Desplazamiento forzado en Chihuahua por violencia rompe lazos familiares y culturales, dice experta

El desplazamiento forzado en Chihuahua es una problemática grave que afecta principalmente a comunidades indígenas y rurales, pero son poco visibles los impactos psicoemocionales de las personas y de las comunidades, explicó la experta en acompañamiento psicosocial Karina Baltazares, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión que se conmemora el 13 de enero.

Un ejemplo de desplazamiento forzado reciente es el caso de la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuando el 2 de septiembre de 2024, la violencia ejercida por civiles armados obligó a más de 300 personas a abandonar sus hogares.

También está el caso de la comunidad de Dolores y rancherías aledañas, del mismo municipio, que se han quedado prácticamente solas.

El fenómeno no es nuevo en México. Desde la década de 1970 el desplazamiento forzado ha sido documentado, y entre 2015 y 2020 el Censo de Población y Vivienda del INEGI registró a 2 mil 877 personas desplazadas en Chihuahua debido a la violencia o la inseguridad delictiva.

De acuerdo con Karina, en acompañamiento psicosocial el desplazamiento forzado implica una violencia que quiebra los proyectos de vida.

“Las familias no tenían intención de cambiar (de lugar para vivir), de moverse a otro lugar, sino que se ven forzadas a hacerlo porque tienen que salvar la vida”, señala.

Baltazares también señaló que esta problemática social es una consecuencia de otras violencias que preceden al desplazamiento. “Es una forma de afrontar esas violencias que se estaban viviendo en territorio”, declaró.

El desplazamiento forzado no sólo se limita a los conflictos entre grupos delictivos, también se puede ver en la explotación indiscriminada de los recursos naturales, el desarrollo de megaproyectos turísticos y mineros, así como en la falta de consulta a las comunidades indígenas, lo que ha provocado que las familias tengan que salir de su territorio, agregó Karina.

“No solamente es que lleguen las transnacionales y quieran expropiar, sino que llegan con un plan (…) y a veces pues esto viene acompañado de violencias. Ya sabemos mucho de estas historias de caciques locales que se han apropiado de forma fraudulenta de los derechos ejidales, estas violencias que existen, estas amenazas, estas torturas, estas desapariciones”, explicó Baltazares.

Las personas que dejan su tierra de manera forzada, pierden todo lo que habían construido, pero también otras cuestiones simbólicas y más espirituales: “En las comunidades rarámuri, por ejemplo, dejar sus animales es algo que que sufren mucho, a mí me tocaba escuchar, pues esta tristeza este dolor porque las los animalitos se quedaron allá y quién les va a dar de comer y qué va a pasar con ellos (…) se trata ese dolor más allá de esas concepciones que tenemos”.

Además de las pertenencias materiales, se pierden elementos simbólicos como los rituales, la identidad, la pertenencia, se fracturan con el despojo, así como los vínculos comunitarios, colectivos y familiares particularmente. Las prácticas que les enseñan desde niños para ser “buenos rarámuri” a través del trabajo, de cuidar a los animales, la convivencia, donde se aprende “a caminar el territorio”, se ven impactadas con el desplazamiento forzado, acotó Baltazares.

“Que las familias se desplacen también implica una ruptura en las comunidades y, sobre todo, en los ciclos. En Baborigame, ahí hay pequeños ranchos que ya están vacíos completamente”, refirió le experta.

Un ejemplo es el caso de la familia de Julián Carrillo Martínez, líder rarámuri de la comunidad de Coloradas de la Virgen asesinado el 24 de octubre de 2018 por defender su territorio. Tras su muerte, su esposa y toda su familia tuvieron que huir de su hogar, sin oportunidad de realizar los rituales tradicionales por la muerte del jefe de familia, para que pudiera descansar en paz.

Lee aquí completa la nota de Raíchali.