“¡El gobierno estatal no responde!”: familias de víctimas del Crematorio Plenitud protestan en CDMX

Con un altavoz sostenido por su mano derecha, Laura Sandoval se plantó en el exterior de la sede del Senado, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir justicia en el caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el pasado 27 de junio se localizaron 386 cuerpos embalsamados, sin incinerar y almacenados en condiciones irregulares.

“Estamos aquí, venimos desde Ciudad Juárez pidiendo justicia para 386 cuerpos encontrados apilados en el crematorio Plenitud. El gobierno estatal no nos ayuda. Ellos hacen caso omiso a nuestras peticiones y hemos decidido estar aquí exigiendo justicia para nuestros 386 familiares”, dijo la mujer que busca a sus suegros fallecidos entre los cadáveres localizados en ese lugar. “Queremos justicia”.

Laura es parte de un grupo de integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos – conformado por familiares de víctimas del crematorio y ciudadanos que luchan por la memoria y dignidad– que viajó a la CDMX para manifestarse ante instancias y dependencias federales con la exigencia de apoyo para acelerar la identificación de los cuerpos que consideran se mantiene rezagada en la Fiscalía de Chihuahua, y denunciar una red de complicidades y omisiones entre instituciones estatales, funerarias irregulares y autoridades que identifican en este caso.

La movilización de los deudos de las víctimas del crematorio en la capital del país ocurre luego de que a tres meses del hallazgo de las personas sin vida localizadas en el Crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, la Fiscalía General del Estado reporta que se tiene la identificación de 86 personas, y solo 67 se han entregado a sus familias.

Antes de llegar al Senado, los deudos de las víctimas del crematorio estuvieron este lunes en la Cámara de Diputados donde dejaron un pliego petitorio con sus demandas. En fotos y videos que difundieron se observó que también colgaron mantas y pegaron cartulinas en ambas instancias, donde se podía leer: “El estado debe justicia a 386”, “Busco a mi esposa en el crematorio plenitud. Deposité mi confianza en la funeraria, Coespris, Fiscalía Zona Norte, Registro Civil y Distrito de Salud II, recibí cenizas que no los son”, “Maru Campos tu gobierno no da respuesta, ¡BASTA! 386 cuerpos demandan justicia!”, entre otros mensajes.

Este martes se manifestaron en el exterior de Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, y anunciaron que también acudirán a la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Secretaría de Gobernación, para seguir el miércoles su gira de protestas en las oficinas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la casa representativa del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México.

“Venimos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a denunciar la impunidad, corrupción del gobierno del estado de Chihuahua, a denunciar a la gobernadora María Eugenia María Eugenia Campos Galván que permitió el afilamiento de 386 cuerpos en el crematorio plenitud”, afirmó Dora Elena Delgado Barraza, del colectivo al llegar a la Cámara de Diputados.

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Una investigación de La Verdad Juárez reveló que detrás del hallazgo de los cuerpos, en junio pasado, hay un entramado de omisiones oficiales. El caso puso bajo el escrutinio público omisiones y fallas sistemáticas en los tres niveles de gobierno.

Por este caso, dos personas han sido detenidas y vinculadas a proceso penal, se trata del dueño y del único trabajador del negocio, José Luis A.C., y Facundo Teófilo M.R., respectivamente.

“Han pasado tres meses y cuatro días desde el hallazgo de estos 386 cuerpos y solo se han identificado 86. De esos 67 se entregaron a las familias, 19 están ahí identificados pero no se encuentran a las familias. Esa es la clase de diligencias de trabajo que realiza la Fiscalía (de Chihuahua)”, dijo Delgado Barraza.

Sobre los 19 cuerpos identificados y no entregados aún, la integrante del colectivo consideró que es una negligencia de las autoridades estatales. “Continúan apilados, pero ahora tienen nombre y apellido, y tienen una familia, y no las encuentra la fiscalía, por eso estamos aquí”.

“Recorrimos más de 1300 kilómetros para alzar la voz”, dijo. “Para que nos escuchen. El gobierno del estado no responde”.

Esta nota se publicó originalmente en La Verdad Juárez.