Desplazados de Chiapas partieron de forma voluntaria, dice fiscal; Guatemala dice que por violencia

El gobierno de Guatemala informó que, en los últimos días, alrededor de 100 personas han llegado desde Chiapas, desplazadas por la violencia. Ante esta situación, el gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez, declaró que algunos de ellos tienen familiares con procesos penales, además de señalar que se trata de una campaña del crimen organizado para “desacreditar” su estrategia de seguridad, mientras que el fiscal del estado dijo que la gente se fue, por estos motivos, de forma voluntaria.

Desde el 10 de agosto, “se ha registrado el desplazamiento de personas de nacionalidad mexicana hacia el departamento de Huehuetenango, como consecuencia de la violencia que afecta al estado de Chiapas, en el vecino país”, señaló el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

La dependencia detalló que, de acuerdo con información de otras instituciones, son alrededor de 100 personas las que han sido albergadas en la escuela de la aldea Guailá, además de señalar que los guatemaltecos de dicha región han sido “un punto clave de acogida” para las familias mexicanas.

A la vez, se informó que ya se brinda asistencia humanitaria y que un equipo multidisciplinario evalúa las necesidades de los involucrados, así como la posibilidad de otorgarles el Estatus de Permanencia por Razones Humanitarias, para regularizar su situación migratoria.

“Es importante destacar que tanto el Instituto Guatemalteco de Migración como el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México han establecido comunicación sobre este tema. Además, el cónsul de México en Quetzaltenango, junto a autoridades locales, realizó un recorrido conjunto por el área mencionada”, concluye el comunicado del IGM.

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Autoridades de Chiapas responden por desplazamientos a Guatemala

En respuesta a esta información, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, señaló que algunas de las personas que salieron del ejido Sabinalito, municipio de Frontera Comalapa, hacia Guatemala, tienen familiares detenidos y enfrentan un proceso penal.

“Me duele reconocer que, aunque no fue en mi tiempo, el tejido social se coludió con el crimen organizado. Hubo una organización llamada El Maíz, liderada por El Colocho, persona que se encuentra con total impunidad en Guatemala. En esos tiempos se cometieron muchos cobros de piso, extorsiones y desapariciones de personas, resultado de una ausencia del Estado de derecho”, escribió en sus redes sociales.

Al señalar que en su gobierno “hay todas las garantías de la aplicación de la ley”, dijo que el crimen organizado que opera en el país vecino busca desacreditar su estrategia de seguridad pública y generar la imagen de que en el estado hay desplazamientos forzados por la delincuencia, lo cual negó “categóricamente”, y como único argumento mencionó las visitas y mesas de paz en la región.

“Estoy consciente de que quieren actuar confundiendo a la opinión pública, diciendo que en Chiapas no se actúa con imparcialidad. Pero les digo que el gobierno que encabezo es un gobierno honesto, con autoridad moral, y si hay una prueba en contra, que se exponga, pues estamos sujetos a las investigaciones judiciales correspondientes”, escribió el mandatario.

Lo anterior fue respaldado por el fiscal general estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, quien señaló que las personas desplazadas lo hicieron de forma voluntaria ya que, posiblemente, tendrían algúna realción familiar o de parentesco con personas generadoras de violencia que cuentan con ordene de aprehensión y se tiene identificad que están en Guatemala.

“Hoy ninguna familia tiene motivos de violencia para desplazarse de manera forzada. Lo que se vivía hace un año, que eran horas interminables de violencia y que la gente estaba sometida, es cosa del pasado; hoy se puede ir a cualquier parte de la Sierra sin ningún problema, porque hay presencia institucional de todas las fuerzas del orden. La paz y la tranquilidad de Chiapas están garantizadas”, dijo en un evento en la zona Sierra.

A la vez, dio a conocer que existen más de 50 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, se tienen identificados a todos los generadores de violencia, de los cuales hay 127 vinculados a proceso, a la vez que los que falta por detener cuentan con ficha roja de Interpol por lo que se solicitó el apoyo del gobierno de Guatemala para su captura.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, detalló que en la zona fronteriza hay presencia de mñas de mil 500 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, además de que diario se realizan sobrevuelos con un helicoptero Black Hawk artillado, tres drones artillados y tres puntos de atención ciudadana, en Pacaya, Santa Tesera Llano Grande y El Sabinalito.

Desplazados por la violencia en Chiapas

En Chiapas, diversas organizaciones han documentado la problemática del desplazamiento forzado, principalmente en las regiones de Los Altos, Sierra y Frontera.

Las cifras de desplazados discrepan entre organizaciones y gobierno, debido a que, en muchas ocasiones, la población se desplaza silenciosamente huyendo de la violencia, señaló Luis Alonso Abarca González, coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, a El Sabueso de Animal Político.

En febrero de 2024, el secretario de Protección Civil estatal señaló que había alrededor de 3 mil 780 personas en dicha situación, pero en el historial de desplazamientos hay diversos registros, como una recomendación de la CIDH de 2018 que daba cuenta de 5 mil indígenas expulsados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Por su parte, el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) registró que, de 1994 a 2020, más de 115 mil personas fueron desplazadas. A mediados de 2021, 3 mil 205 indígenas tzotziles abandonaron sus hogares. Sobre este hecho, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró 2,000 desplazados.

Toda esta situación se ve reflejada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que muestra que la percepción de inseguridad creció de 43.9 % a 51.1 % de la población entre 2022 y 2023 en Chiapas.