"Nos quitaron de cualquier lugar": despojo y violencia institucional durante el Mundial
Eréndira Aquino · 24 de octubre de 2026
El 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Ciudad de México, albergó por tercera ocasión la inauguración de una Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, el despliegue de infraestructura para el torneo, que incluyó la remodelación aeroportuaria, nuevas rutas de acceso y la rehabilitación vial, estuvo acompañado de un endurecimiento de los operativos de control urbano, prácticas de criminalización y desalojos forzados contra las poblaciones callejeras. Estas acciones se concentraron principalmente en corredores turísticos y comerciales de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan.
A partir de entrevistas detalladas realizadas a 13 personas —diez integrantes de las poblaciones callejeras y tres educadoras y educadores de calle—, la asociación El Caracol documentó cómo en la Ciudad de México el Mundial intensificó estas prácticas de hostigamiento, despojo y desplazamiento forzado. Las voces de quienes vivieron y acompañaron estos operativos permitieron constatar que las acciones de “limpieza social” se recrudecieron tanto en frecuencia como en agresividad durante la justa deportiva.
Durante la presentación de la investigación, Volga de Pina Ravest, cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), señaló que, si bien estas prácticas obedecen a un patrón cotidiano en la capital del país, durante la antesala y el desarrollo del torneo se focalizaron e intensificaron en las alcaldías con mayor movimiento turístico para proyectar una imagen urbana “limpia, bonita y ordenada” a los visitantes extranjeros.
De acuerdo con El Caracol, estas prácticas replican patrones históricos de violaciones a derechos humanos observados en megaeventos previos tanto en la Ciudad de México —como en las visitas papales de 2002 y 2016— como en sedes internacionales de la talla de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
El modus operandi de la limpieza social: Despojos, hostigamiento y violencia cotidiana
A pesar de que los operativos institucionales se publicitaron bajo discursos oficiales de carácter “humanitario”, de rescate del espacio público y de ordenamiento urbano, la experiencia directa de quienes sobreviven en las calles revela un hostigamiento constante y un despojo material sistemático. Los testimonios recabados exponen un patrón operativo en el que brigadas de distintas dependencias llegan de imprevisto, frecuentemente acompañadas de elementos de seguridad pública con actitud coercitiva.
Al respecto, De Pina Ravest enfatizó la gravedad de estas acciones al señalar que el despojo sistemático de cobijas, herramientas, documentos de identidad e incluso animales de compañía equivale a irrumpir arbitrariamente en un hogar particular para tirar las pertenencias más preciadas a la basura. La visitadora apuntó que estas intervenciones suelen ejecutarse mediante el uso excesivo de la fuerza policial y una alta discrecionalidad en la aplicación de normatividades que criminalizan la subsistencia en el espacio público.
Uriel, integrante de las poblaciones callejeras en la alcaldía Cuauhtémoc, relata que la tensión cotidiana se intensificó drásticamente con la llegada del Mundial, pues “se amenazó más, nos quitaron de cualquier lugar”, lo que implicó esfuerzos extraordinarios para recuperar enseres básicos, como lonas, cobijas y productos de limpieza.
Ezequiel, también de Cuauhtémoc, denunció que el despojo incluye artículos personales e incluso los medios necesarios para laborar: Me ha tocado que mis cosas que me levantan hasta se las están probando. Y pues no hay chance de que nos las devuelvan, a menos que, según ellos, tengamos factura”.
“Nosotros cuánto nos esforzamos: aguantando el sol, aguantando insultos, aguantando humillaciones, a veces hasta burlas; ahora sí que nos cuesta un montón de trabajo, que nada más lleguen y: ‘¡Presta!’”, reclama Miguel, joven afectado por los operativos en la misma alcaldía.
Pérdida documental, laboral y fractura del lazo social
Las consecuencias de los desalojos forzados van mucho más allá de la pérdida material inmediata: representan un golpe devastador a la identidad, la estabilidad laboral y las redes de apoyo comunitario.
Celeste, habitante de calle en la alcaldía Coyoacán, narra cómo la destrucción y el decomiso de sus pertenencias afectaron de forma permanente su posibilidad de reincorporarse al mercado laboral formal: perdió “acta de nacimiento, la CURP, el comprobante de estudios, y tengo carrera técnica industrial, o sea, el documento que se llevaron para mí es muy importante”.
