Francisco Garduño falta a audiencia sobre suspensión del proceso por muerte de 40 migrantes
La Verdad Juárez / Blanca Carmona · 1 de septiembre de 2026
Francisco Garduño Yáñez no se presentó la mañana de este martes a la audiencia judicial programada en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se revisaría el cumplimiento de las condiciones para suspender el proceso penal en su contra por el incendio en la estación migratoria que dejó 40 migrantes muertos, 27 heridos y 15 mujeres sobrevivientes no reconocidas como víctimas por el Estado.
Momentos antes de iniciar la sesión, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) llamó al tribunal para solicitar comparecer vía remota; sin embargo, el juez rechazó la petición al señalar que, por la gravedad del caso, el imputado es el único que no puede presentarse de forma electrónica.
Además de desechar la solicitud, el juzgador se negó a fijar una nueva fecha de comparecencia para el extitular del INM y turnó el trámite al Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación para su reprogramación.
Los asesores jurídicos de las víctimas señalaron que la incomparecencia de Garduño representaba una falta de respeto y pidieron que se le aplicara una multa. El juez respondió que la próxima vez lo multara en términos del Artículo 104 fracción I.
Las condiciones para suspender el proceso
El excomisionado del INM busca la suspensión definitiva de la causa penal 237/2023, iniciada por el delito de ejercicio ilícito del servicio público tras la tragedia del 27 de marzo de 2023 en la sede migratoria local.
El 24 de enero de 2025, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón aprobó la suspensión condicional sujeta a que, en un plazo de 18 meses, el exfuncionario cumpliera seis medidas: ofrecer una disculpa pública, concluir la entrega de compensaciones económicas, vigilar el fideicomiso de atención médica, psicológica y tanatológica en los países de origen, y supervisar las estancias migratorias trimestralmente.
Horas antes de la audiencia, un grupo de ciudadanos se manifestó al exterior del Centro de Justicia Penal Federal para rechazar la extinción del proceso. Los inconformes señalaron que Garduño ha incumplido los acuerdos al utilizar recursos públicos para la disculpa institucional y debido a que la totalidad de las familias aún no recibe la atención médica prometida.
El contraste con otros procesados
El caso de Garduño contrasta con la situación de otros imputados por el incendio, particularmente con la de Alán Omar P.V., un guardia de seguridad privada que permanece en prisión preventiva desde marzo de 2023 sin que se haya dictado sentencia.
Durante una audiencia realizada en junio pasado, su defensa señaló que el imputado ya había superado los dos años de prisión preventiva previstos constitucionalmente como límite, mientras que representantes de víctimas cuestionaron que las medidas cautelares se hayan aplicado de manera diferenciada entre los acusados.
Alán Omar forma parte de un grupo de 11 personas procesadas por homicidio y lesiones bajo la modalidad de comisión por omisión, en perjuicio de las 67 víctimas del incendio. En junio, una jueza federal determinó mantenerlo en prisión preventiva al considerar, entre otros argumentos, la complejidad de la investigación y un posible riesgo de sustracción de la justicia.
En contraste, Garduño fue procesado por ejercicio ilícito del servicio público y nunca fue enviado a prisión; únicamente se le impuso la obligación de acudir periódicamente a firmar ante el juzgado antes de que se aprobara la suspensión condicional del proceso.
Durante aquella audiencia, Marcos Edgar Zavala Cruz, representante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señaló que la diferencia en las medidas cautelares también reflejaba las distintas condiciones económicas y posiciones dentro de la estructura institucional de los imputados.
El representante recordó que Garduño y Antonio Molina Díaz, entonces director general de Control y Verificación Migratoria del INM, fueron acusados de ejercicio ilícito del servicio público, mientras que otros implicados enfrentan cargos por homicidio y lesiones.
Permanencia en la función pública
La situación de Garduño también cambió en el ámbito administrativo después de la tragedia. El excomisionado dejó el cargo al frente del INM en abril de 2025, pero posteriormente fue incorporado nuevamente a la administración pública federal.
El 19 de enero de 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que Garduño había sido nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum como director general de Centros de Formación para el Trabajo.
También lee: Organizaciones rechazan nombramiento de Garduño en la SEP; “es protección política”, acusan
En esa publicación, Delgado calificó a Garduño como un “funcionario ejemplar” y afirmó que su participación sería fundamental para la reforma de la educación media superior. El nombramiento ocurrió mientras el proceso penal derivado del incendio continuaba suspendido de manera condicional.
Exigencias de justicia de las ONG
La permanencia de Garduño en cargos públicos después de la tragedia ha sido señalada en el contexto de los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil sobre la respuesta del Estado. Al cumplirse tres años del incendio, la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica Alaide Foppa de la Universidad Iberoamericana y Derechos Humanos Integrales en Acción advirtieron sobre la falta de sentencias, la ausencia de una reparación integral del daño y la falta de esclarecimiento de responsabilidades de autoridades de distintos niveles.
Las organizaciones sostuvieron que el incendio no puede analizarse únicamente como un accidente, sino en relación con las condiciones de detención y las omisiones de las autoridades responsables de la custodia de las personas migrantes. En ese contexto, la audiencia de este martes para revisar el cumplimiento de las condiciones impuestas a Garduño representa un nuevo episodio en el proceso penal abierto por la tragedia del 27 de marzo de 2023.