Andro Aguilar · 6 de noviembre de 2025
María Dolores González Saravia, con amplia experiencia como mediadora en conflictos, fue designada por el voto unánime de 60 diputadas y diputados de todos los partidos políticos como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Con más de cuatro décadas en la promoción y defensa de los derechos humanos, permanecerá en el cargo los próximos cuatro años, hasta el 7 de noviembre de 2029.
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Con 68 años de edad, González Saravia tiene estudios de economía en UNAM y es especialista en transformación de conflictos y defensa de derechos humanos. Forma parte del Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria (CIIESS), de la Universidad Iberoamericana, donde coordina procesos de diálogo y acción estratégica.
Desde 2020, en esa universidad ha impulsado el proyecto “Eutopía y Estrategia”, que ha realizado talleres enfocados en organización social y economía solidaria en Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México. Con prácticas orientadas a la justicia y la reconstrucción del tejido social, da acompañamiento a empresas sociales y comunidades con entornos violentos.
En la década de los ochenta, González Saravia colaboró en la defensa de derechos con movimientos sociales, comunidades urbanas y pueblos indígenas. Inició su activismo en colonias populares de la Ciudad de México, de donde es originaria. Formó parte del Movimiento Urbano Popular y del Movimiento Revolucionario del Pueblo, una organización cercana a sectores trabajadores y campesinos.
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En los noventa, la funcionaria formó parte de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), creada por el obispo Samuel Ruiz en Chiapas, que dio pie a los diálogos de San Andrés Larráinzar entre el gobierno mexicano y representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

González Saravia también ha participado en el acompañamiento a personas víctimas de la represión en San Salvador Atenco, cuando el gobierno mexicano intentó construir un aeropuerto en su territorio.
Recientemente, ha encabezado el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, y por más de dos décadas Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), organización enfocada en la solución de conflictos.
En los últimos años, ha dado acompañamiento a familias con algún integrante desaparecido y con víctimas de violencia.
La designación del Congreso se basó en 189 cartas de respaldo y opiniones ciudadanas —la mayor entre las aspirantes— y una puntuación de 97.42 respecto a su idoneidad.
Algunos de los respaldos públicos fueron de la escritora Elena Poniatowska, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en Atenco.
También la apoyaron algunas buscadoras como Diana Gutiérrez, del colectivo Buscándote con Amor en Ciudad de México; Miyeyes Pulido, del colectivo Si ellos no, de Baja California Sur; o Araceli Rodríguez, de Colectivo Colibrí.
Otras activistas que la respaldaron públicamente fueron Josefina Valencia, de la colectiva Acción Lésbica; Rosario Ortiz, de la Red de Mujeres Sindicalistas; Rosario Tello Sánchez, de la fundadora de la Cooperativa de Vivienda USCOVI, y Luis Enrique Hernández Aguilar, de El Caracol.
El objetivo general del proyecto de la nueva funcionaria, de acuerdo con su presentación, es fortalecer y ampliar la labor de la Comisión con un enfoque de construcción de paz, en la defensa de los derechos humanos y la participación activa de la sociedad.

La nueva ombudsperson de Ciudad de México es hermana de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, de extracción morenista, lo que le ha generado cuestionamientos sobre su autonomía ante el movimiento en el poder.
La nueva funcionaria ha defendido que personalmente nunca ha formado parte de un partido político ni ha tenido antes un cargo gubernamental, sino una trayectoria desde la sociedad civil, primero en movimientos sociales y después en organizaciones civiles.
El 1 de noviembre, dos integrantes del Consejo Ciudadano Honorífico de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad —José Alfonso Bouzas Ortiz y Genoveva Roldán Dávila— mostraron su preocupación debido a que en la evaluación de ese órgano González Sarabia fue la tercera candidata mejor evaluada, pero obtuvo una calificación de 57/100, por debajo de la puntuación mínima requerida.
Llamaron a hacer públicos tanto el informe elaborado por el Consejo ciudadano como la dictaminación de los diputados.
“Nos preocupa que la designación de María Dolores González Sarabia, sin detrimento y reconocimiento a su trayectoria en derechos humanos, incumpla los principios de autonomía, independencia e idoneidad”.
Efecto Útil, organización ciudadana que ha dado seguimiento al proceso de designación de la presidencia de la CDHCM desde su inicio, advirtió que la comisión legislativa encargada de presentar el proyecto privilegió la trayectoria de la nueva funcionaria, más allá del proyecto institucional que presentó.
La organización advirtió que se lesionó la legitimidad del proceso porque se omitió observar el mandato constitucional de investigar violaciones de derechos humanos como criterio de evaluación y de designación. Señaló que tampoco se garantizó de forma plena el derecho humano a la participación ni la eliminación de las prácticas selectivas y elitistas en la Comisión de Derechos Humanos.
“La designación de la presidencia de la CDHCM —advirtió la organización en un comunicado— no debe tratarse como si fuera un premio a la trayectoria personal”. Sino en el proyecto para la institución, por lo que la idoneidad personal debe ser un criterio asociado a la implementación de ese proyecto.