Verónica Santamaría · 13 de noviembre de 2025
Por el camino de Acapulco-Salina Cruz, rumbo al municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, aún es posible observar el impacto que los huracanes Erick, en junio de 2025, y John, en septiembre de 2024, dejaron en la vegetación y la infraestructura de esta zona de la Costa Chica.
Los señalamientos carreteros y de información turística aún se encuentran rotos y tirados a un lado de la carretera, como recordatorio de la fuerza de los huracanes categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
Además de los señalamientos, los techos de láminas de casas y edificaciones continúan afectados. Aleida Violeta Vázquez Cisneros, mujer afromexicana, oriunda de Cuajinicuilapa, activista antirracista y defensora de los derechos humanos, narra a Animal Político cómo ha sido el paso de estos eventos climáticos extremos en su comunidad que la an llevado a tomar la decisión de migrar a la ciudad por falta de servicios de salud.

Aleida narra que en septiembre de 2024, el huracán John causó inundaciones y voló algunos techados. Mucha gente se tuvo que refugiar, hubo personas afectadas y algunas paredes también se cayeron. Un año después, en junio de 2025, el huracán Erick tocó tierra en Cuajinicuilapa y afectó a más del 80 % de las viviendas.
“Esto tiene que ver con una cuestión estructural de olvido estatal, de racismo estructural en el que vivimos las poblaciones afromexicanas porque no tenemos una infraestructura que pueda soportar fenómenos como huracanes de fuerza mayor”, denunció.
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El costo de la crisis climática para la comunidad de Cuajinicuilapa se ve reflejado en el 80 % de las familias que vieron afectaciones en sus hogares, ya sea por la fuerza de los vientos o las inundaciones; pero también en el costo económico que deben hacer las familias para superar esa situación.
La organización ambiental Greenpeace México señaló que la comunidad de Cuajinicuilapa es un recordatorio de las deudas pendientes de la crisis climática. Este territorio cuenta con una larga historia de afectaciones por fenómenos meteorológicos extremos y sus habitantes han sido damnificados de distintas maneras por el paso del huracán Otis en 2023, seguido de John y Erick, este último en junio de este año.

Greenpeace México denunció que a raíz de tales acontecimientos hasta la fecha varios pobladores permanecen sin ser reconocidos ni atendidos de manera integral.
Previo a la Conferencia de las Partes, también denominada COP 30 de Belém do Pará, en Brasil, la organización llevó a Acapulco y Cuajinicuilapa el ticket de la Factura Climática, una acción que recuerda el costo que ha pagado México ante eventos climáticos extremos desde su compromiso con el Acuerdo de París, en 2015.
A diez años de la firma y adopción del Acuerdo de París, a México le ha costado 177 mil 423 millones 355 mil 168 pesos en gastos por el impacto de estos eventos en las poblaciones de 14 estados, según información pública de la base histórica del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
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Para Aleida Vázquez la “factura climática” en su comunidad significa un llamado de atención urgente a las autoridades, al gobierno mexicano y a quienes están tomando las decisiones y etiquetando presupuestos para las comunidades.
“Es un llamado, es una exigencia, porque también tenemos derecho a vivir con dignidad y a que estas afectaciones no se profundicen cada vez más. Traer la cuenta, la factura que significa o representa no estar haciendo caso a las afectaciones o a las poblaciones que han sido vulneradas históricamente, es un error y una injusticia”, subrayó la activista.

La Secretaría de Cultura menciona en un comunicado que las comunidades afromexicanas se ubican en la región denominada Costa Chica de Guerrero, principalmente en los municipios de Ometepec y Cuajinicuilapa, así como en el distrito de Jamiltepec, ubicado en la región de la costa de Oaxaca y conformado por 24 municipios.
Aunque existen poblaciones importantes en Chiapas, Coahuila, Michoacán y Veracruz, las entidades con mayor presencia de población afromexicana son Guerrero (6.5 %), Oaxaca (4.9 %) y Veracruz (3.3 %).
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En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 1.16 % de la población nacional se identifica como afromexicana. Aleida Violeta Vázquez Cisneros asegura que se no se puede hablar de justicia climática sin antes tener una justicia racial: “siempre van a cruzarse porque somos territorios que se establecieron hace siglos por distintas necesidades y con distintas características y porque tenemos necesidades diferenciadas”.
Recalcó que el impacto de los huracanes en Cuajinicuilapa se vive siempre en la desigualdad y con estos eventos se profundizan las carencias, el ejercicio pleno de nuestros derechos, como una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a que, en momentos de emergencia, se dé atención prioritaria en alimentación y salud.

Ante la tardía atención a la emergencia, tras el paso de un evento climático extremo, como el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, o la erosión costera que padece la comunidad El Bosque, en Tabasco, las personas se ven obligadas a migrar y desplazarse en busca de atención alimentaria, vivienda digna, salud y educación para las infancias.
Este desplazamiento forzado interno, consecuencia de la crisis climática, lleva a las comunidades a modificar su estilo de vida, sus tradiciones y su identidad, comentó.
“Estos son nuestros territorios, son territorios ancestrales y pensar en desplazamiento es una cosa muy dura, es muy cruel, y sí lo estamos haciendo. En mi caso personal lo tuve que hacer porque aquí no hay acceso a la salud”, declaró.
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Vázquez Cisneros tuvo que emigrar a Acapulco porque su madre enfermó de cáncer. Con la llegada del huracán Otis y los rezagos que causó ella y su familia tuvieron que trasladarse a la Ciudad de México porque en sus lugares de origen no hay un sistema de salud que atienda esas emergencias.
“Si hablamos de desplazamiento por crisis climática las poblaciones afromexicanas tenemos unas dinámicas que no necesariamente tendrían que ver con desplazamientos masivos sino por una adaptación y una mitigación en nuestros propios territorios”, explica.
“Cuando forzosamente debemos irnos de nuestros territorios por estos fenómenos perdemos nuestra identidad, estamos desarraigándonos y con eso hay una desconexión y un rompimiento con nuestra identidad y nuestras costumbres que, como seres humanos merecedores de una vida digna, no debería estar pasando”, resaltó.