Hostigamiento y acoso sexual en Incifo, las nuevas denuncias de médicos forenses y peritos de CDMX
Alfredo Maza · 29 de julio de 2025
Médicos forenses, peritos y personal de limpieza del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México denunciaron que, desde al menos hace 10 años, han sido víctimas de hostigamiento laboral y acoso sexual presuntamente cometido por Enrique de la Cruz Hernández, coordinador administrativo, quien incluso ha sido encontrado consumiendo bebidas alcohólicas dentro del estacionamiento del recinto.
Las denuncias han sido dirigidas a autoridades como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el magistrado Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) y Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), sin que hasta el momento ninguna autoridad les haya dado una respuesta puntual.
Las quejas presentadas en contra del coordinador administrativo se suman a las exhibidas en contra de Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, quien hasta principios de julio se desempeñaba como directora del Instituto, así como de Andrés Oriol Morales, que sigue ocupando el cargo de subdirector de Tanatología, quienes han sido acusados de provocar un ambiente de “acoso laboral”, y tener una red de amiguismo y nepotismo dentro del recinto.
Estos señalamientos, sumados a la falta de materiales para la identificación forense, provocaron que la mayoría de las y los servidores públicos del Incifo se unieran al paro de labores que sostuvieron hasta hace unas semanas trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, quienes exigían un aumento salarial, la renovación de su sindicato y mejora en sus condiciones de trabajo.
Animal Político buscó a autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México, de quien depende el Instituto de Ciencias Forenses, para conocer su postura respecto a las denuncias presentadas contra su coordinador administrativo, sin que se haya obtenido una respuesta formal al cierre de esta edición.
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Hostigamiento laboral y acoso sexual
El 14 de octubre de 2014, David Ramírez Dorarte, identificado como jefe de limpieza del Instituto de Ciencias Forenses, envió un escrito a Felipe Edmundo Takajashi Medina, entonces director del Instituto, para denunciar un supuesto acoso y discriminación cometido por parte de Enrique de la Cruz Hernández en contra de diversas trabajadoras de limpieza del lugar.
“El licenciado en diversas ocasiones ha presentado inconformidad (hacia las trabajadoras) debido a que a una de nuestras empleadas la acosó y ella no accedió a sus propuestas […] ahora me pidió que despidiera a las mujeres y que necesita puros hombres, cosa que me parece injusto y que no puedo hacer, porque a esto se le llama discriminación”, señaló Ramírez Dorarte en el documento del que este medio de comunicación tiene una copia.
En diciembre de 2023, el caso llegó hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) que, tras valorar preliminarmente los hechos y acordar el inicio de una investigación inicial, señaló posibles violaciones del derecho del trabajo y del derecho a una vida libre de violencia, en agravio de las personas trabajadoras de limpieza.
La Quinta Visitaduría General de la Comisión señaló que una persona que solicitó la reserva de su identidad se presentó en las instalaciones de dicho órgano el 1 de diciembre de 2023 para presentar una queja a nombre de una persona que laboraba como personal de limpieza de la empresa Ocram Sayer, por malos tratos cometidos por parte de Enrique de la Cruz Hernández.
“El servidor público constantemente violenta de manera verbal a todo el personal de limpieza, particularmente a las mujeres, dirigiéndose a ellas de manera grosera y despectiva, llamándolas con apodos. Incluso, se ha sobrepasado con al menos tres chicas, agrediéndolas de manera sexual y abusado de su posición de poder, ha llevado a otras chicas a su casa para que realicen la limpieza de la misma, sin pago alguno”, se puede leer en el expediente CDHCM/V/122/CUAUH/23/D7541.
Por estos motivos la persona denunciante solicitó el apoyo de la Comisión para que se garantizaran los derechos humanos de las personas que laboraban realizando limpieza en el Incifo, agregado que, si bien no se había presentado ninguna denuncia penal por temor a represalias, se había informado de todo al director del Instituto, sin que éste hubiera emitido ninguna respuesta.