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Según las autoras del documento, la relocalización forzada y los cercos de seguridad implementados durante el Mundial fragmentan el “tercer lugar” —una noción recuperada de la sociología urbana para definir aquellos espacios libres, gratuitos e informales donde la población callejera sociabiliza, comercia a pequeña escala y construye comunidad con vecinos y comerciantes locales—. Al priorizar la estética urbana y el consumo de élite para el turismo internacional, se desmantelan los lazos solidarios y se trata a la vida popular como un problema de imagen que debe ser invisibilizado.
El laberinto normativo: Entre la protección constitucional y el punitivismo operativo
Uno de los aportes centrales del análisis radica en evidenciar la profunda contradicción jurídica que impera en la CDMX. Por un lado, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 11, apartado K, una protección reforzada y pionera que reconoce a las poblaciones callejeras como grupo de atención prioritaria, prohibiendo expresamente el desplazamiento forzado, la reclusión, el internamiento institucional o los tratamientos de rehabilitación sin el consentimiento de la persona.
Sin embargo, en la práctica operativa y administrativa, esta norma constitucional choca con leyes secundarias y reglamentos punitivos. Por ejemplo, la Ley de Cultura Cívica tipifica como infracciones administrativas conductas relacionadas con la subsistencia en la vía pública —como dormir, pernoctar u ocupar el espacio—, lo que faculta a los cuerpos policiales y a los juzgados cívicos para aplicar sanciones y, en ciertos casos, imponer arrestos.
Sobre este punto, la cuarta visitadora de la CDHCDMX advirtió que la presión de los operativos y de vecinos inconformes no resuelve la problemática social, sino que provoca un efecto de desplazamiento regional. Al intensificarse los desalojos en demarcaciones centrales, como la alcaldía Cuauhtémoc, las personas en situación de vulnerabilidad se ven obligadas a replegarse hacia zonas de alto riesgo —como los camellones y bajopuentes de Viaducto—, donde quedan expuestas a contingencias ambientales extremas.
A esto se suman los operativos institucionales ejecutados por dependencias como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sebien), el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) y las alcaldías, los cuales oscilan entre el asistencialismo reactivo y la represión bajo el argumento de la “recuperación del espacio público”. Como señalan las educadoras de calle, la oferta de apoyo gubernamental suele operar bajo un doble juego: ofrecer asistencia diurna condicionada o filtrada, mientras que por las noches se ejecuta el desalojo y el ocultamiento de las personas para evitar que sean vistas por el turismo extranjero.
CDMX, ¿una ciudad para quién?
El informe concluye que los megaeventos deportivos como el Mundial 2026 actúan bajo la lógica de un “estado de excepción urbano”, donde las garantías constitucionales se suspenden en la práctica para anteponer intereses mercantiles y turísticos. En este contexto, la criminalización de la pobreza y el despliegue de operativos de limpieza social reflejan una deuda histórica pendiente con el respeto a los derechos humanos y la atención al sufrimiento psíquico de quienes habitan las calles.
Frente a esta realidad, las evaluaciones de la defensoría y de la sociedad civil coinciden en que el éxito de la política pública no debe medirse mediante indicadores superficiales —como la cantidad de servicios asistenciales de emergencia otorgados o de espacios públicos “despejados”—, sino a partir de la capacidad real del Estado para garantizar proyectos de vida autónomos, acceso a vivienda digna bajo esquemas como Housing First y la protección irrestricta de las garantías individuales.
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Como advierte el análisis, una ciudad verdaderamente incluyente no se define solo por la manera en la que recibe y agasaja al turismo global, sino por cómo reconoce, cuida y respeta los derechos de quienes históricamente han habitado y construido su espacio público.
A pesar de los graves abusos documentados, este escenario crítico también abre una ventana de oportunidad institucional, tal como señaló Volga de Pina Ravest.
La funcionaria destacó que el anuncio de una nueva política integral para las poblaciones callejeras —centrada en la transición hacia “comunidades de cuidado” en lugar de los tradicionales albergues punitivos— representa un cambio fundamental en el diagnóstico oficial.
Al reconocer que el consumo problemático de sustancias responde a dinámicas de supervivencia en la calle y que resulta imperativo proteger los núcleos familiares con niñas, niños y adolescentes, evitando separaciones forzadas, se vislumbra un avance hacia la despatologización y la restitución de la dignidad.
No obstante, de Pina Ravest advirtió que el éxito de estas reformas no dependerá de meras modificaciones en las narrativas gubernamentales, sino de su instrumentación efectiva, de la asignación de presupuestos suficientes y de una voluntad política y social que garantice que los derechos de las poblaciones callejeras dejen de estar subordinados a la estética urbana y a la euforia temporal de los megaeventos.