Guanajuato: colectivos denuncian “triángulo de desapariciones” en carretera Jaral-Valle de Santiago

Desde mediados del año pasado, colectivos de búsqueda han documentado un patrón de desapariciones en la carretera antigua entre Jaral del Progreso y Valle de Santiago. En ese periodo, más de 20 jóvenes, de entre 16 y 20 años de edad, habrían sido privados de la libertad en este tramo, cercano a la autopista.

Una buscadora, que pidió omitir su nombre, afirmó que han documentado al menos 20 casos con características similares al de su hijo, ocurridos en el mismo punto.

Esta recurrencia llevó a los colectivos a denominar la zona como el “triángulo de las desapariciones”.

Guanajuato figura entre las entidades con mayor incidencia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

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El estado ocupa el séptimo lugar nacional en el caso de niñas y adolescentes mujeres, y el lugar 13 en niños y adolescentes hombres, lo que lo coloca en la posición número 11 a nivel nacional en este fenómeno.

La organización advierte que la magnitud del problema se agrava porque el reclutamiento de menores aún no está plenamente reconocido ni tipificado como delito, lo que limita su prevención, atención y sanción.

“Hay alrededor de 20 casos igual al de mi hijo y exactamente se han perdido en el mismo punto, en la carretera antigua entre Jaral del Progreso y Valle de Santiago, a la altura de la autopista”, señaló la buscadora.

De acuerdo con los colectivos, las víctimas corresponden a un perfil específico: jóvenes de entre 16 y 18 años, quienes son privados de la libertad, mientras que las personas adultas que los acompañan suelen ser asesinadas.

“Son puros jóvenes, de entre 16 y 18 años. Las personas adultas que los acompañan aparecen muertas, como que nomás se llevan a los puros chavos”, afirmó.

Además, señaló que muchas familias no denuncian por miedo, lo que ha dificultado dimensionar el número real de casos y ha favorecido la impunidad en la zona.

“Muchas familias no quieren denunciar por temor. Eso es lo que ha permitido que esto siga pasando”, expresó.

También denunciaron omisiones graves por parte de las autoridades, al señalar que no existen cámaras de videovigilancia funcionando en ese tramo carretero, pese a que físicamente sí se encuentran instaladas. Indicaron que han solicitado a la autoridad los videos de ese sitio, sin obtener información.

“El gobierno me dice que no hay cámaras, que no existen o que no están funcionando, pero yo entré a la página de transparencia del Estado y ahí aparecen las cámaras del C5, incluso con fragmentos de grabación”, sostuvo.

Aseguró haber entregado pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios que demostrarían que las cámaras sí graban y transmiten, lo que sugiere que la autoridad estaría ocultando evidencia clave.

“Eso me dice que las cámaras sí están trabajando, pero el gobierno insiste en que no. Yo no hablo de palabra, llevo pruebas”, afirmó.

Finalmente, exigieron que las autoridades reconozcan el patrón delictivo, refuercen la seguridad en la zona señalada y realicen búsquedas en los cerros cercanos, donde podrían existir centros de adiestramiento criminal.

“Si ya saben que en esa zona están desapareciendo personas, ¿por qué no acuden?, ¿por qué no refuerzan la seguridad? Una cosa es que no se pueda y otra muy diferente es que no quieran”, concluyó.

Esta nota se publicó originalmente en Zona Franca.