Fiscalía de Zacatecas admite omisiones e inacción en investigación de desaparición, luego de 13 años

A 13 años de la desaparición de Dalia Guadalupe, Luis Ramón, Emilia Carolina y Bernardo Sedano el 30 de septiembre de 2010, la fiscalía de Zacatecas finalmente reconoció el actuar poco diligente de quienes estuvieron a cargo de la investigación, la inactividad por parte de las autoridades y la pérdida de evidencia esencial en el caso.

Ante ello y ante las determinaciones de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dada a conocer en agosto de 2023, el titular de la dependencia zacatecana, Cristian Paul Camacho Osnaya, ofreció una disculpa pública a las víctimas directas e indirectas relacionadas con el caso.

En delitos como la desaparición, aseguró, debía actuarse contra reloj, realizar y priorizar actos de investigación de manera oportuna para la sociedad a través de la búsqueda inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia. Sin embargo, en el caso de los jóvenes desaparecidos el actuar de las autoridades partícipes de la investigación –reconoció– fue poco diligente. 

“Existieron diversos periodos de inactividad por parte de las autoridades que integraban las indagatorias, lo cual incidió en la pérdida de evidencia esencial, como la telefonía, además de que no se delimitaron con prontitud las zonas de búsqueda en vida de las víctimas directas, y por lo que hace a las víctimas indirectas, fueron tardíos en reconocer su calidad jurídica, situación que vulneró su condición de poder pelear por sus derechos de manera eficaz”, admitió.

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Continua violación a derechos, hasta no dar con el paradero

En las medidas de satisfacción incluidas en su recomendación 167/2023, la CNDH precisa que si bien los hechos analizados ocurrieron en 2010, “las violaciones a derechos humanos acreditadas se consideran continuas, hasta en tanto no se logre dar con el paradero de V1, V2, V3 y V4, aunado al hecho de que en el presente asunto, el derecho a la búsqueda de las víctimas directas y el derecho a la verdad de sus familiares continúa vigente y por ende es exigible su reparación”.

En el documento también se describe que Dalia Guadalupe y Luis Ramón salieron de la localidad de Ahualulco de Mercado, Jalisco, a bordo de un vehículo el 30 de septiembre de 2010, con rumbo a Guadalajara, donde recogieron a una pareja de amigos para partir con destino a Oklahoma, Estados Unidos, donde pretendían vacacionar por unos días.

Hasta el 4 de octubre del 2010, consigna la recomendación, sus familiares recibieron un mensaje de texto procedente de uno de los teléfonos celulares de las víctimas, en el que señalaban que no tenían dinero ni saldo; más tarde, otro mensaje asegurando que se encontraban en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, que no se podían comunicar y corrían peligro.

 

Después del envío de algunos mensajes más, que incluyeron incluso la solicitud de dinero para liberar a dos de las víctimas, eso no ocurrió y nunca se volvió a saber del paradero de los cuatro jóvenes. En su momento, los hechos fueron denunciados ante las fiscalías de Zacatecas, Jalisco y General de la República.

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Indolencia, omisiones y violaciones a derechos humanos

Natividad, madre de Dalia Guadalupe, agradeció al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) por acompañarla en un paso más hacia la justicia por la desaparición de su hija Dalia Guadalupe.

Sin embargo, subrayó que apenas se cumple uno de los ocho puntos recomendatorios que abarca la recomendación emitida por la CNDH. “Hoy por fin se reconocen las grandes omisiones en la búsqueda e investigación que debieron de ser inmediatas y exhaustivas para localizar con vida a Dalia Guadalupe, Luis Ramón y otros”, remarcó.

De la misma manera, Natividad recordó las reiteradas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de su familia. Por eso, a ella la disculpa pública –dijo– le genera sentimientos encontrados: por un lado, sentirse contenta, y por otro, muy triste al estar frente a un largo camino de 13 años con 10 meses y 7 días.

“Gracias a Dios los he soportado con el apoyo de mi familia y de la organización que me acompaña, pero por fin se logra un gran avance gracias al acompañamiento jurídico de la organización CEPAD y su equipo de trabajo, pues si las dependencias gubernamentales no hubieran sido tan indolentes y omisas, y hubieran hecho su trabajo, no estaríamos hoy sufriendo tan grave tragedia, no solamente nosotros, sino todo el país”, señaló Natividad.

