Detienen a extesorera de Singuilucan, Hidalgo; acusan irregularidades en el manejo de dinero público
Redacción Animal Político · 8 de diciembre de 2025
Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvieron a Adriana O. R., extesorera del ayuntamiento de Singuilucan, como parte de las investigaciones del maxiproceso denominado Estafa Siniestra, el cual indaga el presunto desvío de 522 millones de pesos del erario público de Hidalgo a través de ayuntamientos y secretarías durante el gobierno de Omar Fayad.
La exfuncionaria es señalada por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración anterior. La orden de aprehensión, con causa penal 2235/2025, fue girada el 4 de diciembre y corresponde al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.
Tras su captura, Adriana O. R. quedó a disposición del Ministerio Público y, en las próximas horas, se definirá la fecha de su audiencia inicial y su situación jurídica.
La detención ocurre en seguimiento a las acciones emprendidas en las últimas semanas por la PGJEH contra exservidores públicos presuntamente involucrados en el esquema de desvío de recursos denominado Estafa Siniestra.
Esta captura se da luego de que, el pasado 23 de octubre, fuera detenido Marcos Miguel N., exalcalde de Singuilucan, también por presunto desvío de recursos.
Las indagatorias apuntan a que, durante su gestión (2020–2024), el exedil habría ejercido más de 109 millones de pesos en recursos extraordinarios otorgados por la extinta Secretaría de Finanzas.
Dichos fondos se habrían canalizado mediante 161 contratos con 22 proveedores, donde se detectaron presuntas anomalías como sobreprecios, falta de documentación y simulación de servicios.
Entre los conceptos facturados se incluyen sanitización de espacios públicos, papelería, renta y reparación de maquinaria, uniformes y gastos ceremoniales, los cuales no habrían cumplido con los principios de legalidad y eficiencia que rigen el uso del gasto público.
Además, al exalcalde se le imputa el delito de incumplimiento de un deber legal agravado, derivado de la falta de ejecución de un laudo laboral por más de 16 millones de pesos.