“Régimen da muestras de persecución y censura”: Héctor de Mauleón responde a sanciones

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) estableció una serie de sanciones en contra del periodista Héctor de Mauleón por haber publicado una columna donde señala posibles vínculos entre la próxima presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, y una red de huachicol que opera en el estado. Las medidas también alcanzaron a El Universal, el medio en el que colabora. 

El pasado 1 de mayo, el periodista Héctor de Mauleón publicó una columna en El Universal titulada Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas en la que advirtió que el presunto líder de dicha red era Juan Carlos Madero Larios, director de Operación Aduanera durante el sexenio pasado y cuñado de Contreras López, quien en ese entonces competía por una magistratura del Pleno en el Supremo Tribunal de Justicia del estado, un cargo que obtuvo tras la elección judicial. 

El periodista, además, hizo referencia a un reporte elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que supuestamente identifica a Contreras López, quien previamente se desempeñaba como consejera jurídica del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, como un enlace entre el gobierno y la red criminal. 

Cuatro días después, Contreras López presentó una denuncia en contra de Héctor de Mauleón y El Universal ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, acusándolos de haber emitido presuntas calumnias electorales y de haber ejercido violencia política de género en su contra. 

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De acuerdo con el expediente IETAM-R/CG-10/2025, la entonces candidata argumentó que la publicación la ponía en riesgo de ser blanco de agresiones durante sus recorridos de campaña y la estigmatizaba al sugerir que su candidatura estaba siendo utilizada por hombres de un grupo delictivo. 

Las medidas cautelares solicitadas por Contreras López fueron rechazadas en un inicio por el instituto, pero una semana después el Tribunal Electoral de Tamaulipas le dio la razón y ordenó a los acusados retirar la publicación de manera inmediata y no volver a emitir expresiones que la vincularan con “personas o actos delincuenciales”. 

Cuatros años en registro de personas sancionadas

El Universal se negó a acatar la primeras medidas cautelares y denunció un intento de censura en contra del ejercicio periodístico. 

Por su parte, Héctor de Mauleón atribuyó la decisión a la presencia de familiares y personas cercanas a la entonces candidata al interior del Tribunal Electoral local, entre ellas una supuesta prima y un exsubordinado de su esposo.  

Pese a los reclamos, el 20 de junio, el Consejo General del IETAM emitió una nueva resolución sobre el caso en la que determinó que ambos incurrieron en violencia política contra las mujeres en razón de género por la publicación de la columna y les impuso sanciones más severas. 

Entre estas se encuentra el pago de multas económicas, la publicación de una disculpa pública y de un extracto de la sentencia en el portal del medio, además de la inscripción de ambos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por cuatro años. 

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“Las faltas leves por esta infracción la sancionan con tres años en el registro, entonces la nuestra es tan grave que amerita que permanezcamos cuatro años ahí”, dijo el periodista durante una entrevista con WRadio. 

Asimismo, advirtió que su inscripción en el registro los pone en peligro de sufrir más y peores sanciones en caso de ser acusados de reincidir, además de limitar cada vez más la posibilidad de hacer investigaciones periodísticas relacionadas con corrupción. 

“La batalla sigue, vamos a seguir litigando”, sostuvo. “La columna no ha sido bajada, está donde debe estar y lo que yo veo es que esto se suma ya a un inocultable patrón de censura que se está explotando por todas partes contra periodistas, medios y ciudadanos que han hecho comentarios en redes sociales, todo esto por parte de un régimen que todos los días se dice y se presume democrático, pero que lo que hace diariamente es dar muestras de intolerancia, de persecución, de censura y de represión“. 

Además de las medidas señaladas, el IETAM volvió a ordenar a El Universal retirar la publicación y advirtió de nuevas sanciones en caso de persistir en desacato. 

Tania Contreras López fue una de las candidatas ligadas a Morena que se vieron beneficiadas por el reparto de acordeones durante el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros. El próximo 1 de septiembre asumirá la presidencia del Poder Judicial en Tamaulipas tras haber obtenido la mayoría de votos por el cargo que compitió en los comicios locales.

Alertan por demandas contra periodistas

Tras la resolución del IETAM, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por el “continuo hostigamiento judicial” que sufre el comunicador y sostuvo que su caso es parte de una alarmante tendencia en la que periodistas son blanco de demandas aparentemente infundadas por su labor crítica.

“La resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas que sanciona al periodista Héctor de Mauleón por violencia política representa una preocupante escalada del hostigamiento judicial usado para silenciar su labor crítica sobre la corrupción política en Tamaulipas”, manifestó Jan-Albert Hootsen, representante en México del comité a través de un mensaje en X.

“Hacemos un llamado a las y los políticos mexicanos para que dejen de presentar demandas infundadas con el fin de evitar la publicación de información de interés público”, agregó.

Según afirmó el comité en un artículo, este caso parece tener poco sustento, ya que no está claro el daño que habría causado la publicación ni el componente específico de género.

De acuerdo con Artículo 19, en los últimos cinco años al menos 158 periodistas en México han enfrentado demandas por difamación.

Este tipo de recursos llamados demandas estratégicas contra la participación pública se utilizan ampliamente en Europa y Estados Unidos como medidas de represalia para intimidar a periodistas y suprimir reportajes de interés público, indicó el CPJ.