Línea 12: el caso aún no avanza e imputados buscan reabrir investigación

La justicia por el colapso de un tramo del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro capitalino el 3 de mayo de 2021, un hecho que cobró la vida de 26 personas y dejó a más de 100 lesionadas, aún está lejos de llegar.

Este viernes se cumple el plazo de seis meses que el juez dio para que se llevara a cabo la investigación complementaria del caso, por el cual están imputados 10 exfuncionarios, entre ellos, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas. Sin embargo, tres amparos tienen suspendido el proceso, sin que haya fecha para que se pueda retomar y efectuar un juicio oral donde se analicen y desahoguen las pruebas de las partes.

“Seguimos en ese lamentable y penoso túnel procesal que nos va a llevar varios años por una decisión de carácter político de fabricar culpables para blindar una posible candidatura presidencial”, acusó el abogado de cinco de los imputados —extrabajadores del Proyecto Metro—, Gabriel Regino.

En entrevista, el litigante explicó que al momento, por parte de su despacho, se han presentado tres amparos que están a la espera de resolución. Aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) se convirtió en una agencia política que ha rechazado seguir con una investigación que demostraría que su propia hipótesis, que está fundamentada en un problema de diseño y construcción de la línea, no es correcta.

El primer amparo es en contra de la vinculación a proceso de sus defendidos, el cual apenas ha sido notificado a la mitad de las víctimas, por lo que Regino estima que tomará seis meses más en poder resolverse.

El segundo amparo tiene que ver con la negativa de la fiscalía para seguir distintos actos de investigación con los cuales —dice— se probaría la inocencia de los imputados, y el tercero, presentado hace apenas unos días, tiene que ver con la negativa del juez de conceder la ampliación del plazo de investigación complementaria por otros seis meses.

“Este amparo —que ya se admitió— frena absolutamente el tema de la posibilidad del juicio oral y, además, en la próxima semana, vamos a solicitar la reapertura de la investigación, figura establecida en el código procesal y que opera cuando la fiscalía ha negado actos de investigación. En nuestro caso, son más de 40 y eso va a motivar que haya una audiencia de debate sobre esta cuestión, la posibilidad de que se reabra la investigación por varios meses o que la nieguen y que volvamos nuevamente a acudir al amparo”, explicó el abogado.

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De acuerdo con Regino, la fiscalía capitalina se ha negado a investigar más de 40 actos argumentando que las propuestas van en contra de su hipótesis del caso. 

“Esa respuesta es la más absurda que puede existir en el mundo legal”, reprochó.

Por separado, Cristopher Estupiñan, asesor legal de más de 20 víctimas de la Línea 12, aseguró que sus representados se encuentran en un limbo en el cumplimiento de sus afectaciones médicas, pues las autoridades han buscado minimizarlas lo más posible.

“Que haya justicia pues ya hace tiempo que entendimos que eso es una añoranza, una ilusión… todo ha sido a modo”, dijo.

Respecto de la presentación de los diversos amparos, específicamente el que tiene que ver con la negativa del juez de ampliar el plazo para la investigación complementaria, Estupiñan resaltó que es derecho de la defensa, aunque lamentó que esto sea factor para retrasar más y más la resolución del caso.

“Yo creo que por lo menos van a faltar, por lo menos, otros seis meses para que dicte la fecha de audiencia”, consideró el abogado.

“Seguimos con pendientes médicos, y son casi dos años… para ellos eso es lo más relevante, más allá de este proceso penal, porque ya en las últimas audiencias decidieron ya ni siquiera acudir porque son audiencias muy largas (…) Están en un limbo en el cumplimiento de sus atenciones médicas”, detalló.

Largo camino

El próximo 3 de mayo se cumplirán dos años del colapso. Desde aquel día, la también conocida como Línea Dorada fue cerrada en su totalidad para llevar a cabo un proceso de verificación y atención. Apenas recientemente, el pasado 15 de enero, se puso en funcionamiento el tramo subterráneo que corre de Mixcoac a Atlalilco.

Según dio cuenta el gobierno capitalino, la rehabilitación solo de este tramo tuvo un costo de alrededor de 800 millones de pesos, los cuales fueron pagados por las empresas constructoras de la Línea 12. Son estas mismas empresas las que pagarán todos los costos que genere la rehabilitación entre las estaciones Atlalilco y Tláhuac, tramo que se prevé sea abierto en el primer semestre de 2023.

Por los hechos, actualmente se encuentran 10 personas vinculadas a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos. No hay ninguna persona de las empresas constructoras de la línea.

Los imputados son Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro; Moisés Ponce Guerrero, exdirector de construcción de obras; Juan Antonio Giral y Mazón, director de diseño de obras civiles; Enrique Baker Díaz, subdirector de estructuras e ingeniería, y Héctor Rosas Troncoso, subdirector de obra civil C.

También, Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural; Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de obra tramo Olivos-Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, exdirector general de supervisión de obra; Fernando Ramiro Lalana, exdirector de coordinación de supervisión de obra, y Guillermo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra de la línea.

Todos los imputados llevan sus procesos en libertad y periódicamente acuden a firmar ante el juez para confirmar su estancia en la Ciudad de México.

“(El proceso) no camina en absoluto, sobre todo porque la fiscalía se volvió una agencia política que lo único que está haciendo es fabricando culpables y cerrándose de manera criminal a un proceso transparente y democrático, lo que les va a traer consecuencias desafortunadas de carácter legal a todas las autoridades que están interviniendo en este proceso”, señaló Gabriel Regino.