Alexis Ortiz y Nayeli Roldán · 10 de marzo de 2026
Un año después de ser auditados, Servicios de Salud de Morelos no pudo acreditar la distribución de medicamentos, reparación de equipo médico y servicio de anestesia en hospitales de Morelos en 2023, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. De ahí que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ahondará en la investigación que podría derivar en una denuncia administrativa o penal.
En 2025, la Auditoría publicó un informe que incluye la revisión de una parte de los contratos hechos por Servicios de Salud de Morelos. Acudió a los almacenes de los hospitales, entrevistó al personal y verificó documentos, con lo cual comprobó el incumplimiento en al menos cinco contratos por medicinas y servicios médicos. Aun así, el gobierno de Blanco pagó 323 millones de pesos a las compañías.

Los proveedores que incumplieron son parte de una red de tres empresas que comparten integrantes y que a los pocos meses de ser constituidas comenzaron a recibir contratos. Tres de los integrantes tuvieron participación en Medikamenta, S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, empresario y consejero de Morena en Morelos desde 2022, como reveló la Unidad de Investigación de Animal Político en septiembre pasado.
Carmona Barón, además, es primo hermano de Héctor Barón Olivares, quien como titular de Servicios de Salud de Morelos firmó 11 de los 20 contratos de la red integrada por Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V. y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A.
El actual diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, evadió responder al respecto cuando se le preguntó en la sesión de la Cámara de Diputados del 30 de septiembre. Sin detener el paso y visiblemente enojado, esbozó: “que lo investiguen, es gente de Morelos”.
Este año, la investigación será aún más exhaustiva, como consta en el Sistema Público de Auditorías. La Auditoría Superior de la Federación turnó a la Dirección General de Investigación y Responsabilidades (DGI) cinco pliegos de observaciones referentes a los incumplimientos de los contratos de la red de empresas.
La DGI es un área que investiga los señalamientos de irregularidades que no fueron solventados, es decir, aquellos en los que la autoridad no pudo comprobar la realización de los servicios y compras.
El Reglamento Interior de la Auditoría explica que dicha área se encarga de “elaborar y remitir a la Dirección General Jurídica el dictamen y expediente técnico para promover las acciones legales en el ámbito penal que procedan como resultado de las irregularidades que se detecten”.
Esto sería un posible cierre de la revisión que incluyó el intercambio de información entre la Auditoría y el gobierno de Morelos durante al menos ocho meses. La resolución incluye la posibilidad de una denuncia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la Fiscalía General de la República, al tratarse de recursos públicos, como establece el reglamento de la ASF.
En octubre pasado, Animal Político hizo una solicitud vía transparencia a Servicios de Salud de Morelos, para pedir las pruebas que entregó a la Auditoría para solventar las observaciones. La dependencia ignoró la solicitud.
Este medio también contactó a las compañías y a sus representantes legales para pedir postura sobre la investigación que realiza la Auditoría, pero no hubo respuesta.
Las compañías debían proveer medicamentos, reparar equipo médico y dar servicios integrales de anestesia en hospitales de Morelos. Sin embargo, en 2025, la Auditoría señaló que no cumplieron con la totalidad de los servicios ni compras contratadas, lo que afectó a 238 hospitales y clínicas de salud de Morelos.
Los pacientes se quedaron sin medicamentos especializados para atender cáncer, tratamientos contra la diabetes o hipertensión, y tampoco tuvieron acceso al servicio integral de anestesia para la realización de operaciones y los equipos médicos descompuestos no fueron reparados.
Las empresas que forman parte de la red ganaron al menos 20 contratos por hasta mil 161 millones de pesos, cuando no tenían ni un año de haber sido creadas. Sin embargo, la Auditoría sólo revisó una muestra.
La red simuló competencia en procesos de licitación para tener más posibilidades de obtener contratos, además de que las compañías recibieron adjudicaciones por servicios que no estaban contemplados en su objeto social.

Cuauhtémoc Blanco no era político. Su experiencia se había concentrado en el futbol, con 22 años de carrera como jugador profesional e ídolo popular, como capitán en la Selección Nacional en mundiales y del equipo América.
En 2015 ganó la presidencia municipal de Cuernavaca con el Partido Socialdemócrata y en 2018 se convirtió en gobernador de Morelos con la promesa de encarcelar a su antecesor, Graco Ramírez, por presuntos hechos de corrupción. Su discurso lo apoyó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, previo a las elecciones del 2018, dijo: “vamos a combinar ‘la cuauhtemiña’ con la ‘pejemoña’ para golear y banquear, el primero de julio, al equipo de los malandros”.
Al concluir su periodo en agosto de 2024, Blanco enfrentó numerosos señalamientos de presuntos hechos de corrupción. Funcionarios del gobierno de Margarita González, su sucesora, han encontrado irregularidades en la Comisión Estatal de Seguridad, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Obras, el Fondo para la Competitividad y el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.
Actualmente es diputado plurinominal por Morena. Fue acusado de abuso sexual en contra de su media hermana, pero la mayoría de su partido impidió su desafuero, lo que le permitió evadir el proceso judicial.
Tres personas que han formado parte de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, también han estado en las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, la red que recibió los contratos del gobierno de Blanco.
Una de ellas es Josefina Mayela Márquez Salcedo, socia directa de Carmona Barón. Ambos constituyeron Farmacéutica Medikamenta en febrero de 2018 y en enero de 2020 crearon la empresa Dirección y Administración de Salud. También fue representante legal de C&M Distribuidora de Medicamentos, según consta en el padrón de proveedores del 2024 de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero.
En tanto, Yomalli Bahena Campos firmó como representante de Medikamenta en un proceso de contratación de Chihuahua en 2022, y aparece como accionista de Comercializadora Manhos. En 2023 se enlistó como representante legal de la misma en el padrón de proveedores de Chihuahua, registrando como contacto un correo de Santek Health.
Otro vínculo es Óscar Velazco Arce, accionista de Santek Health hasta 2024, y quien firmó como apoderado legal de Farmacéutica Medikamenta en un contrato con el Instituto Chihuahuense de Salud en 2022.
Mientras que Edgar Omar García Díaz, apoderado legal para actos de administración de Santek Health y Comercializadora Manhos desde 2024, se registró en el padrón de proveedores de Chihuahua en 2024 y 2025 como representante de Comercializadora Manhos con un correo de Santek Health.