Animal Político buscó a autoridades de la CDHCM para conocer el estatus de la investigación y si se realizó algún procedimiento para la restitución de los derechos de las personas afectadas, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
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Consumo de alcohol en el lugar de trabajo
En el escrito dirigido a López Obrador, el personal del Instituto también señaló que existen evidencias de que Enrique de la Cruz Hernández presuntamente ingirió bebidas alcohólicas en el sótano del Instituto de manera recurrente en los años 2020 y 2021, en plena pandemia de Covid-19, lo que era considerado una actividad estrictamente prohibida.
Reportes fechados el 25 de noviembre de 2020 y el 22 de enero de 2021, firmados por el capitán Víctor Piña Herrera, dan cuenta que se informó de dicha situación a la Dirección de Seguridad del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX).
En el primer reporte se señala que a las 15:30 horas del viernes 6 de noviembre de 2020, en el Sótano 1, se encontró a personal de mantenimiento “ingiriendo bebidas embriagantes”. Entre ellas se identificó a Enrique de la Cruz Hernández, así como a más personas pertenecientes al mantenimiento del inmueble.
“Se denota que estas personas trabajadoras del PJCDMX utilizan esta área u espacios cerrados para tomar bebidas alcohólicas, presenta(n) rebeldía para corregirse e irse a ingerir bebidas embriagantes fuera del inmueble”, señala en el escrito.
En el segundo reporte nuevamente se menciona que, durante un recorrido, y luego de escuchar los “descorches del aparente sonido de latas de cerveza”, se pidió autorización a la Dirección de Seguridad del recinto para hacer una inspección del sitio, misma que se llevó a cabo con la autorización del doctor Andrés Oriol Morales, subdirector del inmueble.
“Se localizaron bebidas embriagantes [latas de cerveza y una botella]. Las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México que consumían las bebidas son del personal de mantenimiento, encontrándose entre ellas al C. Licenciado Enrique de la Cruz Hernández, administrador del Inmueble. En el cuestionamiento imperativo, estos trabajadores del Poder Judicial niegan dar a cada uno su nombre”.
En este último documento incluso anexaron diversas fotografías donde se pueden ver las latas y botellas de alcohol, mismas que incluyen supuestas imágenes captadas también en 2024.
“Sin embargo, pese a haberse dado una segunda oportunidad, el licenciado De la Cruz continúa infringiendo los principios éticos y normas de conducta que debe observar como servidor público”, señalaron las y los trabajadores.
Trabajadores advirtieron a AMLO sobre problemas antes de sumarse a paro de labores
El 17 y 18 de septiembre de 2024, a unos días de que dejara su cargo como presidente de la República, servidores públicos del Instituto de Servicios Periciales enviaron escritos al presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer una serie de irregularidades y malas prácticas desarrolladas al interior del Incifo, mismas que desembocaron en el paro activo de labores que iniciaron en junio de este año.
Desde entonces, las y los denunciantes señalaron que estas irregularidades eran orquestadas por Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, entonces encargada de despacho del Instituto, en colaboración con Andrés Oriol Morales, quien sigue ocupando el cargo de subdirector de Tanatología, a quienes señalaron por vulnerar “de manera sistemática los derechos laborales y humanos de los trabajadores”.
En el escrito recordaron, por ejemplo, la presunta participación de Patricia Crespo en el caso Wallace, como la perito forense que determinó como causa de muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, “insuficiencia respiratoria aguda, asfixia mecánica por estrangulación y asfixia mecánica por compresión toracoabdominal” sin que existiera un cuerpo físico para la autopsia.
Mientras que, sobre Andrés Oriol Morales, que fue exhibido durante el paro de labores del Poder Judicial en diversas fotografías y videos donde presuntamente se le ve jugando con segmentos óseos y cadáveres, los trabajadores agregaron una ficha que muestra que el subdirector de Tanatología tiene antecedentes penales por supuesto robo de autopartes en 1998 y supuestas denuncias por abuso sexual en 2001, situaciones que hasta el momento han sido ignoradas por las autoridades.
“Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente que se investiguen y supervisen estos hechos para garantizar un entorno laboral que respete los derechos humanos y laborales de todo el personal”, señalaron en uno de los escritos que fueron oficialmente recibidos el 19 de septiembre por la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y que no fueron respondidos.