Hallan a los 7 electricistas en SLP; caso reaviva preocupación por inseguridad
Manu Ureste · 24 de marzo de 2026
Pese a que, en el papel, las denuncias por desaparición en San Luis Potosí cayeron casi 27% en el último año —al pasar de 605 en 2024 a 443 en 2025—, el reporte de la desaparición de siete electricistas en el municipio de Matehuala, el sábado 21 de marzo, volvió a encender las alertas en el estado.
Entre ellos está un joven de 23 años, Jaciel Abraham Zapata García. Los trabajadores, originarios de Cárdenas, fueron localizados con vida este lunes y aunque el desenlace permite soltar el aire tras dos días en que sus familias perdieron todo contacto con ellos, la preocupación no se disipa: por el contrario, vuelve a poner en duda si la aparente disminución en las cifras refleja una mejora real o un fenómeno cada vez más silenciado.
El gobierno municipal de Matehuala señaló que en breve “se brindará mayor información conforme avance el proceso” y reconoció que “la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia” permitió dar con los hombres, de entre 20 y 30 años, que habían salido desde el 16 de marzo a trabajar en varios puntos del altiplano potosino.
La resolución del caso también deja al descubierto una constante en San Luis Potosí: la incertidumbre inicial, el miedo, la falta de información clara y la angustia de las familias forman parte de un patrón que se repite incluso cuando las personas son halladas con vida.
En este sentido, el episodio —del que aún quedan piezas sueltas— no rompe con la lógica de la desaparición en el estado, sino que la confirma: un entorno donde las personas pueden “desaparecer” en tránsito —en carreteras clave, como el corredor de Matehuala, en la zona limítrofe con el estado de Nuevo León— y donde la reacción institucional muchas veces es tardía o fragmentaria.
La caída reciente se suma a una tendencia más amplia: de acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, recabados por Animal Político, en dos años las denuncias por desaparición en San Luis Potosí se redujeron casi a la mitad, al pasar de 862 casos en 2023 a 443 en 2025, una disminución de 48.6 %.
Sin embargo, el descenso no se traduce en un cierre o resolución de los casos. Solo en 2025, 126 personas seguían desaparecidas, lo que equivale a casi tres de cada diez denuncias (28.4 %).
En paralelo, los hallazgos de personas sin vida también han disminuido —de 34 en 2023 a apenas 6 en 2025—, pero los colectivos de búsqueda recuerdan que, en contextos de desaparición, esto no necesariamente implica menos violencia, sino, en muchos casos, menor capacidad institucional para localizar a las víctimas, o más silencio por temor a represalias del crimen organizado o de las propias autoridades que deben hacer las búsquedas.
La violencia letal ofrece una pista complementaria a lo que está sucediendo en San Luis Potosí, una entidad algo más alejada de los focos mediáticos, en cuanto a sucesos de violencia se refiere, en comparación con entidades vecinas como Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas o Guanajuato.
Entre 2019 y 2021, San Luis Potosí vivió una escalada en homicidios dolosos que llevó las cifras de alrededor de 500 víctimas en 2019 a cerca de 900 en 2021, un incremento de casi 70 % en tres años.
A partir de ese pico, los asesinatos comenzaron a descender hasta ubicarse en torno a 600 casos en 2024 y 2025, una reducción de aproximadamente 30 % respecto al máximo. Incluso con esa baja, los niveles actuales siguen por encima de los registrados al inicio del sexenio, lo que apunta más a una contención, o reorganización de los grupos criminales, que a una reducción estructural de la violencia.
En paralelo, los delitos asociados al control territorial han crecido. Las carpetas por narcomenudeo pasaron de alrededor de 2 mil 500 casos en 2019 a más de 5 mil en 2024, es decir, un aumento superior al 100 %. La extorsión también mostró incrementos acumulados de entre 40 y 60 % en el mismo periodo, aunque se trata de un delito con alta cifra negra. Este desplazamiento —menos homicidios, pero más delitos de control económico— sugiere una reconfiguración de la violencia: menos visible en términos letales, pero más extendida en la vida cotidiana de los ciudadanos potosinos.
Desapariciones aumentan 400 % en Ciudad Valles
El mapa de las desapariciones también ha cambiado. Aunque la capital del estado sigue concentrando el mayor número de casos —125 en 2025—, su peso relativo ha disminuido frente a otros municipios. Ciudad Valles, por ejemplo, pasó de 19 desapariciones en 2023 a 110 en 2025, un incremento de más de 400 %, mientras que Matehuala —donde ocurrió el caso de los electricistas— ha mantenido cifras más bajas, pero constantes: 11 casos en 2023, 6 en 2024 y 9 en 2025. Más que un hecho aislado, el caso se inserta en un corredor estratégico del altiplano potosino, clave para el tránsito hacia Nuevo León y Tamaulipas.
En ese corredor operan distintos grupos del crimen organizado. Informes de autoridades federales y reportes de seguridad ubican en la entidad la presencia de organizaciones como el Cártel del Noreste (CDN) —heredero de Los Zetas—, así como células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, en menor medida, remanentes del Cártel del Golfo.
La disputa por rutas, trasiego y control local ha generado un entorno donde la violencia no siempre se expresa en enfrentamientos abiertos, sino en desapariciones, privaciones temporales de la libertad, reclutamiento forzado y control de actividades económicas. Es decir, reina la violencia silenciosa.
Violencia contra jóvenes potosinos, en la mira
En ese contexto, la historia del electricista Jaciel Abraham Zapata García, de 23 años, no es una excepción, aunque en su caso y el de sus compañeros el desenlace haya sido distinto. En San Luis Potosí, la violencia ha tenido en los jóvenes a uno de sus principales blancos.
Datos oficiales del INEGI recabados por Animal Político para esta nota refieren que, entre 2012 y 2024, al menos 3 mil 867 personas de entre 18 y 29 años fueron asesinadas en la entidad. La cifra no responde a un repunte aislado, sino a una escalada sostenida durante casi una década: de 162 víctimas en 2012 se pasó a 451 en 2021, el año más violento del que se tenga registro reciente.
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A partir de ese pico, los homicidios de jóvenes comenzaron a descender —311 casos en 2024—, pero sin regresar a los niveles previos al auge de la violencia. En otras palabras, la reducción reciente no implica una ruptura con el patrón, sino apenas una contención. Hoy, el número de jóvenes asesinados en San Luis Potosí sigue siendo prácticamente el doble que hace una década.
Por eso, el caso de los siete electricistas —aunque resuelto tras su localización con vida— no ocurre en el vacío. Se inscribe en un entorno donde la población en edad productiva —particularmente hombres jóvenes— ha sido, de forma persistente, la más expuesta a la violencia letal. Un patrón que, en muchos casos, no solo se expresa en homicidios, sino también en desapariciones y privaciones de la libertad que rara vez llegan a registrarse plenamente en las estadísticas oficiales.