Antonio González · 18 de agosto de 2025
En la Ciudad de México, se han presentado entre enero y julio, 2 mil 245 denuncias por despojo a inmuebles. Dicho delito tiene el mayor número de casos en la alcaldía Iztapalapa, con 314 carpetas, lo que representa el 14 % del total. Le siguen las demarcaciones Cuauhtémoc, con 262 casos, y Gustavo A. Madero, con 235.
Ante este panorama, el Colegio de Notarios impulsó la campaña “Escudo Protector” para proteger el patrimonio de los capitalinos, y así prevenir delitos como el despojo o la falsificación de documentos, como las escrituras.
En entrevista con Animal Político, Patrick Strassburger, notario 59 de la Ciudad de México y miembro del Colegio, explicó que dicha iniciativa es ante la detección de casos de operaciones fraudulentas en otras entidades del país.
“Son situaciones que constituyen un delito y que resultan muy difíciles de resolver cuando no existe una escritura. El primer escudo protector de un inmueble es precisamente la escritura que acredita la propiedad”, argumentó.

Strassburger comentó que en la Ciudad de México se cuentan con mecanismos avanzados de protección contra falsificaciones. Entre ellos se encuentran el uso de papel con marcas de seguridad, hologramas, códigos QR y elementos que solo pueden detectarse mediante luz ultravioleta.
Mediante esos dispositivos, se permiten verificar autenticidad de un documento, lo cual es una clave para frenar intentos de fraude o ventas ilegales de propiedades.
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“Cuando recibimos un documento que consideramos apócrifo, por ley debemos dar aviso inmediato al Ministerio Público. Además, nos comunicamos con la notaría emisora para confirmar su validez. Estos protocolos nos han permitido evitar que operaciones fraudulentas se concreten”, explicó Strassburger.
De acuerdo con el notario, existe un alto porcentaje de propiedades en la Ciudad de México que carecen de escrituras, lo que deja a los propietarios en una situación de vulnerabilidad jurídica, pues la falta de regularización se debe al desconocimiento y a la percepción de que es un trámite muy costoso, así como a procesos inconclusos que se acumulan con el paso del tiempo.
“Y partir de que es altísimo el porcentaje en la CDMX y en las entidades de la república de inmuebles no escriturados, de la falta que existe en cuanto a la regularización de la propiedad, derivado muchas veces por desconocimiento mismo de la población sobre programas de beneficio fiscales, de facilidades administrativas, porque muchas veces la gente cree que acercarse un notario, pues va a resultar muy oneroso, muy caro”, comentó.
Indicó que ese tipo de circunstancias son las que buscan los delincuentes para apropiarse de un inmueble.
De acuerdo con cifras del Colegio de Notarios, en 2025 se han presentado 5 casos de documentos apócrifos, 2024 se presentaron 14; en 2023, 11; 2022, 15; 2021, 22; 2020, 11; 2019, 23.
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“Los delincuentes buscan inmuebles que estén desocupados o que no han tenido movimiento legal en años. Falsifican documentos, alteran registros y los venden mediante mecanismos delictivos. Cuando las víctimas se acercan a buscar ayuda, el proceso legal es mucho más complicado si no hay escrituras que respalden la propiedad”, dijo.
En ese sentido, el notario destacó que existen mecanismos para regularizar la propiedad de inmuebles, incluso en zonas que se originaron de manera irregular, pero que hoy cuentan con servicios básicos como agua, luz y drenaje.

Indicó que el gobierno capitalino ha implementado programas de escrituración masiva, que simplifican o eliminan ciertos requisitos administrativos —como licencias de construcción— para facilitar que las familias obtengan sus títulos de propiedad.
Además, para comunidades que no están incluidas en dichos programas, existe la vía legal de la prescripción positiva, que permite a una persona acreditar ante un juez la posesión pública, pacífica, continua y de buena fe de un inmueble durante un plazo determinado, obteniendo así el reconocimiento de la propiedad.
En conferencia de prensa ofrecida el pasado 29 de julio, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, indicó que es necesaria una reforma al artículo 237 del Código Penal de la Ciudad de México, en donde se están fortaleciendo las penas contra quien despoje inmuebles.
“La propuesta es que este delito, en su tipo base, se castigue de 6 a 11 años de prisión, y en el caso de las agravantes; es decir, cuando haya violencia, cuando haya actos simulados —ahora vamos a tocar las demás agravantes que pueda haber—, este delito se pueda castigar de 12 a 22 años de prisión”, comentó.
Asimismo, aseguró que están incluyendo nuevas agravantes al delito de despojo
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“Poder ampliar la protección a víctimas vulnerables. Se incluyen también como víctimas, a los menores de edad, a las embarazadas, a pueblos indígenas, además de los descendientes. Anteriormente, únicamente se agravaba cuando la víctima era un ascendiente; se agravaban también si era contra personas de la tercera edad, pero estamos también incluyendo estos grupos de atención prioritaria, en cuyo caso se agravaría la conducta”, resaltó.