Gerardo Mérida, extitular de Seguridad en Sinaloa, se declara "no culpable" en Corte de Nueva York
Redacción Animal Político · 15 de mayo de 2026
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se declaró no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York celebrada la tarde de este viernes.
El general compareció ante las autoridades judiciales para conocer sus cargos después de haberse entregado el pasado 11 de mayo.
El exfuncionario es acusado por el Gobierno de Estados Unidos de haber recibido sobornos de parte del Cártel de Sinaloa para no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad estatal.
Asimismo, enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
El Gabinete de Seguridad de México, a través de una publicación en redes sociales, confirmó que el exfuncionario ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del U.S. Marshals Service.
Añadió que junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, mantiene comunicación institucional con autoridades estadounidenses en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.
La Oficina de Prisiones de Estados Unidos informó que fue trasladado a la prisión de Brooklyn.
Mérida Sánchez y su salida de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa
Mérida Sánchez es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 29 de abril por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre las personas mencionadas en esa acusación se encuentra también el gobernador con licencia de la entidad, Rubén Rocha Moya.
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Mérida Sánchez dejó el cargo como secretario de Seguridad estatal en diciembre de 2024 en el contexto de cambios en la estructura de seguridad estatal. Su salida se dio tras una solicitud de renuncia por parte del gobernador Rubén Rocha Moya.
En ese entonces, el gobernador explicó públicamente las razones de la salida del funcionario, y señaló que la renuncia de Mérida Sánchez fue solicitada como parte de un proceso de reorganización en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El cambio en la titularidad de la dependencia ocurrió en un contexto de violencia en el estado. Tras la salida de Mérida Sánchez, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública fue el general de brigada Óscar Rentería, y se anunciaron ajustes en subsecretarías.
EU acusa a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por nexos con el narco
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
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De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
En la acusación se señala a Ruben Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
El exsecretario Gerardo Mérida enfrenta cargos por: conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
La acusación afirma que los 11 señalados participaron en una conspiración corrupta y violenta, en la que protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proporcionaron información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército a narcotraficantes aliados; instruyeron a agentes de corporaciones estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga; y permitieron que se cometieran actos de violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos.
También se asegura que todos los acusados han mantenido una colaboración estrecha con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados operaban en diversos niveles del gobierno y las fuerzas del orden para facilitar las operaciones de esa facción.