Gobierno denuncia a familias en Chiapas en la ruta del Corredor Interoceánico por invasión de bienes
Redacción Animal Político · 29 de enero de 2026
Familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, fueron denunciadas penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT), que las acusan del presunto delito de invasión de bienes nacionales.
Así lo informó este jueves a través de un comunicado el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., en el que detalló que las autoridades señalan a tres mujeres de Pijijiapan y cuatro mujeres y un hombre de Arriaga, a quienes exigen la entrega del derecho de vía ferroviaria.
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El organismo calificó esta acción como un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, y afirmó que este tipo de señalamientos penales constituye un uso indebido del derecho penal y “representa una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de derecho”.
Exigen que el derecho de vía se gestione sin coerción ni denuncias
Señaló también que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que cualquier acción relacionada con el derecho de vía se realice sin recurrir a medidas penales ni a la coerción. Subrayó que las instituciones involucradas deben priorizar mecanismos administrativos, el diálogo, la mediación y las soluciones integrales para resolver los conflictos territoriales surgidos por la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El organismo recordó que los desalojos forzosos sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas dignas de reubicación y sin reparación del daño constituyen graves violaciones a los derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro advirtió que las denuncias podrían derivar en violaciones a derechos humanos como el debido proceso, la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, la vivienda adecuada y la igualdad y no discriminación. También sostuvo que estos hechos podrían configurar “un patrón de criminalización de la pobreza” al emplear procesos penales para presionar o desplazar a familias asentadas en los derechos de vía del proyecto ferroviario.
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Las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
Las denuncias surgen en un escenario marcado por las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en la región Costa y Soconusco de Chiapas, donde desde marzo de 2023 los pobladores fueron notificados de que una de las líneas del megaproyecto —el Ferrocarril K, que conecta Ixtepec (Oaxaca) con la frontera con Guatemala— atravesaría localidades como Pijijiapan y Arriaga.
El trazo de esta línea ferroviaria, cuya construcción está a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), implica la rehabilitación de vías centenarias y la ampliación del derecho de vía, lo que ha generado avisos de desalojo para numerosas familias de la zona.
Desde 2023, autoridades locales y federales informaron a los habitantes que las obras implicarían la demolición de construcciones ubicadas a determinados metros de distancia de las vías, incluso en casos donde las familias cuentan con títulos de propiedad y han habitado esas áreas por décadas.
En diversos puntos del corredor ferroviario —como Pijijiapan, Huixtla o comunidades de Tonalá— el proyecto ha incluido desmontes, demoliciones de viviendas y reubicaciones.
El megaproyecto forma parte de una red de infraestructura que integra ferrocarriles comerciales y de carga, y que conectará la península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec y Centroamérica. En paralelo, proyectos como la Carretera de las Culturas y la expansión de gasoductos buscan enlazar la región con otras obras estratégicas del sur-sureste.
Con información de Orsetta Bellani.