Derechos Humanos de Oaxaca da medidas cautelares por conflicto agrario que desplazó a 214 indígenas
Redacción Animal Político · 26 de agosto de 2025
214 indígenas Ñu’u Savi fueron desplazadas forzosamente por actos de violencia tras un conflicto agrario. Ante ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares en seguimiento al caso.
“Se determinó que se trata de una violación a derechos humanos, por lo que solicitó a la Secretaría de Gobierno del Estado coordinar mesas de diálogo que permitan atender de forma integral el conflicto, a fin de garantizar una convivencia armónica entre los habitantes de las localidades involucradas, así como generar los mecanismos eficaces para establecer las relaciones armoniosas entre las personas que habitan ambos municipios”, indicó en el comunicado la Defensoría.
Precisó que se disputan más de mil 600 hectáreas en la comunidad de Buenavista, entre los municipios de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, en Oaxaca.
Conflicto agrario en Oaxaca en Yolotepec y Yosondúa
La Defensoría precisó que el pasado 18 de agosto, un grupo armado ingresó a la agencia municipal de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, realizando disparos con armas de fuego y dejando a una persona lesionada.
Además, incendió viviendas y tuvo a familias retenidas durante el conflicto, así como del desplazamiento forzado de 214 personas.
Solicita Defensoría censo a indígenas y piden a autoridades atención al caso
La Defensoría de Derechos Humanos solicitó un censo de las personas que fueron víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) por los hechos de violencia que se generaron en la región.
Además, preverá los lugares de alojamiento temporal de las familias desplazadas y de ser necesario el acceso a los servicios de salud, educativos, jurídicos y laborales.
Pidió al secretario de Salud de Oaxaca, brindar la atención médica especializada a los pobladores de la comunidad de Buenavista y del municipio de Santa María Yolotepec que resultaron lesionados.
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Por su parte, pidieron al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero, a tomar las medidas necesarias “para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que fueron desplazados a causa del conflicto”.
También solicitaron a la directora del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Graciela Salinas Velasco, a que se implementen programas emergentes para la atención de las familias que se encuentran en situación de desplazamiento, garantizándoles su derecho a la asistencia social.
Por último, pidieron a la Fiscalía General del Estado a que se realicen acciones necesarias para investigar los delitos que se hayan cometido.
“Finalmente, la DDHPO requiere al secretario de Gobierno y a los presidentes municipales de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, Cristino Ramírez Chávez y Salvador Sosa López, respectivamente se lleven a cabo acciones que permitan dar solución a los hechos de violencia generados en los últimos días en dichas comunidades”, añadió.
Conflictos agrarios en Oaxaca
En marzo de este año, un enfrentamiento por un conflicto agrario entre pobladores de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, en la región de los Coatlanes en la Sierra Sur de Oaxaca, dejó como saldo cinco muertos y 11 heridos, informaron autoridades estatales.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en el paraje El Limar, en donde se realizan obras de un nuevo entronque carretero.
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De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, habitantes de San Francisco Coatlán “fueron agredidos” mientras recolectaban madera en el mencionado paraje. Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Estatal y Guardia Nacional.
En un primer momento, la secretaría dio cuenta de dos personas fallecidas, pero en la noche la FGE detalló a través de un comunicado que habían sido cinco los muertos por el enfrentamiento y “que otras personas resultaron lesionadas”.
Las personas que resultaron heridas “se encuentran bajo resguardo a fin de determinar su nivel de responsabilidad, en caso de haber participado en la agresión”, informó la Fiscalía, que además dijo haber definido las primeras líneas de investigación.