Morena denuncia presunta corrupción en contrato de la gestión de Adrián de la Garza en Monterrey

La dirigencia de Morena en Nuevo León presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles actos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones relacionados con un contrato de Next Energy, al considerar que pudo beneficiar indebidamente a particulares vinculados con la administración del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y que en las operaciones señaladas se habrían involucrado recursos de posible origen federal.

El caso Next Energy se remonta a 2020, cuando el gobierno municipal de Monterrey encabezado también entonces por De la Garza firmó un contrato a 30 años con la empresa Next Energy del Centro para abastecer de energía eléctrica al municipio mediante una planta solar proyectada en Cerralvo, Nuevo León.

El acuerdo contemplaba compromisos financieros de largo plazo por más de 7 mil millones de pesos mediante pagos periódicos por el suministro de energía; sin embargo, la planta no se concretó en los términos originalmente anunciados y el contrato se convirtió en objeto de controversia política y jurídica.

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Luego, durante la administración de Luis Donaldo Colosio, el convenio fue sometido a revisión y renegociación, en medio de cuestionamientos sobre posibles responsabilidades administrativas, contractuales y penales.

Morena lleva el caso Next Energy ante la FGR

Este miércoles, la presidenta estatal de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer, acudió para formalizar la denuncia que involucra al contrato a la FGR en la Ciudad de México, donde ofreció una rueda de prensa.

Alcocer sostuvo que existen elementos que ameritan una investigación sobre la celebración y ejecución del contrato, particularmente por la posible participación de servidores públicos con vínculos con empresas involucradas en el proyecto.

“Podríamos estar hablando de un delito de ejercicio abusivo de funciones”, afirmó.

Explicó que, de acuerdo con la información que Morena solicita investigar, Adrián de la Garza, actual presidente municipal de Monterrey, contaba al momento de la celebración del contrato con una contralora que presuntamente también mantenía participación en el grupo empresarial relacionado con el caso.

“Se destaca que Adrián Emilio de la Garza, actual presidente municipal del municipio de Monterrey, contaba como contralora en el momento de la celebración de este contrato a la ciudadana Jovita Morín Flores, quien era al parecer también socia, sí, era la contralora, pero también era socia de este grupo empresarial”, declaró.

“Hay elementos que justifican una investigación seria”

La dirigente señaló que el delito de ejercicio abusivo de funciones está previsto en el artículo 220 del Código Penal Federal y que sanciona a servidores públicos que, aprovechándose de su cargo, intervengan en contratos o actos que generen beneficios económicos indebidos para ellos mismos o para personas con quienes mantienen algún tipo de relación.

“Hay elementos que justifican una investigación seria respecto hacia la ejecución de este contrato Next Energy, si benefició de manera indebida a particulares vinculados con servidores públicos en la administración de Adrián de la Garza”, expresó.

La denuncia de Morena se inscribe en una controversia que ha permanecido vigente desde el cambio de administración municipal en Monterrey. El proyecto energético derivó en una confrontación política entre Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio, quienes han sostenido posturas encontradas sobre la legalidad, conveniencia y consecuencias financieras del acuerdo firmado con Next Energy.

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Alcocer explicó que la decisión de acudir ante la Fiscalía General de la República responde a la posible participación de recursos federales en los pagos relacionados con el contrato.

“La razón por la cual estamos aquí ante la Fiscalía General de la República es porque pareciera que en este contrato, en estos pagos, se involucró recursos que podrían tener origen federal, lo que hace necesaria la intervención para determinar justamente el origen y el destino”, señaló.

Durante su intervención, Alcocer sostuvo que la cancelación del contrato no elimina posibles responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.

La denuncia se suma al caso contra Samuel García

La presentación de esta denuncia ocurre poco más de una semana después de que la dirigencia estatal de Morena en Nuevo León acudiera también ante la FGR para denunciar al gobernador Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, triangulación financiera, conflicto de interés y promoción personalizada con recursos públicos.

El 26 de mayo, Anabel Alcocer informó que Morena había denunciado presuntas operaciones mediante las cuales recursos públicos estatales habrían sido canalizados hacia un despacho jurídico vinculado al gobernador.

“Estamos hablando de una presunta triangulación y desvío de recursos públicos a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores del gobierno y que terminan finalmente estos recursos en un despacho fiscal y de abogados del señor gobernador”, declaró en aquella ocasión.

Según lo expuesto entonces por la dirigente partidista, el monto involucrado podría alcanzar hasta mil 400 millones de pesos.

Morena también señaló que el gobierno estatal otorgó contratos por alrededor de 164 millones de pesos a la empresa Suministros MYR y que otra firma relacionada, Productos Mexicanos Jase, habría transferido recursos al despacho jurídico atribuido a Samuel García y su familia.

Además, Alcocer sostuvo que parte de esos recursos presuntamente se utilizaron para fortalecer la imagen pública del gobernador y de Mariana Rodríguez mediante campañas de comunicación y publicidad en redes sociales.

“Dejaremos que la fiscalía realice las indagatorias correspondientes”

Este miércoles, al ser cuestionada sobre esa denuncia presentada la semana pasada, la dirigente estatal indicó que el asunto continúa en proceso y que esperan el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

“También hemos presentado ya una denuncia hace una semana en relación con este supuesto delito también donde involucra la posible triangulación de recursos públicos. Entonces, también dejaremos que la fiscalía realice las indagatorias correspondientes”, señaló.