Familias del crematorio Plenitud exigen disculpa tras dichos de funcionario de Chihuahua

Familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud exigieron una disculpa pública al gobierno de Chihuahua por las declaraciones de Carlos Ortiz, representante de la gobernadora Maru Campos, quien afirmó que funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) actuaron “de buena fe” pese a las omisiones en la supervisión del establecimiento.

Integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos se manifestaron este miércoles en Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez, para exigir justicia, transparencia y avances en las investigaciones por el hallazgo de 386 cuerpos y segmentos óseos en el inmueble, ocurrido en junio de 2025.

Dora Elena Delgado, vocera del colectivo, cuestionó que las autoridades atribuyan las irregularidades a errores cometidos “de buena fe”, al considerar que esa postura resulta ofensiva para las familias que confiaron en distintas funerarias para recibir un trato digno para sus seres queridos.

En ese sentido, Delgado pidió una disculpa pública para las familias afectadas. “Solicitamos una disculpa pública a las más de mil 600 familias que fueron afectadas”, expresó, al señalar que el caso no puede reducirse a simples fallas administrativas.

Familias reclaman avances y responsabilidades por el caso Plenitud

El colectivo señaló que la Coespris dejó de supervisar el crematorio desde marzo de 2022 y cuestionó que, a 14 meses del hallazgo, no se conozca de funcionarios sancionados o titulares de instituciones bajo investigación. También pidió esclarecer las responsabilidades de las dependencias encargadas de regular los servicios funerarios.

Otro reclamo corresponde a la identificación de los cuerpos. Según el colectivo, la Fiscalía General del Estado reportó 251 identificaciones, pero las familias aseguran que aún no existe claridad sobre a qué funerarias corresponden esos restos ni qué ocurrió con cada uno de ellos.

Las familias también exigieron información sobre José Luis A.C., propietario del crematorio. La Fiscalía informó el 7 de agosto que quedó vigente la orden de reaprehensión en su contra, luego de que un juez federal revocara la suspensión que impedía ejecutarla; su defensa, sin embargo, presentó un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

El colectivo pidió conocer el estado de la ficha roja para localizar al empresario y cuestionó que no se haya activado una recompensa para obtener información que permita ubicarlo. También demandó conocer quiénes son los responsables, qué autoridades están bajo investigación y por qué continúan operando las funerarias relacionadas con el caso.

A 14 meses de que el caso se hizo público, Justicia para Nuestros Deudos sostuvo que continuará exigiendo respuestas sobre las identificaciones, las investigaciones contra funcionarios y particulares y las medidas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. “No puedo comprender por qué no puede respetar el dolor ajeno; eso es lo que le solicitamos”, afirmó Delgado.