Plan territorial de CDMX enviado al Congreso, sin mapas sobre inundaciones, dicen expertos

El proyecto de Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT), enviado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) al Congreso de la Ciudad de México para su discusión, dejó fuera algunas consideraciones técnicas en materia de riesgos que fueron formuladas por el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, grupo colegiado que está reconocido en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, conformado por especialistas, funcionarios públicos y sector privado.

Naxhelli Ruíz -académica de la UNAM que preside el Comité Técnico de Resiliencia Urbana y Territorial dentro del Consejo de Resiliencia- señaló en conferencia de prensa que entre las consideraciones que enviaron y no fueron incluidas en el proyecto de PGOT se encuentra una cartografía para ubicar polígonos en los que se presentan inundaciones, así como una que integraría información sobre puntos en los que se afecta suelo de conservación.

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La investigadora del Instituto de Geografía detalló que, como parte del trabajo de este órgano colegiado, plantearon al IPDP diversos puntos de vista y propuestas, que el organismo se comprometió a incluir dentro del proyecto de Plan de Ordenamiento, pero no aparecen en el documento presentado al Congreso.

“(Funcionarios del IPDP) Se sentaron a la mesa con nosotros y llegamos al acuerdo de que se tendrían que integrar ciertas propuestas de algo que en su momento se denominó áreas de gestión territorial, en el programa que se propuso a consulta pública el año pasado, porque identificamos problemas particulares, y son áreas donde se pueden hacer cosas como aumentar densidad de población o priorizar suelo de conservación, pero son términos que quedaron en el aire“, comentó.

Un plan sin Ley de Ordenamiento

En la conferencia organizada por la asociación Ruta Cívica también participó Armando Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas de la Ciudad de México, quien expuso que el proyecto tiene “un problema importante en términos legales”, ya que según las normas vigentes este programa -presentado por el IPDP como un documento “con carácter de ley”- deberá contener reglas de ordenamiento territorial, pero estas no aparecen en el documento.

“El problema es que no hay Ley de Ordenamiento Territorial, esta tuvo que haberse formulado de manera previa al PGOT, porque esas normas que nos dicen cómo utilizamos el suelo, cómo se debe de conservar, con qué intensidad se puede construir en algunas zonas, las alturas, la densidad, etc., deben estar desarrollados, como dice la ley, en una legislación que actualmente no está, aunque debió haber sido aprobada hace casi tres años”, indicó.

Falta claridad en plan de ordenamiento, dicen expertos

Rosales agregó que el proyecto presentado tampoco cuenta con definiciones claras sobre lo que son las “zonas prioritarias” ni sobre los “megaproyectos“, aunque en el caso de estos últimos promete que se prohibirá su construcción en zonas con escasez de agua, lo que a su consideración complicaría la exigencia por parte de la ciudadanía de que se cumpla con el ordenamiento.

También se criticó la falta de medidas claras para mitigar las consecuencias de la crisis ambiental que se vive a nivel mundial.  Luis Zambrano, académico del Instituto de Biología de la UNAM, comentó que el no contar con estas directrices podría “generar grandes problemas para organizar el territorio para reducir los efectos”.

“Si no hubiera crisis ambiental diría bueno, es otra cosa, pero teniendo esta situación, la responsabilidad de los tomadores de decisiones es muy grande, porque ¿vamos a tener una ciudad viable los próximos veinte años o va a tener que migrar mucha gente? Eso es lo que nos obliga a tener un parlamento abierto, para hacerlo bien, con la participación de todos”, explicó.

Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, mencionó que por todas estas razones hacen un llamado a los legisladores del Congreso de la Ciudad de México a que convoquen a un parlamento abierto en el que sean escuchadas y tomadas en cuenta las consideraciones y propuestas de la sociedad civil.

En caso de que el Congreso apruebe el proyecto presentado por el IPDP sin cambios, Tapia anunció que se presentarán los recursos legales ante las instancias correspondientes para que se reponga el proceso de discusión.