Fiscalía Veracruz imputa a periodista cargo por terrorismo; Artículo 19 exige no criminalizar labor
Redacción Animal Político · 26 de diciembre de 2025
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) imputó al periodista Rafel “Lafita” León Segovia el cargo de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
En un comunicado, informó que la audiencia inicial en contra del periodista será el próximo martes 30 de diciembre a las 7:00 horas.
La fiscalía estatal mencionó que un juez de control resolverá su situación jurídica conforme a derecho.
“Se informa que esta Fiscalía el día de hoy fue notificada que el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia inicial se llevará a cabo el 30 de diciembre de 2025, a las 07:00 horas”, señaló la dependencia.
Artículo 19 exige cesar criminalización por labor periodística
Por su parte la organización Artículo 19 exigió cesar de inmediato la criminalización de la labor periodística de Rafael León Segovia y abstenerse de imputar delitos graves a partir de hechos directamente vinculados con su ejercicio informativo.
“Actuar con imparcialidad, independencia y apego estricto al principio de legalidad, evitando el uso del derecho penal como mecanismo de represalia o censura”, exigió la organización.
En un comunicado, pidió que se garantice el respeto pleno al debido proceso, presunción de inocencia y derecho a una defensa adecuada.
Así mismo, exhortó al Poder Judicial del Estado de Veracruz a ejercer un control judicial estricto sobre la legalidad de la detención, imputación y medidas cautelares impuestas.
“Aplicar los estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión, especialmente aquellos que establecen una protección reforzada para periodistas”, comentó.
Añadió que es necesario evitar la imposición de medidas desproporcionadas, como la prisión preventiva oficiosa, cuando los hechos imputados se relacionan con el ejercicio periodístico.
También exigió a la Fiscalía General de la República a ejercer la facultad de atracción del caso, dado que los hechos involucran posibles delitos cometidos contra la libertad de expresión.
“Investigar de manera diligente si la imputación constituye un acto de criminalización o represalia por la labor informativa del periodista. Garantizar que no se utilicen figuras penales graves para inhibir el ejercicio periodístico en contextos de violencia”, aclaró.
Manifestó que el proceso en contra de Rafael es un acto arbitrario que enciende las alarmas a nivel nacional y se suma a otros recientes, como la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz en Puebla, y refuerza la preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación.
“Además, se observa el abuso que se le da al sistema judicial para servir como instrumento de represalias por la labor que llevan a cabo periodistas y medios de comunicación, genera miedo y autocensura y pone en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada”, destacó.
Artículo 19 recabó testimonios de familiares sobre la detención de “Lafita”.
“Según el testimonio público de Garddiel León Oropeza, hijo del periodista Rafael León Segovia, la detención ocurrió alrededor de las 8:55 de la mañana, cuando el periodista salía de su vivienda. La captura fue realizada por agentes ministeriales y, de acuerdo con su testimonio, durante el operativo se registraron diversas irregularidades. Entre ellas, la sustracción de un vehículo que se encontraba estacionado y el presunto robo de dinero en efectivo, hechos que agravan la preocupación sobre la legalidad y proporcionalidad del actuar de las autoridades”.
Prosiguió: “Garddiel señaló a medios de comunicación: ‘Mi padre no es terrorista. Si un coche bomba en Michoacán no lo consideran así, ¿cómo van a acusar de terrorista a un periodista que solo hace su trabajo? Es una persecución que ya lleva tiempo; ya le habían echado ácido a su carro e investigado nuestras cuentas, pero como no encontraron nada, ahora inventan esto’. Estas declaraciones refuerzan la existencia de un patrón previo de asedio en su contra, que incluye ataques materiales y actos de investigación intrusiva sin resultados, y que hoy parece escalar hacia la criminalización de su labor informativa”, resaltó la organización defensora de la libertad de expresión.
Agregó que por “fuentes locales” y cuyos nombres se reservan por seguridad, Rafael ha enfrentado por años un hostigamiento sistemático, que incluye la apertura reiterada de carpetas de investigación, de las cuales ha sido absuelto en ocasiones previas por falta de fundamentos, exhibiendo irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
“Este patrón da cuenta de un uso reiterado del aparato penal como mecanismo de presión, intimidación y criminalización por su trabajo”, indicó.
Agregó que, “de acuerdo con fuentes cercanas, la investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura periodística de nota roja que Rafael desarrolla desde hace años en un contexto de violencia estructural y presencia de macrocriminalidad en el sur de Veracruz”.
“La imputación de estos delitos es una medida desproporcionada que busca garantizar que se ejecute la prisión preventiva oficiosa. Esto tiene como efecto el frenar la cobertura que Rafael llevaba a cabo. En fechas recientes, León Segovia había documentado hechos relacionados con delincuencia organizada y violencia criminal, información que pudo haber afectado intereses tanto de grupos criminales como de autoridades estatales, al visibilizar la situación de inseguridad que prevalece en la región”.
Detención de reportero Rafael León Segovia
Rafael León Segovia, reportero de la fuente policiaca de Veracruz, fue detenido el 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos.
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El comunicador forma parte de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC), la cual dio a conocer que desde el primer momento en que se registró la detención se ha dado seguimiento puntual, manteniendo comunicación con sus familiares y su defensa legal, respecto a los presuntos delitos que se le imputan y las condiciones en las que se encuentra.
“La Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos apela por el derecho a la libertad de expresión, se mantiene atenta y pendiente del desarrollo de esta situación hasta su total esclarecimiento”, señaló en un comunicado.
También exigió a la Fiscalía del estado que se garantice la salud y la integridad del reportero y se brinden todas las facilidades para su defensa legal.