Ana Gamboa | Proyecto Puente · 13 de mayo de 2026
Maximiano “N”, el médico buscado por la Fiscalía de Sonora por la presunta mala praxis que habría derivado en la muerte de ocho personas, podría recibir una sentencia máxima de hasta siete años de prisión por homicidio culposo, señaló el abogado Héctor Contreras Pérez.
La Fiscalía estatal emitió una ficha de búsqueda en la que ofrece hasta 500 mil pesos a quien proporcione información que ayude a localizar al doctor, por su probable participación en el delito culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica, informó la institución.
En entrevista para Proyecto Puente, Contreras Pérez explicó que el hecho de no haberse presentado a las audiencias no agrava la penalidad del caso; sin embargo, sí podría derivar en que el juez determine prisión preventiva justificada por incumplir con los llamados judiciales. Añadió que la ausencia del médico podría formar parte de una estrategia de defensa.
“Creo que se trata de una estrategia de la defensa el no haber atendido esa citación y no haber cumplido con la medida suspensional”.

“La defensa debe tener un plan que pudiera, en un momento determinado, generar resultados, más aún cuando se ha publicado que el médico está en disposición de tratar de convenir con los familiares de las víctimas”.
Respecto a la posible sentencia, el abogado precisó que, al tratarse de un delito culposo, la pena no podría incrementarse por el número de víctimas.
“Nuestra legislación contempla penalidades para este tipo de delitos, y la pena máxima que podrían imponerle al doctor no pasaría de siete años, porque estos delitos no pueden agravarse por ninguna circunstancia. En todo caso, refleja el mayor nivel de culpabilidad que se pudo haber tenido en su actuación profesional”.
“En materia de delitos culposos o imprudenciales no puede haber concurso de delitos. Es decir, no se puede aplicar una pena por cada hecho que se le atribuye; por eso se integra una sola carpeta por homicidio culposo con resultado de ocho víctimas”.
Por otro lado, el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, José Manuel Ávila Valenzuela, señaló que, en primera instancia, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, ya que hasta el momento no existe una sentencia condenatoria.
Partiendo de esa premisa, indicó que el juez deberá determinar la pena correspondiente con base en lo establecido en el Código Penal sobre los delitos culposos y las particularidades de cada caso.
“En el escenario de que se llegara a dictar una sentencia condenatoria, después de haberse seguido un procedimiento en el que se privilegie el debido proceso, el juez tendría que tomar varias directrices para emitirla”.
“De entrada, si se determina responsabilidad, tendría que imponerse una pena privativa de la libertad y dictarse una resolución por cada uno de los hechos delictivos que se le atribuyen, de manera separada”.

Agregó: “Al tratarse de un delito culposo, tendría que atenderse a las reglas que establece el Código Penal para este tipo de conductas, y en Sonora se contempla una pena de entre tres días y seis años de prisión”.
“Es decir, el juez que conozca el fondo del asunto deberá analizar en cada caso las circunstancias particulares para determinar, dentro de ese rango, la pena privativa de libertad que corresponda”.
Además, señaló que el juzgador también deberá valorar la sanción pecuniaria que pudiera imponerse, como una posible multa o la reparación del daño material y moral.
En abril, se dio a conocer que la Fiscalía de Sonora trabajaba en la investigación de la muerte de dos hombres y dos mujeres, todos pacientes de un mismo médico tratante en Hermosillo, por la administración de sueros vitaminados mezclados y recetados por dicho profesional en una clínica homeopática.
Tras los fallecimientos, las autoridades realizaron un cateo en el consultorio médico, donde aseguraron expedientes clínicos, soluciones médicas embotelladas, medicamentos inyectables y otros indicios.
Estos materiales fueron entregados a la Coesprisson para su análisis especializado, incluyendo la revisión de expedientes clínicos y sustancias aseguradas, en coordinación con la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio nacional de referencia de Cofepris, que realizará estudios bajo cadena de custodia.
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Asimismo, se harán análisis histopatológicos de los tejidos de los fallecidos para determinar posibles daños celulares relacionados con los sueros administrados. Las autoridades también activaron una “red negativa”, coordinando a todas las instituciones médicas para reportar de inmediato otros posibles casos.
Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte de más personas, dando un total de 8 fallecimientos a causa de los sueros vitaminados. Por lo anterior, el médico fue llamado a una audiencia a la cual no se presentó.