Tamara Mares · 9 de septiembre de 2025
Las desapariciones de mujeres en Guerrero están vinculadas ampliamente a la trata de personas y al feminicidio, el cual a su vez es perpetrado por grupos del crimen organizado como Los Ardillos, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Guerreros Unidos, expuso el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) en su informe Y ese lucero eres tú… Desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos.
El informe destacó que Guerrero es una de las ocho entidades federativas donde se concentra más de la mitad –el 56.13 por ciento– de los casos de desaparición de mujeres y niñas en toda la República mexicana.
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Además, la entidad es, según datos de 2016 de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, uno de los 19 estados donde se identificó un vínculo entre la desaparición de mujeres y niñas, la trata, y, posteriormente, el feminicidio, citó la organización.
El informe fue elaborado a partir del estudio de 14 casos de desapariciones ocurridos en la entidad federativa, entre 2012 y 2022: Dulce, Mercedes, Azucena, Francisca, Lucía, Nadia y Marina, Eunice, Isamar, Jezabel, Viridiana, Aline, Lucero y Carolina.
En cinco de estos casos, las mujeres víctimas de desaparición fueron halladas sin vida, mientras que el resto siguen sin ser localizadas.
A través de entrevistas realizadas por el EMAF para el informe, identificaron que en múltiples ocasiones las escuelas secundarias fueron puntos de desaparición de jóvenes.
Ejemplos de ello, citaron, es que en Iguala “un hombre es identificado por presentarse con frecuencia afuera de la secundaria para engancharlas y reclutarlas en grupo”, mientras que una activista compartió que en Chilapa, en el 2022, era frecuente que llegara una camioneta a la puerta de las secundarias para subir a niñas a la fuerza.
El perfil de las víctimas de crímenes, de todo tipo, en Guerrero se concentra en mujeres de entre 15 y 44 años de edad, en tanto que el grupo de edad de 20 a 24 años registra las cifras más altas de feminicidios y homicidios.
La posibilidad de ser localizada con vida disminuye con la edad, determinó el EMAF, un patrón que podría estar vinculado con lo que llamó “una vulnerabilidad diferencial”.
“Las adolescentes, susceptibles a desapariciones relacionadas con la explotación sexual y laboral, tienen más probabilidades de ser localizadas debido a los esfuerzos sociales e institucionales que se movilizan con los familiares, además de que se apela a su inocencia y perfil de buena víctima”, expuso.

El EMAF resaltó que, retomando información propia del informe Desapariciones de Mujeres y Violencia por Razón de Género publicado en 2023, la fiscalía guerrerense no había emitido en más de 60 años una sola orden de aprehensión relacionada con las desapariciones, y solamente logró la judicialización de dos casos de desaparición forzada.
A esto sumó que los esfuerzos gubernamentales para atender la violencia de género en la entidad no han dado resultado, pues se siguen registrando desapariciones de mujeres y niñas, feminicidios y otros tipos de violencia.
“Pese a estar vigentes dos Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) –por violencia feminicida y agravio comparado– y existir medidas como el Protocolo Violeta, policías de género, taxis rosas y capacitación para el personal de servicio público en perspectiva de género, las desapariciones, los feminicidios y otros tipos de violencia continúan”, expone en el documento.
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La asociación hizo hincapié en que más de la mitad de las acciones ordenadas por la declaración de Alerta por Violencia de Género en 2017 siguen sin cumplirse, además que de los 14 casos de desaparición analizados, sólo en uno se activó el Protocolo Alba –para la atención de mujeres desaparecidas– y en apenas dos se emitió la ficha de búsqueda correspondiente.
Por lo anterior, el EMAF recomendó urgentemente al gobierno mexicano y guerrerense ratificar la Ley Estatal de Desaparición, que lleva en la “congeladora” desde 2022; crear Unidades de Análisis de Contexto con peritos que se especialicen en género; homologar el sistema forense nacional e integrar bancos de ADN estatales, y proteger a las familias buscadoras con refugios y blindaje legal.