Kevin desapareció en zona de antros de Mexicali donde suman 12 casos; la ONU emite acción urgente
Marcela Nochebuena · 14 de enero de 2025
Kevin Moreno tenía 21 años de edad cuando desapareció. Dos días atrás había entrado a trabajar a un antro turístico, La terraza del Shot, en Mexicali, Baja California, consumido por un incendio apenas este sábado. Hace más de dos años y medio, la tarde del 26 de marzo de 2022, sus padres lo dejaron en el establecimiento para comenzar el que sería su segundo día de trabajo.
“Me despido de él de una palmada en la espalda, y esa fue la última vez que lo miré a casi ya tres años de su desaparición”, recuerda su papá que, para ese entonces, asegura, no estaba familiarizado con el tema de la violencia en el estado ni con el fenómeno de las desapariciones.
Por eso, en un principio la familia de Kevin confió plenamente en las autoridades municipales y estatales, porque creía en el imaginario de una autoridad robusta, competente y con los recursos necesarios. Seis meses esperaron algún avance, alguna respuesta. Hasta que se dieron cuenta de que se daba por hecho que su hijo había fallecido sin saber las circunstancias.
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Así, sus padres terminaron tomando las riendas de la búsqueda del joven: “Teníamos la opción de quedarnos con los brazos cruzados y seguir confiando en la autoridad, o tomar la investigación y la búsqueda en nuestras manos. Decidimos hacerlo por nuestra cuenta y de ese momento a la fecha, hemos trabajado, profesionalizado, incorporado el método científico, buscando transitar a análisis más profundos”, explica Gonzalo Moreno.
Una vez estudiados otros casos similares y el contexto del de su hijo, hoy la evidencia apunta a que estuvo asociado a la actividad de un grupo criminal en específico, en cuya operación regularmente no pasan más de 48 horas antes de que sus víctimas sean ejecutadas.
Así, los padres de Kevin comenzaron a familiarizarse con la búsqueda forense, llevarla a otro estado, en este caso Sonora, y convertirse en conocedores de la materia forense mediante diplomados y certificaciones. Además, se volvieron buscadores no solo de Kevin, y no exclusivamente de casos en Mexicali, sino de todo el estado e incluso migrantes.
Hoy, una acción urgente emitida por la ONU a petición de la familia describe que la zona donde ocurrió la desaparición del joven está muy marcada por la existencia de colusión entre agentes del estado y actores criminales, “incluyendo en relación con la ocurrencia de desapariciones”, describe el documento.
Además, de acuerdo con lo que se conoce del caso, las cámaras de seguridad de la zona habrían captado videos donde se observa a unidades de patrullas estatales llegar al lugar y entregar a personas que llevaban en apariencia detenidas a otras pertenecientes a grupos criminales. “Al menos doce jóvenes mexicanos y estadounidenses –asienta el organismo internacional– habrían desaparecido en la misma zona”.
“El Comité está preocupado, porque a más de dos años de la alegada desaparición de Kevin Moreno, no hay información alguna sobre su suerte y paradero, y según la información disponible, las actividades de búsqueda e investigación adoptadas por las autoridades habrían quedado limitadas, y no habrían explorado todas las hipótesis investigativas existentes”, indica el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en respuesta a la solicitud de acción urgente que presentó la familia el 2 de octubre de 2024.
El papá de Kevin señala que con el tiempo fueron descubriendo el pésimo trato forense en las inhumaciones, y se volvieron críticos respecto a los errores y omisiones de la fiscalía y la comisión de búsqueda locales, o la propia Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene mejor equipamiento y recursos, pero no invierte en profesionalizar a los servidores públicos. Incluso, los padres de Kevin sobrevivieron a un ataque armado. Hoy viven con el mecanismo de protección federal, que consideran tampoco les garantiza plena seguridad.
Entre las omisiones, se percataron además de que nunca se recuperó el disco duro de las cámaras del antro, aunque eran parte de la investigación y nunca se hizo el análisis de las llamadas telefónicas de la línea de Kevin. “Fueron muchas áreas de oportunidad, o literalmente mentiras por parte de la autoridad, cuando no se estaba haciendo nada en el caso de Kevin. No hay una metodología bien establecida ni software especializado”, acusa.
