Alfredo Maza · 8 de abril de 2025
Una víctima de Francisco Herrera Franco —exfiscal regional de Michoacán— se vio obligada a huir del estado y a incorporarse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a las amenazas de muerte que recibió. Herrera Franco, quien busca convertirse en juez federal en materia penal, ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y por su posible implicación en el asesinato de dos periodistas.
La víctima del exfiscal, quien pidió guardar su anonimato por temor a represalias, tuvo que desplazarse, pero continúo su lucha e interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya fue admitida.
“Franco fue el que fue a pedir la orden para que me mataran a mí y que nos callaran, nos silenciaran a raíz de la denuncia pública que se hacía en contra de él y de algunos funcionarios del grupo y equipo de Silvano Aureoles”, cuenta.
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Este lunes 7 de abril, Animal Político dio a conocer el caso de Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles. Herrera participará en las próximas elecciones judiciales a pesar de haber sido señalado por presuntamente extorsionar a comunidades indígenas para forzarlas a colaborar con organizaciones criminales. También se le vincula con el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán.
Tres semanas antes del asesinato de Toledo, la víctima buscó adherirse al mecanismo de protección a periodistas debido a las amenazas en su contra, que comenzaron luego de que en el portal Monitor Michoacán publicaran una serie de notas sobre las denuncias que pesaban en contra del fiscal y el exgobernador Silvano Aureoles.
Herrera Franco fue destituido de su cargo en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en mayo de 2022, luego de que se filtraron audios en los que se le escuchaba presuntamente pactando con un líder criminal de la entidad.
“Tres años le habíamos perdido la pista a este sujeto y estábamos preocupados porque no sabíamos dónde estaba, porque es una persona peligrosa, pero hoy sale de juez y dije, ‘ya sabemos dónde está”, señala.
“Cuando nosotros nos enteramos de esto, pues da rabia, da impotencia ver este tipo de candidatos, la verdad. Si tú conocieras a las personas, hombre, lo que vas a llevar a un tribunal federal es un criminal, es un delincuente mentalmente hablando ¿cómo pasó un filtro teniendo un señalamiento o estando bajo una investigación penal?”, cuestiona.
En medio de las acusaciones en su contra por parte de representantes mazahuas, quienes lo señalaron directamente como el responsable de presionarlos para que se unieran a un grupo delictivo, el reportero Roberto Toledo fue asesinado el 31 de enero de 2022 en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. El crimen ocurrió cuando Toledo se encontraba afuera de las oficinas del portal Monitor Michoacán, donde trabajaba como colaborador.
El director del portal, Armando Linares, informó sobre la muerte del reportero en una transmisión en vivo en Facebook, en la que consideró que el ataque se debió a que el portal que dirigía denunciaba actos de corrupción de políticos.
“Exhibir corrupciones de políticos y funcionarios el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros […] perdió la vida en manos de tres personas que le dispararon de una manera ruin y de una manera cobarde. Nosotros no estamos armados y no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero y una libreta. Hay nombres y sabemos de dónde viene todo esto”, dijo.
En entrevista para Milenio, Armando Linares reveló que el portal Monitor Michoacán había recibido amenazas desde 2021, luego que la agencia denunció actos de corrupción del gobierno de Zitácuaro, presidido por el priista Antonio Orihuela, y de quien era el fiscal regional, Herrera Franco.
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Al respecto, la víctima, quien accedió a hablar bajo condición de anonimato, asegura que hay evidencia que demuestra las amenazas, como grabaciones donde las autoridades les piden que ‘le bajemos’, por lo que varios comunicadores presentaron una denuncia contra Herrera Franco.
“Ese fue nuestro contexto. Incomodamos al poder y nos tocó que nos llevaran en ese camino”, lamenta.
A pesar de ello, el 15 de marzo de 2022, Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, también fue asesinado. El crimen ocurrió apenas dos meses después de que Linares denunciara en las redes sociales de la agencia las amenazas dirigidas a su equipo de trabajo y a otra persona colaboradora del medio.
