Liberan a comunicadoras detenidas por presuntamente difundir videos hechos con IA en San Luis Potosí
Con información de Carlos Álvarez / Noroeste · 6 de junio de 2026
Un juez de control autorizó la suspensión condicional del proceso penal contra las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, pues fueron acusadas del delito contra la identidad de las personas en San Luis Potosí.
Dicha medida, deja sin prisión preventiva a ambas periodistas.
Las reporteras fueron detenidas, ya que presuntamente difundieron un video generado con IA donde señalaban un presunto vínculo del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, con una organización criminal, así como de publicar una fotografía de la senadora Ruth González, esposa de Gallardo, en la que aparece junto al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
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“Tras la revisión de su situación jurídica, un juez de Control determinó su inmediata liberación. La Secretaría y la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia darán seguimiento al caso”, señaló la Secretaría de Gobernación.
10 periodistas enfrentan órdenes de aprehensión
En un comunicado, la dependencia federal dijo que a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se les brindó la atención.
En tanto, otros 10 periodistas enfrentan órdenes de aprehensión por los mismos motivos.
Las periodistas Eréndira Reyes Aguillón, directora del portal “San Wicho Times”, y su hija Alejandra Hermosillo, junto con el creador de contenido Christian Herrera, responsable del portal “Código Rojo”, fueron capturados el 21 de mayo de 2026 por elementos de la Policía de Investigación.
Según la organización Artículo 19, ninguno de los tres fue creador de los contenidos en cuestión, sino que los reenviaron en sus redes sociales.
Detención tras legislación de Ley IA
Las detenciones se sustentaron en la reforma al Código Penal de San Luis Potosí aprobada en noviembre de 2025, conocida localmente como “Ley IA”, que sanciona el uso no autorizado de imágenes o voces creadas con herramientas digitales de Inteligencia Artificial.
La legislación fue impulsada por el diputado local del Partido Verde, Héctor Serrano, exsecretario de Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, y señalado como uno de los principales operadores políticos del gobernador Gallardo.
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Según la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), ambas imputadas aceptaron de manera libre su responsabilidad en los hechos que les fueron atribuidos.
Las condiciones impuestas incluyen fijar un lugar determinado de residencia, comparecer mensualmente para firma periódica ante el órgano judicial, abstenerse de incurrir en conductas delictivas y cubrir la reparación del daño en favor de la víctima, cuyo monto no fue detallado.
Entre los investigados figura la periodista Anahí Torres, directora del portal En Primera San Luis, quien obtuvo un amparo para evitar su detención, aunque ya fue citada por la Fiscalía estatal. Herrera permanece bajo proceso.
Acoso judicial contra periodistas en México
Leopoldo Maldonado, director Regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, advirtió que “estas detenciones dan cuenta de un clima de incremento exponencial de acoso judicial en México”, y señaló que se observan “cada vez más casos de criminalización de periodistas en Puebla, en Campeche, en Veracruz, ahora San Luis Potosí, en donde se usa a las fiscalías para investigar y perseguir voces críticas”.
Maldonado añadió que, “con poderes judiciales capturados por el poder político, es poco probable que tengan un juicio justo”.
En un comunicado conjunto, las organizaciones Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica y el Comité de Protección a Periodistas señalaron que los hechos “representan un uso arbitrario de estas normas, particularmente contra voces críticas o de oposición como activistas políticos, comunicadores digitales y periodistas”.
Las agrupaciones cuestionaron la retroactividad del procedimiento, dado que los contenidos digitales se difundieron antes de la entrada en vigor de la reforma penal, y alertaron que las disposiciones contempladas en los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter propician la criminalización de la libertad de prensa.