Redacción Animal Político · 14 de mayo de 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una denuncia penal en contra de la jueza, Jovita Vargas Alarcón, por “escandalosa protección” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien es acusado por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
En un comunicado, la FGR señaló que la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, había ordenado la comparecencia de Aureoles para el 9 de mayo pasado; razón por la cual, la dependencia “estuvo pendiente” para verificar que se cumpliera, pero no ocurrió, ya que el imputado no se presentó en el juzgado.
“En cuanto se tuvo noticia de lo anterior, el Ministerio Público de la Federación (MPF), solicitó a la Jueza que informara sobre lo ocurrido; y resultó que, cuatro días después, la jueza informó que había dejado por comparecido a Silvano “A”, quien no se presentó a la audiencia, esgrimiendo un escrito no ratificado de dicho individuo”, resaltó la dependencia.
Aclaró que Vargas Alarcón le dio una nueva audiencia “parcial y dilatoria” en tres meses, por lo que estaría violando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala que la misma debe celebrarse en un lapso de 15 días posteriores.

“Independientemente de que no existe justificación legal frente a la no comparecencia de este individuo, a quien se le debió de ratificar la orden de aprehensión vigente, que las autoridades judiciales han suspendido ilegalmente, brindándole una protección que es notoriamente parcial e injusta”, señaló la Fiscalía.
El 28 de abril, la FGR impugnó la suspensión que frenaba la orden de aprehensión contra el exgobernador, luego de que solicitara un amparo.
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Posteriormente, el juzgado recibió un recurso de queja de la FGR contra la suspensión provisional, a través de un agente del Ministerio Público federal, quien solicitó dicha orden.
En ese sentido, él y varios de sus excolaboradores cuentan con ficha roja de la Interpol, por lo que son buscados en 196 países.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confió en que el exgobernador de Michoacán será detenido, aunque dijo, el caso deber ser manejado con “prioridad y cuidado”.
“Ya están alertados de la situación de ese individuo. El cerco de la operación de identificación y de obtención de su aprehensión se va a dar, no cabe duda. Es cosa nada más de manejarlo con toda la prioridad y con todo el cuidado, y como usted ya sabe prácticamente todos sus cómplices ya fueron detenidos”, señaló.
De acuerdo con la investigación, entre 2015 y 2021 el exgobernador y varios exfuncionarios adjudicaron de manera directa contratos a favor de la Inmobiliaria DIP para la renta, mantenimiento y posterior venta de siete cuarteles, lo cual generó un daño al erario de Michoacán por 3 mil 412 millones de pesos.
Según la FGR, el entonces titular del Ejecutivo estatal, que actualmente está prófugo de la justicia, habría autorizado la compra a sobreprecio.
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En marzo, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro excolaboradores del exgobernador Aureoles por haber cometido un presunto desfalco por más de 3 mil millones de pesos en Michoacán.

Carlos “N”, exsecretario de Finanzas y Administración; Mario “N”, exdelegado administrativo de la misma dependencia; Elizabeth “N”, exdirectora de Catastro y José Antonio “N”, exsecretario de Seguridad Pública, fueron vinculados.
Son acusados de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta, asociación delictuosa y peculado.