"Desproporcionada” denuncia por corrupción de menores por foto de infancias como autodefensas: ONG

En días pasados, habitantes de Ayahualtempa, Guerrero, anunciaron la incorporación de infancias a una policía comunitaria, acto que tuvo como respuesta del gobierno estatal el inicio de investigaciones por presunta corrupción de personas menores de edad, una medida que de acuerdo con algunos defensores de derechos no resuelve los problemas de fondo que viven las infancias, como son la desigualdad, la falta de oportunidades y el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.

La Fiscalía de Guerrero señaló en un comunicado que las investigaciones son en contra de quien o quienes resulten responsables, a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores, como lo establece la Declaración de los Derechos del Niño.

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Una respuesta “desproporcionada” que no atiende la violencia 

Juan Martín Pérez, de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina, recordó que los primeros casos de menores de edad incorporados a policías comunitarias en Guerrero se registraron en 2019, cuando un grupo de niños fue presentado ante medios de comunicación con rifles de palo, con el objetivo de unirse a la protección de sus comunidades, “performance” que se repitió en otras ocasiones, lo que deja ver que la violencia en las distintas regiones del estado no ha cambiado.

“Este tipo de actos teatrales han sido una forma constante para llamar la atención nacional e internacional, porque el Estado no solamente no está garantizando la seguridad de las comunidades, sino que ha incumplido con acuerdos que tiene con ellas. Sabemos, por organizaciones que tienen acceso a estas zonas de Guerrero, que los niños no han sido expuestos a ningún tipo de confrontación armada, son eventos teatrales diseñados para la prensa”, explicó.

Por ello, el especialista en infancias consideró como “desproporcionada y vergonzosa” la respuesta que tuvo el gobierno de Guerrero, que “usa el supuesto argumento de los derechos de la niñez para criminalizar a la comunidad y las familias con amenazas de investigaciones penales, una respuesta que además busca distraer la atención de la sociedad de temas como la inseguridad y la violencia, porque no se está investigando a redes criminales locales”.

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De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron mil 688 víctimas de homicidio doloso y 3 mil 100 por lesiones dolosas en el estado de Guerrero.

 “Es evidente que las funciones esenciales del Estado están trastocadas, hace tiempo que hablamos de una crisis de derechos humanos que afectan la institucionalidad”, ya que además de fallar en su obligación de garantizar seguridad a la población, esta situación afecta otros derechos de las niñas y niños, como el de la educación, ya que hay zonas en las que los maestros se niegan a dar clases por la violencia”, agregó Pérez.

Para Juan Martín Pérez, el mayor riesgo en el que se encuentran los niños del estado son los grupos criminales que realizan reclutamientos forzados de menores de edad, una situación que desde hace 13 años distintas organizaciones sociales exigen que se tipifique como delito, pero que los Congresos locales y federal se han negado a legislar.

“Un acto desesperado y extremo ante la imposibilidad de tener seguridad”

Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), calificó el acto convocado por la

 como un llamado de atención sobre el “dolor e indignación por el impacto que la inseguridad y la grave crisis de desapariciones y violaciones a los derechos humanos está teniendo en la niñez y adolescencia mexicana, especialmente en el estado de Guerrero”.

“Si bien es cierto que incorporarles en estas actividades puede tener implicaciones legales, condenamos ante todo la omisión y la falla de las autoridades en las tareas de seguridad que hoy han llevado a niños y adolescentes a encabezar acciones armadas como último recurso para defenderse”, expuso la directora de REDIM.

Ramírez expresó que la Red por los Derechos de la Infancia rechaza que se arme a la niñez y adolescencia, “desde los juguetes bélicos, hasta las expresiones reales o simbólicas”, sin embargo, reconoció que en el caso de Ayahualtempa –como ha ocurrido en otras regiones de Guerrero–, “se trata de un acto desesperado y extremo ante la imposibilidad de tener seguridad en su entorno”.

La REDIM se sumó al llamado a las autoridades a tipificar y prevenir el delito de reclutamiento, y a “entender que la desesperación de comunidades de autodefenderse es incomparable con el delito de reclutamiento que hacen grupos delincuenciales y del crimen organizado”. 

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“Hay que tener presente que entre 5 mil y 8.6 mil niñas, niños y adolescentes estuvieron en riesgo de ser reclutados o utilizados por parte de grupos delictivos en Guerrero durante 2020, siendo la octava entidad con este riesgo”, puntualizó Ramírez.

“Exhortamos a autoridades y sociedad a mantener la mirada vigilante sobre las infancias y adolescencias, lo mismo que ante la participación directa de niños, niñas y adolescentes en estos actos, así como a las causas que la propician. Si se toma la determinación de accionar penalmente, sería oportuno dirigir estos esfuerzos a los crímenes y violaciones a derechos humanos que quedan en la impunidad”, expresó.

 Alertan por violencia en otras entidades

Ambos especialistas coincidieron en que la violencia y la crisis de derechos humanos son temas presentes en todo el territorio nacional, aunque existen entidades en las que se agudizan, como ocurre actualmente en Guerrero y en Chiapas, donde recientemente se han dado enfrentamientos que “vuelven imposible la vida”.

“Guerrero aparece ahora como la punta del iceberg, pero en realidad esto ocurre en muchos otros lugares y niveles, lo que deja a niñas, niños y adolescentes expuestos a las consecuencias de esta inseguridad: muchos de ellos tienen familiares desaparecidos, asesinados, o probablemente no pueden acudir a la escuela, porque los planteles están cerrados, porque es imposible que tengan actividades por los riesgos”, lamentó Tania Ramírez.

“En estados como Guerrero y Chiapas ya se volvió imposible la vida, y esto explica por qué en algunos lugares las comunidades se están articulando en autodefensas o policías comunitarias para responder a la violencia que imposibilita su vida y, en algunos casos, genera desplazamientos forzados. En un México como el que vivimos no hay futuro, porque no hay presente” expresó. 

Pérez, por su parte, destacó que los lugares en los que la violencia se ha agravado coinciden en sus características históricas de abandono del Estado, lo que muestra una “discriminación estructural y clasista de los gobiernos que, sin importar el color, han permitido que estas problemáticas se agraven, con una respuesta que criminaliza y monta distractores, sin atender las verdaderas necesidades del país”.

“Seguimos sin reconocer que se trata de un tema nacional, que seguirá creciendo con otros escándalos en tanto no se formulen políticas públicas específicas para los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado”.