 

Las disculpas públicas, destacó, son lo menos que pueden hacer las dependencias de gobierno, que tanta indolencia, omisiones y violaciones de derechos humanos de las víctimas directas e indirectas han cometido.

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“¿Cómo es posible que ninguna autoridad, en casi 14 años, haya hecho nada por encontrar a mis seres queridos desaparecidos?”, cuestionó. “Para mí el evento de hoy significa el reconocimiento de todas las violaciones a derechos humanos, el dolor y el sufrimiento que ocasionaron las autoridades en estos 14 años de caminar”, destacó.

Además, recordó su periplo ante diversas instituciones en Zacatecas, Jalisco y a nivel federal, sumadas a la sentencia que obtuvo su familia y que obligó a la FGR a crear una comisión especial de búsqueda para el caso. “Nunca he parado de buscar a Dalia y a Luis Ramón, a pesar de varios obstáculos, situación de riesgo, violencia institucional y discriminación que hemos vivido por años”, agregó.

Ejemplificó con comentarios que recibió de diversas autoridades durante su búsqueda, que la siguen lastimando, especialmente en el sentido de que no iban a buscar, o que ella tenía que hacerlo sola y regresar para compartirles la información: “Con el tiempo entendí que no soy yo quien tiene la obligación de buscar y brindar la información para que el caso avance, sino que es responsabilidad de las autoridades”.

“Por años me he preguntado quién me va a regresar a mis papás”

“¿Cómo explicar a un niño de tres años que sus papás desaparecieron sin que tengamos respuestas?”, cuestionó Natividad. La disculpa pública –reiteró– no le va a regresar una infancia vivida sin sus papás ni es suficiente para sanar el dolor.

Hoy Diego tiene 17 años y escribió a sus padres desaparecidos una carta leída durante el evento. En ella, reclama que la búsqueda debió haber comenzado desde el primer momento que se informó de la desaparición, pero “la indolencia de las dependencias gubernamentales me dejó sin padres a la edad de 3 años”.

 

A ellos solo los conoce por las fotos y pláticas de sus abuelos, lo cual lo hace sentir muy mal, pues nunca pudo compartir recuerdos con ellos, y no saber nada de su paradero hasta la fecha le llena de angustia. No saber absolutamente nada después de casi 14 años, le desespera, escribió.

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“Por años me he preguntado quién me va a regresar a mis papás, y si regresan, ahí qué sigue, y cómo regresarán. Siempre he querido pensar que vivos se los llevaron y vivos los queremos, y no quiero pensar en la posibilidad de encontrarlos de otra manera, aunque sé que es la realidad que vivimos”, añadió en su carta.

En tanto, la fiscalía local rechazó el actuar de los funcionarios señalados en la recomendación y exhortó a todo el personal a actuar siempre en términos de lo dispuesto en las leyes y reglamentos, privilegiando la empatía y la debida diligencia. Su titular aseguró que la investigación continuará, ante un delito en el cual se tienen que agotar todas las líneas.

“No cesarán las acciones de búsqueda, se realizarán de manera coordinada con los tres niveles de gobierno; se ha instruido que se genere un canal de comunicación directo con las víctimas indirectas para dar a conocer de manera continua los avances de la investigación, procurando que su acceso a la justicia y la verdad sean efectivos”, aseguró.

En reiteradas ocasiones, el funcionario hizo énfasis en que ninguna de las personas servidoras públicas que laboran en la dependencia se encontraba en activo al momento de la desaparición. Sin embargo, anunció un cambio de titulares en la fiscalía especializada en desaparición y en la dirección general de servicios periciales con el fin de mejorar la identificación de personas de larga data de forma más precisa.

“Reitero a las víctimas indirectas: no descansaremos en la búsqueda de sus familiares, lo seguiremos haciendo hasta encontrarlos, dando cumplimiento a las medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación y satisfacción durante el proceso de investigación”, dijo.

Para Natividad, la importancia de la disculpa pública es que dignifica la memoria de Dalia, Luis y sus acompañantes, y al mismo tiene significado para otras familias que buscan a sus seres queridos y que pueden ver que existen mecanismos como la presentación de quejas ante las comisiones de derechos humanos, que permiten contar con una recomendación.

“Falta aquí la presencia de Dalia y de Luis, y otros. Seguiré buscando a mis familiares, exigiendo lo que todavía hace falta en el caso: la verdad y la justicia, esperando que las autoridades me acompañen y generen esfuerzos para la búsqueda de ellos, y la sanción de las personas responsables”, añadió.