Marcela Nochebuena · 5 de junio de 2025
Luego de que la semana pasada un empate en la votación del congreso local frenara la despenalización del aborto en Guanajuato, este jueves el congreso de la entidad estará frente a una segunda oportunidad.
Ante ese escenario, organizaciones enfatizan la necesidad de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, y recordar que el acceso a la interrupción del embarazo es un tema de salud pública, particularmente en un estado que durante 2023 fue la segunda entidad con mayor incidencia de abortos en el país.
La discusión y votación que continuará este jueves tendrá tres resultados posibles: un nuevo empate, que archivaría de manera definitiva la iniciativa; un desempate que pararía la despenalización, o una aprobación que haría posible acceder por primera vez a ese servicio de salud en el estado de forma legal.

En entrevista, Marisol Escudero, de IPAS Latinoamérica y El Caribe, recuerda que la discusión se inició a partir de varios paquetes de reforma enviados por diversas fuerzas políticas del estado, enfocados en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, que incluyen la despenalización del aborto, pero también la garantía de educación sexual integral desde la educación básica.
“El Congreso de Guanajuato discutió y votó (el pasado 29 de mayo) los cinco dictámenes emitidos por las comisiones que analizaron estos paquetes de reforma. Debido a la diversidad de leyes en las que se contenían las propuestas, fueron analizados por las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, de Salud Pública, de Igualdad de género, de Justicia y de Educación”, explica la activista.
La reforma al código penal local recayó específicamente en la Comisión de Justicia. Al votarse en pleno, resultó un empate de 18 votos a favor y 18 en contra de la bancada del PAN, que logró sumar los votos en contra de una diputada del PRI y hasta del PRD. La discusión continuará en la sesión citada para este jueves, según consigna la orden del día del congreso local, y en caso de que vuelva a darse un empate, la iniciativa quedará archivada.
“Otros escenarios obviamente siempre van a existir, la posibilidad, que es lo que quisiéramos, de que no hubiera empate, sino que ganará por mayoría la aprobación de la despenalización del aborto. Otro escenario es que ganen los votos en contra de la despenalización; en ese caso se mantendría la legislación como está, y la iniciativa sería archivada”, previene Escudero.
Tras el aplazamiento de la discusión de la iniciativa tras la primera votación, Ipas recordó que en 2023 Guanajuato fue la segunda entidad con mayor incidencia de abortos en el país, con un total de 5 mil 421, según el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios de la Secretaría de Salud de México. Mediante este se sabe también que de quienes vivieron esos eventos de salud, el 1.2% (64) eran niñas de 10 a 24 años, y el 21.1% (mil 143) tenía entre 15 y 19 años de edad.
Por otro lado, León (27.2%), Irapuato (10.4%) y Celaya (7.3%) fueron los municipios donde hubo mayor incidencia de abortos. Del total registrado en el estado, 3 mil 065 (56.6%) se realizaron mediante legrado uterino instrumental. Guanajuato es uno de los estados con leyes en torno al aborto más restrictivas en el país, pues lo permite solo en casos de violación y riesgo a la vida, por lo que no permite que las mujeres guanajuatenses tengan una vida reproductiva libre de estigma y con respeto a su autonomía reproductiva.
Una de las complicaciones en la reciente discusión, además, es la composición política del estado, pues casi la mitad del congreso todavía es panista. Sin embargo, en la discusión de la semana pasada quienes se expresaron a favor de la despenalización presentaron, desde el punto de vista de las activistas, argumentos sólidos, constitucionales, de derechos humanos, de salud pública, que brindaron claridad sobre la la urgencia de cambiar las leyes locales y garantizar el aborto seguro.
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“Esperaríamos que se pueda retomar esta discusión bajo estos mismos términos con miras a lograr la despenalización”, apunta Escudero. Subraya que se trata de un momento histórico al ser la primera iniciativa por la despenalización del aborto que llega hasta esta etapa, en gran medida por el peso histórico del PAN en la entidad. Además, recordó que la criminalización de mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo, de profesionales de la salud y acompañantes ya ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Guanajuato, junto con Durango, Campeche, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, es uno de los nueve los estados que aún no despenalizan el aborto en México, pese a que diversas sentencias de la SCJN determinan que es inconstitucional mantenerlo como un delito en códigos penales. Incluso, el máximo tribunal ha ordenado al Congreso de la Unión la reforma del Código Penal federal para eliminar el delito, determinación que ha sido desoída.

Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las despenalizaciones parciales –en su mayoría, hasta la semana 12 de gestación– en 23 estados de la República, así como las sentencias de la Corte y la creación de políticas públicas, impulsadas por el trabajo y demandas del movimiento feminista, han ayudado a que la opinión sobre el aborto vaya transformándose de manera favorable.
Sus estadísticas indican que cada vez menos personas consideran que el aborto debe ser un delito: mientras que en marzo de 2017, antes de la primera despenalización en Ciudad de México, 65.8% lo pensaban así, este porcentaje se redujo al 28.1%. Sin embargo, en muchos estados de la República, incluso los que ya han despenalizado, la criminalización persiste en los hechos.
De acuerdo con un informe de GIRE, en el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2022, a 66 personas se les impuso la prisión preventiva como medida cautelar por el delito de aborto. Después de Sonora, entidad a la que corresponden 17, el segundo lugar lo ocupa Guanajuato, con 12, seguido de Tabasco, Tamaulipas y el Estado de México.
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Por otro lado, en el mismo periodo se emitieron 142 sentencias por aborto en todo el país: el estado con mayor número fue Sonora, con 13; aunque Guanajuato sumó 14, aclaró que ninguna correspondía a personas que hayan abortado de manera intencional y se encuentren en prisión por ello, pero sin proporcionar las versiones públicas que lo comprueben. Además, entre 2015 y 2022, se iniciaron 209 averiguaciones previas por el delito en ese estado.
Dada toda la jurisprudencia que existe en la actualidad en contra de considerar al aborto como un delito, desde la perspectiva de Ipas la discusión y nueva votación que se dará este jueves ya no es un debate jurídico, sino político, que al mismo tiempo ha permitido el avance de la iniciativa hasta su instancia actual, con la disminución de la representación panista, y ha encontrado compromiso en otras personas legisladoras para impulsar reformas congruentes con los máximos estándares jurídicos.
En la víspera de la discusión de este jueves, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos subrayó la relevancia de que la entidad avance hacia un marco normativo que garantice la igualdad y la protección de los derechos humanos de las mujeres. “Resulta relevante que la decisión se adopte en concordancia con estándares internacionales, criterios de la SCJN y avances legislativos alcanzados en otros estados”, añadió.

Escudero destaca, sin embargo, la importancia de volver la mirada a una de las problemáticas centrales más relevantes que están afectando a las mujeres y las niñas en el estado ante la omisión legislativa de no despenalizar el aborto, lo que incluso fue subrayado por las colectivas que estuvieron en el congreso local durante la votación del pasado 29 de mayo: los altos índices de violencia en general contra niñas, adolescentes y mujeres.
Tan solo en 2023, recuerda Ipas, se registraron en la entidad 13 mil 285 nacimientos de madres adolescentes entre los 15 y 19 años, lo que representa el 15.1% del total del estado. Además, las niñas menores de 15 años reportaron en el 12% de los casos que los hombres responsables de su embarazo eran adultos mayores de 19 años. Para el 41%, se trató de menores de 20 años, mientras que el 47% no pudo especificar la edad del padre.
Por otro lado, en ese mismo año en Guanajuato se reportaron 342 casos de niñas entre 10 y 14 años que fueron atendidas en las unidades de la Secretaría de Salud por violencia física (14.3%), psicológica (57%) y sexual (28.7%). En el estado, 68.1% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado alguna situación de violencia a lo largo de su vida y el 44.4% la siguió sufriendo durante los últimos 12 meses, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI.

“Guanajuato, aprueba ya”, se leyó en una manta verde desplegada este miércoles en el patio del Senado por integrantes de las colectivas Verde Aquelarre, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Católicas por el derecho a decidir y Redefine México, además de activistas de la entidad, junto con legisladoras de Movimiento Ciudadano, quienes pidieron durante una conferencia de prensa que el congreso local decida salvaguardar los derechos y la libertad de las mujeres, y no darles la espalda.
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“No nos vamos a cansar, y no vamos a dar ni un paso atrás para que en Guanajuato el aborto sea legal, seguro y gratuito”, advirtieron. La diputada local Sandra Pedroza, promovente de la despenalización en la entidad, recordó que niñas, adolescentes y adultas son obligadas a ser madres y criminalizadas si atentan contra ese destino impuesto. Dijo que no hablaba solo como parte de una generación que ya no está dispuesta a pedir permiso para existir con dignidad, sino por todas las mujeres guanajuatenses a las que el Congreso les está dando la espalda.
“Por las niñas, a quienes no les creen las violencias que viven y las obligan a parir. Por las mujeres que han sido criminalizadas tras una emergencia obstétrica. También por las que han tenido que viajar kilómetros porque el Estado no les da respuesta. Por las jóvenes que se han visto obligadas a abortar en condiciones de precariedad solas y con miedo…
“Hoy el Senado y todo el país escucha lo que en Guanajuato quieren callar y quieren ocultar. México está mirando, y ya no hay marcha atrás. La penalización del aborto no salva vidas, al contrario, las condena. Mata en silencio, mata con miedo, mata cuando quienes legislan miran para otro lado, ignorándonos a nosotras y a nuestro dolor”, reclamó.