Tras el asesinato de ambos comunicadores, el medio digital Monitor Michoacán tomó la decisión de cerrar en definitiva sus plataformas al asegurar que “las autoridades deben actuar oportunamente y no esperar a que un periodista sea asesinado”.
Después de tres años del asesinato de los dos periodistas, la víctima expresa que aún siente tristeza y rabia por la falta de justicia, sobre todo ahora que uno de los implicados en la muerte de los periodistas competirá en las proxímas elecciones judiciales del 1 de junio.
“Había rabia, hay rabia porque no hay justicia, no hay… México tiene un vacío de poder y no es posible que hasta hoy fecha no haya una investigación. Han sido tres años de estar peleándonos con el sistema”, dice.
El 24 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Michoacán acordó revisar 21 carpetas de investigación acumuladas desde 2007 sobre periodistas desaparecidos y asesinados en la entidad, en una reunión en la que tanto el fiscal Adrián López Solis y sus colaboradores escucharon las demandas del gremio periodístico de la entidad.
“Todo eso fue un show armado por parte de la fiscalía, ellos quieren acallar este asunto; es decir, quieren archivarlo y no lo vamos a permitir. Por eso acudimos a la Comisión Interamericana. Llevamos años también, tres años, no pasa nada. Pero el tiempo nos tiene que dar la razón”, asegura.
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A pesar de los señalamientos previos, una llamada entre el fiscal regional de Apatzingán, Francisco Herrera Franco, y Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, presunto líder criminal en el oriente de Michoacán, derivó en el despido de Herrera Franco.
De acuerdo con la agencia de noticias 90 Grados, en esta llamada Herrera Franco y Rivera Padilla discutieron sobre un homicidio cometido por un miembro del grupo del Barbas, y le pidieron ayuda al entonces fiscal de Zitácuaro.
“Digo, gracias Dios, digo yo creo que al final me está dando la razón o nos está dando la razón a todos los que nos quejamos, y a todo, y a los que nos pasó de manera que fuimos víctimas de esa persona”, señala el entrevistado.
De acuerdo con el testimonio, la denuncia en la Comisión Interamericana se presentó cuando las víctimas del caso se dieron cuenta de “los obstáculos, la dilación y entorpecimiento por parte de la autoridad, tanto de Michoacán como de la Federación”. En total suman ocho funcionarios mencionados en la denuncia.

Pese a que Animal Político buscó al candidato para cuestionarlo sobre los señalamientos en su contra y los motivos de su destitución, sin obtener respuesta alguna, el candidato a juez penal se deslindó de vínculos con el crimen organizado en una entrevista para El Sol de Morelia.
“Hasta el día de hoy no hay una sola carpeta de investigación […] los señalamientos que me hacen sin sustento suelen surgir cuando se tocan intereses que están acostumbrados a la impunidad”, aseguró.
Además, sobre los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, el candidato aseguró no tener nada que ver: “No tuve nada que ver, cuando salen las notas yo ya tenía meses de haber dejado la región de Zitácuaro, yo me encontraba como fiscal regional de Apatzingán (Michoacán)”.
Finalmente, sobre la grabación por la que fue destituido, el candidato reconoció explícitamente que “existe una llamada”, sin embargo, indicó que él no interviene en la misma. “Existe una llamada y que, desde luego, yo no participo en ella. Yo no soy quien interviene en esas llamadas”.
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Sobre este caso, el día de ayer las organizaciones Defensorxs, Laboratorio Electoral, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Observatorio Sonora por la Seguridad y Politiklab solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisar su perfil, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reanudar las investigaciones sobre las denuncias en su contra.
“En un intento por hacer que las autoridades revisen estos perfiles y garanticen que se cumplan los requisitos para personas juzgadoras previstos en nuestra Constitución, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a Juez Federal en materia penal, dentro del proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación”, señalaron mediante un comunicado.