Cinco indígenas acusados de matar a policía seguirán en prisión preventiva

Cinco indígenas tzeltales acusados del homicidio de un policía en Chiapas seguirán en prisión preventiva. Ayer se llevó a cabo la audiencia intermedia de presentación de pruebas por el caso de los cinco pobladores de San Juan Cancuc detenidos por el presunto asesinato del agente municipal Antonio Aguilar Pérez, en mayo de 2022. Las circunstancias de su arresto son similares a las expuestas en el documental Duda razonable: como en esa película de Netflix, tres de ellos fueron detenidos por un crimen, absueltos e inmediatamente acusados de otro delito.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, hecha a partir del testimonio de dos policías municipales de San Juan Cancuc, Antonio Aguilar Pérez supuestamente fue asesinado a golpes y patadas por los cinco acusados. “Durante la audiencia intermedia de ayer presentamos un metaperitaje que analiza si los hechos presentados por la fiscalía están relacionados científicamente con la causa de la muerte”, explica el representante legal de la defensa, Jorge Gómez Hernández. 

El abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirma que, de acuerdo con la autopsia presentada por la fiscalía, el cadáver del policía sí tiene una fractura en una costilla, pero no hay marcas de lesiones o moretones que muestren que el uniformado haya sido asesinado a golpes. En este sentido, según la defensa, la fractura estaría más bien causada por una caída o un golpe muy certero.

“Todo es irregular, hay muchos elementos contradictorios, a partir de la fecha de aprehensión”, dice el padre José Luis Vargas Castellanos, párroco de San Juan Cancuc. De hecho, de acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron detenidos el 30 de mayo de 2022 en San Cristóbal de Las Casas por posesión de mariguana.

Las acusaciones se cayeron el día después, cuando los pobladores Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez testificaron que los tres habían sido arrestados el día anterior en San Juan Cancuc. Su testimonio está respaldado por una foto publicada por Animal Político y que está sacada del video de una cámara de seguridad: capta el momento del traslado de los detenidos en una patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc, el 29 de mayo de 2022.

Dos días después, cuando gracias a los dos testimonios se cayeron los cargos en su contra, los tres indígenas tzeltales fueron inmediatamente acusados por el homicidio calificado del policía municipal Antonio Aguilar Pérez. Poco más tarde, al salir del Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas donde habían testificado a favor de sus tres compañeros, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez también fueron detenidos por el homicidio del policía, por unos 30 agentes armados —algunos iban vestidos de civil— que irrumpieron mientras se encontraban en un carro frente al juzgado.

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El párroco Vargas Castellanos destaca que uno de los hombres detenidos el 29 de mayo, Manuel Santiz Cruz, es presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc e integrante del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), una organización de inspiración católica que opera en la región tzeltal de Chiapas y se opone a la presencia de una base de la Guardia Nacional en su municipio, que fue abandonada justo un par de semanas después de la detención de los cinco.

Manuel Santiz Cruz lucha, además, en contra de megaproyectos como la Carretera de las Culturas: una supercarretera que debería de conectar las ciudades de Pijijiapan y Palenque, cruzando a las comunidades tzeltales. Por firmar a favor del paso de la supercarretera sin consultar a la población, el militante de Modevite se opuso públicamente al presidente municipal y, tres semanas antes de ser detenido, lo criticó públicamente en una asamblea frente a los agentes de los 46 parajes por no haber hecho nada para impedir la invasión de unos potreros. “Algunas personas que participaron en la asamblea escucharon al presidente municipal decir que esto le iba a costar a Manuel”, afirma el sacerdote. 

El párroco acompaña a las familias de los cinco detenidos y tuvo la oportunidad de visitarlos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, de San Cristóbal de Las Casas, donde desde hace siete meses se encuentran en prisión preventiva. “La situación está terrible allí en la cárcel, un hombre que llaman ‘Padrino’ les pidió 3 mil pesos y, por no pagarlos, los obligaron a hacer trabajos como acarrear agua durante días enteros y limpiar baños”, alerta. 

El sacerdote reconoce el miedo que los hechos despertaron en los pobladores de San Juan Cancuc, al punto de que nadie quiere presentarse como testigo en el juicio por temor a acabar detenido, pero destaca que la población organizada no se está dando por vencida. “El Modevite, el Pueblo Creyente y el Comité de Derechos Humanos de la parroquia siguen firmes y en pie de lucha en el rechazo a los megaproyectos en su territorio y en la exigencia de justicia por los cinco detenidos”, afirma el padre.