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Otras 12 desapariciones en la misma zona
Doce casos identificados, de los cuales nueve han sido judicializados ante la Fiscalía General de Justicia de Baja California, entre ellos el de Kevin, ocurrieron en la misma zona. Antes de la desaparición del joven, en esa misma área ya se había ligado otra desaparición a la operación de una organización criminal relacionada con uno de los cárteles con más presencia en la zona.
“Tenemos ubicados esos nueve casos judicializados, pero tenemos 12 casos que se dieron en un periodo de poco menos de ocho meses en los que la autoridad no alertó a los jóvenes de lo que estaba sucediendo ahí, hasta que se vino ya la ola de casos en la que los familiares tomamos la zona, solicitamos el cateo, se realizó un pseudocateo en la zona de los antros, no se encuentra nada y se habla ya de un grupo delictivo”, relata el papá de Kevin.
Después, conforme se fueron dispersando los grupos, comenzaron a registrarse desapariciones también en el valle de Mexicali y en la delegación municipal Progreso, relacionadas con otros subgrupos que se desprenden de la misma organización criminal. Fue la familia la que descubrió esa línea de investigación y empezó a impulsar una estrategia más contundente en términos de comunicación y de organización colectiva.
Los casos que se tienen identificados con similares características en la misma zona ocurrieron aproximadamente de marzo a noviembre de 2022.
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Una célula de búsqueda para apoyar a otras familias
A raíz del caso de Kevin y del creciente conocimiento que sus padres se vieron obligados a adquirir, luego de pertenecer a un colectivo de búsqueda y detectar que muchas de las búsquedas de campo surgían al azar sin un análisis de contexto previo, decidieron fundar junto con otras familias una Célula de Búsqueda e Investigación de personas desaparecidas Baja California.
Esta agrupación se define como padres, madres y voluntarios unidos para encontrar a personas desaparecidas en ese estado. Su labor es apoyar de manera gratuita a víctimas indirectas de desaparición forzada tanto en búsquedas de campo como en búsqueda en vida, asesoría jurídica, análisis telefónico, cronología geoespacial y otros.
“Decidimos fundarla como asociación civil con la intención de no tener la etiqueta de un colectivo de búsqueda, sino una organización civil que busca especializarse, que busca centrarse, apegarse a un método científico para realizar la búsqueda, sobre todo búsquedas forenses, pero también hemos realizado con éxito búsquedas en vida”, asegura Moreno.
Mediante la creación de protocolos y líneas de trabajo, se convirtió en un organismo que trabaja de una manera más informada y científica. El objetivo también ha sido asesorar y apoyar a otras familias para que promuevan solicitudes de acción urgente ante la ONU y así evidenciar que “el tema de la desaparición forzada es pan de cada día en nuestro estado, en nuestras localidades, y todavía no hay una política pública que esté definida a tratar de solucionar u orientar la búsqueda, la recuperación de las personas y el trato digno a las víctimas”.
Durante 2024, subraya, el trabajo de la célula permitió localizar 14 sitios en diversas zonas con al menos uno o dos cuerpos. En las dos búsquedas que se han hecho en el transcurso de 2025, ya se dieron hallazgos en el desierto de Laguna Salada. Con la acción urgente en el caso de Kevin, su familia apuesta a que la autoridad, sobre todo la federal, voltee a ver todo lo que está sucediendo en Baja California.
“Que tome acciones más concretas en la búsqueda no solamente de Kevin, sino en la búsqueda de todos los desaparecidos que ya también otras familias que tenemos contacto ya solicitaron sus acciones urgentes a la ONU y ya iniciaron sus procesos. Sabemos que va a haber más de 40, 50 casos tan solo en Mexicali. En Sonora también ya se solicitaron 12 acciones urgentes”, sostiene.
“Es una forma no solo de presión social, sino también de atraer al Comité Internacional y que puedan ser observadores de lo que en realidad está pasando en nuestro estado, en nuestros municipios, tanto en Baja California como en Sonora, y puedan ser también testigos de lo que está sucediendo y puedan tener una perspectiva más clara, y sobre todo que apoyen y exhorten al gobierno mexicano”, añade.