Interrumpen comparecencia del procurador de Justicia de Hidalgo para denunciar violencia vicaria
Criterio Hidalgo · 25 de noviembre de 2025
La comparecencia de Francisco Fernández Hasbun, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), fue interrumpida luego de que una mujer ingresara hasta el escritorio donde el funcionario atendía la ronda de preguntas y respuestas.
La mujer, identificada como Dulce Olguín, afirmó públicamente que desde hace tres años ha esperado la judicialización de una carpeta por presunta violencia vicaria, sin que hasta el momento —dijo— exista avance por parte de la institución. Durante su intervención, también acusó que su hermano fue asesinado en Pachuca y que el presunto responsable continúa en libertad.
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El incidente ocurrió mientras la comparecencia era transmitida en vivo, pero la publicación fue detenida en el momento en que Olguín expuso su reclamo. La mujer también cuestionó la falta de medidas de seguridad que le permitieron acercarse sin impedimentos al funcionario.
La ciudadana mencionó que su hermano fue asesinado durante un evento en un rancho en Pachuca y acusó a una trabajadora del Ministerio Público por la manipulación de una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de su hija.
Tras la interrupción, el desarrollo de la comparecencia fue pausado de manera momentánea. Hasta el cierre de esta nota, la PGJEH no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos realizados por la denunciante.
Abren debate sobre los sueldos de trabajadores con doble cargo en Hidalgo
La sesión de preguntas y respuestas al contralor de Hidalgo contó con la participación de la diputada Mónica Reyes, del partido Nueva Alianza. Durante su intervención, la legisladora destacó lo que establecen los artículos 128 y 156 de la Constitución Política del Estado, los cuales permiten que una persona desempeñe dos funciones públicas siempre que no exista choque de horarios o interferencia en sus obligaciones.
Con ello, afirmó que el marco legal contempla escenarios en los que un docente puede ejercer su labor mientras ocupa un cargo en ayuntamientos como síndico o regidor.
La diputada reiteró que la discusión no busca encubrir prácticas irregulares ni casos conocidos como “aviadores”, sino aclarar diferencias entre percepciones económicas que, por su naturaleza jurídica, deben analizarse de manera separada en cada situación donde existan trabajadores con doble función.
Igualmente, la legisladora recordó que, en el caso de la docencia, el ingreso corresponde a una remuneración derivada de una relación laboral que implica horarios y responsabilidades. Por su parte, la dieta recibida por integrantes de ayuntamientos se considera una compensación por un encargo de representación popular, con una naturaleza jurídica distinta al salario administrativo.
Esta diferenciación fue presentada como clave para evitar interpretaciones incorrectas y evitar señalamientos a personas que desempeñan ambos roles dentro de los límites de la ley.
Al dirigirse al contralor de Hidalgo, Reyes solicitó conocer con precisión los mecanismos que la dependencia utiliza para distinguir entre percepciones permitidas y posibles irregularidades. La diputada recordó que el funcionario ha señalado que algunos regidores perciben ingresos superiores a los del gobernador Julio Menchaca, lo que ha generado inquietud sobre la jerarquía salarial establecida en la Constitución local.
La diputada cuestionó si la Contraloría de Hidalgo ha evaluado cada caso donde se ha señalado un posible incumplimiento o si continúa la revisión para determinar si corresponden a situaciones amparadas por el marco constitucional o a irregularidades administrativas vinculadas a trabajadores con doble función.
¿Qué respondió el contralor de Hidalgo sobre los dobles cargos?
En respuesta preliminar, el contralor de Hidalgo indicó que es bueno que se coloque el tema del “dobleteo” de funciones sobre la mesa, pues compete a la entidad.
Indicó que su dependencia inició la investigación de 700 servidores públicos debido a que estos no presentaron el dictamen de compatibilidad que se les requiere en estos casos. Añadió que ninguno presentó una declaración patrimonial que uniera todas las percepciones que reciben y que son susceptibles de ser presentadas. Dijo también que nadie alertó sobre la existencia de una doble plaza.
Señaló que ellos debían cumplir con la ley y que al momento de tomar una función pública, debían cumplir con una serie de requisitos, como en cualquier tipo de empleo.
Bardales indicó que este tipo de actividades le cuesta al gobierno estatal en promedio 500 millones de pesos anuales, que se destinan a la cobertura de una doble plaza. Dijo que este dinero debería estar siendo utilizado para la contratación de otras personas.
El contralor estatal también declaró que es importante que estas personas cumplan debidamente con sus funciones en ambos cargos que ostentan, y que, derivado de investigaciones hechas en los centros de trabajo, pudieron encontrar casos graves en los que esto último no sucede.