y a la ciudad. Asimismo, han presentado denuncias formales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y exigen que la estación sea reubicada.
La suspensión judicial permanecerá vigente mientras se resuelve el juicio de amparo.
El booster forma parte del proyecto Energía Mayakán, filial del grupo francés Engie, que junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrolla una ampliación del gasoducto Mayakán para duplicar su capacidad de transporte.
De acuerdo con un comunicado de Engie de marzo de 2024, “la ampliación del gasoducto Energía Mayakán se consolidará con la interconexión al proyecto marino Puerta del Sureste que transporta gas natural desde Texas, Estados Unidos”.
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La empresa explicó que con esta obra se busca “garantizar el transporte de gas natural para la generación de energía eléctrica que demanda la Península de Yucatán”.
El acuerdo fue firmado por Felisa Ros, Country Manager de Engie México, y Manuel Bartlett Díaz, entonces director general de la CFE.
En octubre de 2024, vecinos de la colonia San Damián, en Mérida, denunciaron que durante dos años soportaron obras que, bajo el argumento de instalar fibra óptica, en realidad colocaban un gasoducto para abastecer una galletera. “Fue de 2021 a 2023: dos años de estrés, de agotamiento emocional y físico”, relató Patricia Velázquez Marvan, una de las habitantes organizadas, en entrevista con Animal Político.
Los vecinos interpusieron cuatro amparos por “violación en cuanto al acceso a la información y a la participación pública en asuntos ambientales”, explicó Roberto Sánchez Campos, abogado de Kanan Derechos Humanos, al señalar que las autoridades “tienen que brindar informaciones sobre el proyecto a los afectados (…) y garantizar mecanismos de participación donde puedan expresar sus preocupaciones”.
Los opositores recordaron que la empresa Engie, a través de su filial Tractebel GNP, ha sido señalada en casos de explosiones de ductos en Matamoros, Tamaulipas, donde murieron dos personas y una mujer sufrió quemaduras graves. “No se puede vivir tranquilos con Engie, no se sabe cuándo pueden regresar”, advirtió Mario Cupul Aguilar, otro de los vecinos organizados.
En respuesta a esos señalamientos, Daniel Loaiza, gerente de Comunicación y Branding de Engie México, afirmó en una carta aclaratoria que las acusaciones son “infundadas e inexactas”, y aseguró que “la empresa cuenta con todos los seguros de Responsabilidad Civil y por Daño Ambiental vigentes”.
Además, sostuvo que “los gasoductos que operamos cumplen con las normativas ambientales nacionales e internacionales más estrictas, asegurando que no representan peligro para el entorno o para las personas”.
Con información de Orsetta Bellani