Castigar corrupción inmobiliaria con 20 años de prisión en CDMX: puntos clave de la propuesta
Redacción Animal Político · 10 de enero de 2024
El gobierno de la CDMX presentó una propuesta de reformas y adiciones al Código Penal en las que se tipifica como delito la corrupción inmobiliaria.
El Jefe de Gobierno, Martí Batres, destacó que con dichas propuestas se modifica el Código Penal “adecuándolo a problemáticas presentes que requieren un tratamiento cada vez más especializado“.
“Tenemos que atacar fenómenos que se van presentando en la sociedad, particularmente en las sociedades urbanas; y uno de esos fenómenos que han sido denunciados intensamente por la ciudadanía cuando visitamos una colonia o cuando visitamos un territorio, es el de la corrupción inmobiliaria”, declaró el mandatario.
Durante su intervención, el mandatario dijo que “la corrupción inmobiliaria es un fenómeno que permite que altos funcionarios puedan amasar grandes fortunas a partir de los permisos indebidos que otorgan para que se construyan niveles excedentes, a partir de un intercambio donde el funcionario otorga los permisos y obtiene dinero, obtiene departamentos a cambio de esos permisos”.
Denuncias en Benito Juárez
Martí Batres aseguró que la corrupción inmobiliaria es frecuente, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, ya que “los vecinos nos indican de edificios irregulares”.
“Fuimos, por ejemplo, a un recorrido al pueblo de Santa Cruz Atoyac, y nos dijeron los pobladores que había un inmueble donde se autorizaban solo seis niveles y estaba proyectado construirse seis más”, explicó a medios de comunicación.
De acuerdo con el Jefe de Gobierno, de 2009 al 2021, se da un crecimiento exponencial de los niveles permitidos y particularmente de los niveles excedentes de los que están arriba de la norma.
“En 2008 solo tenemos el caso de un nivel excedente fuera de la norma; tenemos hacia el 2009, 12 casos; hacia 2012, 158 y así. Este es el lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez, se da un crecimiento enorme”, afirmó.
Puntos clave para castigar la corrupción inmobiliaria en CDMX
El gobierno de la CDMX propone una iniciativa para crear el Capítulo 15 y establecer el delito de corrupción inmobiliaria cuya sanción será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales.
“Se agravarán en una mitad más las penas descritas en este artículo, cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”, dice la iniciativa.
Es decir, con este artículo se busca sancionar al servidor público y a la red de familiares que intervienen en este tipo de operaciones de corrupción inmobiliaria.
Un servidor público que cometa delitos en materia de corrupción inmobiliaria puede ser acusado de enriquecimiento ilícito, de uso indebido de atribuciones y también –de aprobarse esta reforma– de corrupción inmobiliaria.
Objetivos de la reforma sobre corrupción inmobiliaria
El secretario de gobierno de la CDMX, Ricardo Ruiz Suárez, la propuesta busca cumplir con tres objetivos:
- Disuadir el surgimiento de las organizaciones similares al cártel Inmobiliario dentro de la administración pública de la Ciudad de México y sus alcaldías, evitando que ocurran hechos similares a los ocasionados por este grupo en contra de la población.
- Contar con instrumentos normativos que permitan combatir la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.
- Contribuir, desde el ámbito de lo penal, a la transformación de la política inmobiliaria de la Ciudad de México, sustituyendo el paradigma de la vivienda como objeto de especulación financiera por el de un derecho fundamental de las personas a contar con un lugar donde vivir segura y dignamente.
La iniciativa fue firmada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres y entregada al secretario de Gobierno, encargado de llevarla al Congreso de la Ciudad de México.