Redacción Animal Político · 15 de agosto de 2025
El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Movilidad para regular la circulación de vehículos eléctricos, como motocicletas y scooters que alcancen una velocidad por encima de los 25 kilómetros por hora.
Con esta reforma, que fue aprobada 58 votos a favor, los usuarios tienen la obligación de contar y portar una licencia de conducir, junto con la documentación establecida en la Ley de Movilidad.
Los cambios también señalan el uso de casco obligatorio y estará prohibido circular por las aceras, ciclovías y carriles confinados para el transporte público.
El dictamen elaborado por la Comisión de Movilidad crea la figura legal de Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (Vemepe), al que se define como unidad con manubrio y acelerador independiente, el cual incorpora un motor eléctrico que le permite superar los 25 kilómetros por hora.
La legislación establece dos categorías de estas unidades.
Estos se clasificarán en dos tipos:

Se establece que deberán seguir la ley los vehículos de transporte terrestre de pasajeros o carga, que para su tracción dependen de un motor de combustión interna, eléctrica, o de cualquier otra tecnología que le proporciona una velocidad superior a 25 kilómetros por hora.
La legislación señala que quedarán exentos los vehículos no motorizados, es decir, “aquellos que utilizan tracción humana, pedaleo asistido o cuenten con motor eléctrico para su desplazamiento con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora”.
La regulación entrará en vigor al día siguiente de su publicación, sin embargo, la Semovi tendrá un plazo de 360 días para adecuar los reglamentos relacionados.
Esta iniciativa fue promovida por legisladoras del grupo parlamentario del PVEM, el diputado Federico Chávez Semerena (PAN), y la jefa de gobierno, Clara Marina Brugada Molina bajo el argumento de que se atienden problemáticas como la circulación por banquetas, exceder la velocidad, falta de uso de casco, sobrepasar la carga o el número de personas pasajeras, que ponen en peligro a conductores, personas peatonas y ciclistas.

El dictamen sostiene que la falta de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ha generado un vacío legal respecto a dónde y cómo deben operar, así como quién asume responsabilidad en caso de accidente; por lo que estas modificaciones están alineadas con la estrategia nacional de movilidad y seguridad vial, al homologar criterios para el diseño y regulación de vías urbanas.
El legislador Israel Moreno Rivera (PVEM) consideró que esta reforma es un avance para la regulación de los vehículos eléctricos, que promueve el cuidado del medio ambiente.
Mientras que la diputada Tania Larios Pérez (PRI) señaló que esta iniciativa no debe tener fines recaudatorios, por lo que advirtió que no se está considerado un estudio de impacto presupuestario acorde a la Ley de Austeridad de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad.