Juez admite amparo contra construcción de complejo turístico en Las Dunas, Yucatán
Animal Político · 25 de agosto de 2026
La colectiva Salvemos Las Dunas informó que un juez del Primer Distrito en Yucatán admitió un amparo contra la construcción de un complejo turístico que se desarrolla en la zona costera de Chuburná.
“Como colectiva ‘Salvemos las Dunas’, de la mano de personas habitantes de Chuburná Pto. Estamos llevando un proceso de amparo para solicitar la suspensión de la construcción de una obra que amenaza la zona de dunas costeras de Chuburná, Yucatán”, recalcó en un comunicado.
Dicho amparo tiene como objetivo detener la construcción de inmuebles turísticos. Así como cuidar el medioambiente en la zona.
Gobierno estatal revisó proyecto
El pasado 5 de agosto, el gobierno de Yucatán confirmó que la revisión de dicho proyecto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estaba en marcha.
“La protección de la duna, el manglar y el humedal costero está por encima de cualquier proyecto particular”, señaló.
En ese contexto, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, explicó que los dictámenes estatales obligan a la conservación total de 58 mil 740 metros cuadrados del predio, más de la mitad de su superficie: 55 mil 305 metros cuadrados de humedal costero y tres mil 435 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre, que deben permanecer libres de ocupación, además de los manglares protegidos por la NOM-022-SEMARNAT-2003.
La funcionaria precisó que la Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) es un dictamen técnico mediante el cual se analiza la compatibilidad urbana y ambiental de un proyecto.
Por su parte, la capacidad de carga es uno de los elementos técnicos que permite determinar la intensidad de desarrollo que puede soportar un predio de acuerdo con sus características territoriales y ambientales.
Asimismo, aclaró que la FUA no constituye una licencia de construcción ni autoriza por sí misma la ejecución del proyecto.
“La autorización en materia de impacto ambiental corresponde al ámbito federal, mediante la Manifestación de Impacto Ambiental, evaluada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, explicó.
Ante la preocupación ciudadana, el gobierno del estado solicitó a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a verificar el cumplimiento puntual de las autorizaciones del proyecto y entregó toda la información técnica con la que cuenta.
“La revisión federal ya está en marcha. La Profepa impuso la clausura temporal total de las obras el 2 de agosto, tras detectar afectaciones a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT e incumplimiento de condicionantes ambientales, mientras que la Semarnat revisa de manera integral el proyecto y su autorización en materia de impacto ambiental”, destacó.
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Profepa detuvo obras
El pasado 2 de agosto en sus visitas, la Profepa detectó afectaciones a especies de flora protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, incumplimiento de condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales y forestales e irregularidades en el manejo de los residuos derivados del desmonte, por lo que impuso como medida de seguridad la clausura temporal total de las obras.
“Los días 28 y 29 de julio se realizó una inspección en materia de impacto ambiental y el 30 de julio una inspección en materia forestal. Durante estas diligencias se verificó que las obras se encontraban en etapa inicial, con actividades de desmonte, despalme y movimiento de arenas para la construcción de plataformas, así como una remoción total de vegetación en una superficie de avance de 1.3 hectáreas (13 mil metros cuadrados), equivalente al 30.8 por ciento de la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo”, explicó.
Aclaró que los inspectores detectaron la presencia de las especies protegidas en aproximadamente la mitad de la superficie ya desmontada, esto es en 0.65 hectáreas (6,500 metros cuadrados). Esto implica un daño irreversible directo a la estabilidad del ecosistema y representa una pérdida de la biodiversidad.
“Derivado de estos hallazgos y de otras irregularidades e incumplimientos de lo establecido en la autorización, se determinó que existen hechos que constituyen infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable por incumplir las condicionantes de la autorización de cambio de uso de suelo y por causar daño o deterioro al ecosistema forestal, característico de dunas costeras, con predominancia de matorral y especies de manglar”, detalló.