Colectivo de Jalisco exige protección tras homicidio de buscadora María del Carmen Morales y su hijo
Redacción Animal Político · 26 de abril de 2025
María del Carmen Morales dedicó el último año de su vida a la búsqueda de su hijo Ernesto Julián, hasta este jueves, cuando fue asesinada junto con otro de sus hijos, Jaime Daniel Ramírez Morales, en un ataque directo perpetrado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.
Pese a que no hay detenidos por el homicidio, la fiscalía del estado adelantó inicialmente que “hasta el momento no hay indicios de que esté relacionado con la labor de la mujer como integrante de un colectivo de búsqueda”, aunque de acuerdo con el grupo al que pertenecía, Guerreros Buscadores de Jalisco, ella había sido amenazada.
Este viernes, la dependencia estatal dijo que hubo una “mala interpretación de la información” y reconoció en conferencia de prensa que una de las líneas de investigación en el caso sí es la labor de María del Carmen como madre buscadora.
Desde 2010, en México han sido asesinadas 28 personas buscadoras, las dos últimas en Jalisco, lo que para la organización Amnistía Internacional es “muestra de todos los pendientes que sigue teniendo el Estado mexicano en la protección de las familias de personas desaparecidas en México”, ya que en las distintas entidades del país sufren de distintos tipos de violencias por su labor.
“El riesgo en el que se encuentra su integridad y su vida es un riesgo en el que están porque el Estado mexicano no hace su labor, porque si buscara efectivamente a las personas desaparecidas los familiares no tendrían que estar haciendo trabajos de búsqueda, no tendrían que estar haciendo denuncias y no tendrían que colocarse en este tipo de riesgos”, subraya Edith Olivares, directora de la organización.
“Por eso insistimos en que hay una responsabilidad del Estado mexicano en estos asesinatos, en estas desapariciones, en el desplazamiento, en los riesgos a la salud y el empobrecimiento que están viviendo las familias de las personas desaparecidas, y por lo tanto tiene el deber de garantizarles protección”, señala Olivares.
“Sabemos que corremos riesgo, pero si no salimos nosotros nadie los va a buscar”
Maribel Cerdeño, integrante del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, recuerda a María del Carmen como una compañera “muy activa, que apoyaba con la pega de volantes con fotos de los desaparecidos en avenidas y lugares muy concurridos”.
Consternada, platica que ella fue quien atendió el mensaje con el que, por medio de redes sociales, María del Carmen se puso en contacto con el colectivo para contarles de la desaparición de su hijo Ernesto, “y fue cuando nosotros acudimos a darle apoyo al fraccionamiento de donde se lo llevaron, que es el mismo donde ahora lamentablemente le quitaron la vida junto a su otro hijo, Jaime”.
De acuerdo con Cerdeño, las amenazas son una constante entre quienes integran grupos de búsqueda, y en el caso particular de Guerreros Buscadores de Jalisco, se encuentran en una situación especialmente vulnerable después de que dieron a conocer el hallazgo de hornos crematorios y restos humanos dentro de un rancho en el municipio de Teuchitlán, hace apenas algunas semanas.
“Estamos en mayor riesgo con todo lo que salió a relucir… y es difícil nuestra labor, porque no sabemos si alguno de los mensajes anónimos que recibimos con pistas puede ser un cuatro, actualmente tenemos más de 400 alertamientos de lugares donde supuestamente hay cuerpos, y sabemos que corremos riesgo, pero si no salimos nosotros nadie los va a buscar”, lamenta la buscadora.
Aún con el temor de que se repitan casos como el de María de Carmen y su hijo, o el de Teresa González Murillo –integrante del colectivo Luz Esperanza de Jalisco, asesinada hace tres semanas en el mismo estado–, Maribel afirma que su labor no se detiene y se alimenta de “la ilusión de poder encontrarlos para terminar con la incertidumbre”.
La buscadora subraya que el único objetivo que tienen como familias es encontrar a sus seres queridos, aunque ello “nos vuelva como una piedrita en el zapato” para autoridades y grupos criminales. Aún con ello, afirma que continuarán exigiendo a la fiscalía que se investigue la posibilidad de que estos homicidios tengan relación con la desaparición de sus familiares y sus labores de búsqueda.
En el caso de María del Carmen Morales, ella misma expresó en entrevistas que no tenía intención de proceder contra ninguna persona por la desaparición de su hijo, únicamente, dijo, “quiero saber de él, y si está muerto que me dejen encontrarlo”.
