Fiscalía de Sonora ofrece recompensa por dos agentes que dispararon contra abogado en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ofreció una recompensa de 500 mil pesos por cada uno de los dos agentes ministeriales que, a finales de mayo, dispararon en contra del abogado Carlos Arturo Bustamante en Hermosillo y que actualmente se encuentran prófugos.

Los elementos son Argel Azael Luna Delgado y Miguel Ángel Palafox López, presuntamente responsables de los delitos de homicidio calificado con alevosía en grado de tentativa e incumplimiento de un deber legal.

“Recompensa hasta por $500,000 MXN (…) a quien proporcione información eficiente, veraz, precisa y oportuna para su captura, conforme al acuerdo 000014/2023”, señalan las fichas de la dependencia.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo en Hermosillo, cuando los policías de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal informaron a su superior que habían “accionado sus armas para repeler una agresión, ya que estaban siendo seguidos por diversos vehículos”, informó en su momento la FGJE.

Tras esto, los ministeriales se retiraron del lugar y su jefe los presentó horas más tarde ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades, quien, al considerar que no había “flagrancia delictiva”, solicitó órdenes de aprehensión que fueron concedidas el 26 de mayo.

“Por lo anterior, cuando se informó, el propio 26 de mayo, que dichos sujetos habían sido judicializados, fue porque ya existían órdenes de aprehensión y se estaba realizando su búsqueda para la detención”, informó la dependencia.

De acuerdo con los informes, los dos agentes dispararon hasta en 70 ocasiones en contra del vehículo del abogado Carlos Arturo Bustamante, presuntamente por una confusión.

El estado de salud del litigante, según las actualizaciones más recientes, continúa siendo crítico y ha sido operado en, al menos, siete ocasiones.

Tras la agresión en contra del abogado, la Barra Sonorense de Abogados externó “su profunda preocupación” y señaló que esto constituye una violación a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, “lo que implicaría la probable comisión de delitos por parte de los agentes”.