Redacción Animal Político · 23 de mayo de 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso de los agentes de la CIA en la entidad. La mandataria recibió personalmente el citatorio en la entrada del Palacio de Gobierno.
“Aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo”, dijo al personal que entregó la documentación.
“Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, dijo la gobernadora.
La cita será el próximo 27 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.
El documento fue recibido y sellado por la Consejería Jurídica del estado y durante la diligencia estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el abogado, Roberto Gil Zuarth y el titular de la oficina de la Secretaría Particular, Fernando Álvarez Monje y Max Cortázar.

En un comunicado, el Gobierno de Chihuahua señaló que se trata de un acto sin precedentes pues la Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal.
“Se trata de un evidente caso de persecución política, ordenado desde Palacio Nacional, que contrasta con la protección que han brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de legisladores y funcionarios acusados por Estados Unidos, por vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo”.
La gobernadora recibió de manera directa el citatorio formulado por la FGR y mencionó que analiza con su equipo las acciones que habrá de tomar.
“Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, dijo.
Posteriormente, en un mensaje en sus redes sociales, la FGR confirmó que están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el exfiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan.
“Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados”.
🗣El gobierno de Chihuahua acusó persecución política tras la entrega del citatorio para comparecer ante la FGR.
“Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, comentó la… pic.twitter.com/q01xg1JeIi
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El 19 de abril se dio a conocer que dos supuestos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente cuando regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos; sin embargo, los diarios The Washington Post y The New York Times dieron a conocer que en realidad se trataba de agentes de la CIA.
Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno “no estaba enterado” de un operativo realizado entre Chihuahua y autoridades de Estados Unidos, por lo que se revisaría si estaba autorizado y si esto no implicaba una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
En ese momento, la mandataria federal insistió en que en su administración no hay operaciones conjuntas de combate al narcotráfico con agentes del gobierno de Estados Unidos, pues, dijo, solamente se colabora con intercambio de información.
Para investigar el caso, el gobierno de Chihuahua creó una Unidad Especializada quienes, en su informe, detallaron que la presencia de agentes estadounidenses tampoco fue reportada a mandos de la Fiscalía del Estado y que hay posibilidad de una colaboración de carácter extraoficial.
Tras el anuncio, César Jáuregui renunció como fiscal general de justicia de Chihuahua.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecer a cerca de 50 personas por su participación en el operativo. Ulises Lara López, vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, detalló que se emitieron requerimientos legales a distintas autoridades para verificar la existencia y el estatus de las acreditaciones de seguridad de los agentes extranjeros que fallecieron.
A la par, Maru Campos prohibió a las personas servidoras públicas de la administración estatal establecer mecanismos directos de cooperación con agentes extranjeros sin autorización expresa del Gobierno federal.
Sin embargo, también ha acusado de trato desigual, pues dice que, mientras ella recibe críticas por el caso, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, se le protege.
Ante la polémica, Morena ha solicitado el desafuero de la gobernadora Maru Campos y el inicio de un juicio político; mientras que su partido, el PAN, ha mantenido el respaldo hacia la mandataria.