La desaparición de su hijo, Ernesto Julián Ramírez Morales, ocurrió el 23 de febrero de 2024, cuando hombres armados ingresaron a la fuerza a su domicilio, en el fraccionamiento Las Villas, en el municipio de Tlajomulco. Lo último que supo es que lo subieron en un automóvil blanco, y que quienes se lo llevaron le prometieron que le harían unas preguntas y que si cooperaba lo regresarían vivo, pero eso no ocurrió.
“En Jalisco hemos sido testigos de un incremento en las desapariciones”
Anna Karolina Chinniak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), señala que desde 2019 Jalisco “se colocó en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas. De acuerdo con el registro estatal, al 31 de marzo se contabilizaban 15 mil 534 casos; hemos sido testigos de un incremento en las desapariciones, sobre todo en el último sexenio, cuando gobernó Enrique Alfaro“.
Sin embargo, Chinniak remarca que pese a las denuncias que organizaciones y colectivos han realizado por años sobre la existencia generalizada de desapariciones en todos los municipios del estado, “persiste una situación de impunidad casi absoluta”.
Aunque hasta noviembre de 2024 en el estado se habían registrado 42 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, Anna Karolina plantea que esto es “un resultado mínimo si se compara con el número de reportes y de hallazgos de restos humanos en fosas clandestinas, miles de los cuales permanecen sin identificar bajo resguardo del Instituto de Jalisco de Ciencias Forenses”.
Para la defensora de derechos humanos, es necesario que las autoridades estatales atiendan la crisis de desapariciones, “pues hallazgos como el rancho en Teuchitlán dan cuenta de la crueldad y la gravedad del contexto en el estado, y evidencian que hay una incapacidad institucional para garantizar a la población los derechos a la seguridad, a la integridad y a la vida. Se requiere reforzar las acciones coordinadas con familiares de víctimas, universidades y organizaciones de la sociedad civil para atender la problemática”.
“Uno de los retos ha sido el cúmulo de omisiones y negligencias que provienen desde la propia Fiscalía del Estado, que en varios momentos se ha evidenciado que existen patrones de corrupción y colusión con sus agentes y el crimen organizado, y una ley en materia de víctimas que a más de 10 años de su creación ha sido deficiente, lo que no ha cambiado la tendencia de crecimiento en el número de personas reportadas como desaparecidas”, expone Chinniak.
Ante este panorama, enfatiza que es importante que las autoridades asuman su responsabilidad en la atención al tema de la desaparición y garanticen la seguridad adecuada para las acciones de búsqueda, “que implica no sólo los operativos durante las jornadas en campo, sino la generación de mecanismos de reacción ante las amenazas que los colectivos reciben por asumir la intervención que el Estado no lleva a cabo”.
Además, afirma que se tiene que investigar la relación de los asesinatos de buscadoras con su labor, ya que la versión que la fiscalía ha difundido en los últimos homicidios “han tenido la intención de desvincularlos del tema de la desaparición de personas y disminuir la responsabilidad de las autoridades en estos casos”.
La búsqueda de personas, una “labor extremadamente peligrosa”
“En México desaparecen más de 30 personas cada día, hay más de 127 mil personas desaparecidas en el país, y debemos recordar que el 90% de ellas ha ocurrido en el periodo de la militarización de la seguridad pública. Esto no es un llamado de atención por lo que está sucediendo ahora sólamente, sino por lo que los colectivos de buscadores han denunciado desde hace años sobre la situación de la desaparición, así como los riesgos y violencias que ellas sufren”, explica la directora de Amnistía Internacional.
Debido a las amenazas y ataques que se cometen contra las personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos, Amnistía Internacional ha calificado esta actividad como una “labor extremadamente peligrosa”, que en el caso de México se ve amenazada incluso por agentes del Estado.
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Por ello, destaca que será importante ver el curso que tendrá el proceso anunciado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU contra el Estado mexicano, para que se le entregue información sobre las desapariciones forzadas que ocurren “de manera generalizada o sistemática” en el país.
En tanto, Maribel Cerdeño afirma que lo más importante por ahora es la seguridad de la familia de María del Carmen Morales, de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y de todas las personas que tienen un familiar desaparecido. En el caso de las hijas de la buscadora, se solicitará su ingreso al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
En un mes su colectivo tendrá una reunión con autoridades federales en la Ciudad de México, en la que anticipa que insistirán en la necesidad de que se les brinde seguridad, “porque no se puede seguir con esta situación, es indignante”