La Verdad Juárez · 27 de julio de 2025
El hallazgo de 386 cuerpos de personas no identificadas embalsamados y acumulados en condiciones insalubres en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua, destapó irregularidades y negligencia sanitaria en la operación de servicios funerarios.
El caso también dejó al descubierto omisiones graves por las autoridades encargadas de permitir, supervisar e inspeccionar este tipo de establecimientos, quienes supuestamente dejaron operar esas instalaciones sin permisos y sin revisión desde hace más de 3 años.
Por este hecho, dos personas se encuentran detenidas y vinculadas a un proceso penal. Se trata del propietario y responsable sanitario del crematorio, José Luis A.C., y su trabajador, Facundo Teófilo M.R., quienes fueron acusados de haber cometido dos delitos: ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente. Las instalaciones del lugar permanecen cerradas.
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Sobre la actuación de las autoridades encargadas de fiscalizar este tipo negocios, la Fiscalía de Chihuahua solo informó que se van a investigar, pero a la fecha no hay reportes oficiales con detalles de esas indagatorias y a quién alcanza. Además, los funcionarios de las dependencias que incumplieron con la supervisión del crematorio siguen en funciones.
En cuanto a la identificación de los cuerpos localizados –213 hombres, 165 mujeres y 08 indeterminados–, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses informó que al sábado se tiene la identificación de 27 personas fallecidas cuyos cuerpos se quedaron sin incinerar en el crematorio, de las cuales, ya se notificó y entregó a sus seres queridos a 13 de ellas.
Ante esta situación, cientos de personas en duelo han peregrinado en busca de sus seres queridos entre los cuerpos ocultados en el crematorio. Unas mil 700 personas han sido atendidas en la Fiscalía, de las cuales, mil 150 corresponden directamente a familiares cuyos fallecidos posiblemente ingresaron al crematorio Plenitud, y el resto son de otros crematorios.
Algunas de ellas se han reunido para crear el colectivo Justicia para Nuestros Deudos y han salido a manifestarse públicamente para exigir a las autoridades justicia y la apertura de investigaciones formales e imparciales a todos los funcionarios públicos que hayan tenido participación directa o indirecta en estos hechos que han afectado profundamente a 386 familias.
También demandan la ampliación del equipo de peritos forenses encargado de la identificación de cuerpos no reconocidos, la contratación de un equipo o laboratorio especializado, ajeno a las autoridades locales, para que lleve a cabo estudios científicos que permitan determinar con certeza el origen de las cenizas que recibieron, así como la creación de mecanismos de reparación y atención integral para las familias afectadas y la implementación urgente de supervisión efectiva en todos los crematorios y servicios funerarios del estado.
Los deudos piden una investigación formal sobre las funerarias involucradas directa o indirectamente con las operaciones del crematorio Plenitud, en virtud de su posible complicidad, omisión o negligencia ante las prácticas ilícitas cometidas.
Además, solicitan garantías de que estas prácticas no volverán a repetirse, ni quedar impunes, sobre todo porque a días de este hallazgo en el crematorio se destapó otro caso omisiones y trato indigno de cadáveres en la funeraria Del Carmen, donde las autoridades dieron a conocer que se localizaron tres cuerpos, dos de ellos de menores.

En un pliego petitorio dirigido a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván –quien este viernes dio la vuelta a los deudos– el colectivo solicita públicamente una reforma la Ley General de Salud, para incluir el derecho a la dignidad post mortem y establecer normas estrictas sobre el trato ético de cadáveres en funerarias y crematorios.
Esta nota se publicó originalmente en La Verdad Juárez