Fiscalía de Nuevo León quita 56 escoltas a exservidores; más de 250 agentes son guardias personales

Javier Flores Saldívar, titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, dio a conocer que la dependencia a su cargo inició el retiro de 56 escoltas asignados a exfuncionarios, luego de que el medio ABC revelara que más de 250 agentes ministeriales cumplen dichas labores.

Tras la publicación periodística, el fiscal anunció la creación de un comité especializado para revisar caso por caso el supuesto “nivel de riesgo” de quienes ya no ocupan cargos públicos y determinar si aún ameritan protección.

Al ser cuestionado sobre la periodicidad de este grupo para dar seguimiento al tema, Flores Saldívar sostuvo que serían bimestrales o trimestrales para revisar los distintos casos.

“Se creó un comité para evaluar principalmente el riesgo de todas las áreas y el tiempo con el que cuentan los escoltas. Este comité va a sesionar una vez quizá cada dos o tres meses, para evaluar conceptos de riesgo y temporalidad”, señaló.

Sobre si el retiro de los escoltas tendrá un impacto en la dinámica de la dependencia a su cargo respecto al destino de los agentes, el fiscal dijo que se contemplará lo que está establecido en la ley de la materia.

“Hay una ley de seguridad que establece las condiciones en las que se deben retirar los escoltas a los servidores públicos. Vamos a continuar con la actividad de estar revisando ese tema”, mencionó.

El costo de mantener a los agentes ministeriales como guardias personales de exfuncionarios no es menor. 

Según estimaciones, los sueldos de los elementos tienen un gasto mensual de hasta 8 millones de pesos. Con el retiro, los 56 elementos, en los cuales se eroga hasta 1.4 millones de pesos cada mes de sueldo, serán redirigidos a acciones que beneficien más a la ciudadanía.

La Ley de Seguridad Pública del Estado permite que exfuncionarios de alto nivel mantengan escoltas y vehículos oficiales por hasta tres años después de dejar el cargo, mientras que los exgobernadores pueden conservarlos hasta por seis años.

Sin embargo, en muchos casos el beneficio se ha extendido sin justificación clara. Pese a los intentos de algunos legisladores por reducir o eliminar estos privilegios, las reformas han sido bloqueadas una y otra vez.

Esta nota se publicó originalmente en ABC Noticias.