CNDH documenta desaparición forzada y homicidio de dos civiles por personal naval en Sinaloa
Redacción Animal Político · 12 de marzo de 2026
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó al titular de la Secretaría de Marina reconocer los hechos ocurridos en mayo de 2023, cuando elementos navales detuvieron de manera ilegal a dos personas, las torturaron y posteriormente les privaron de la vida en Guasave, Sinaloa, además de que se investigue y sancione a los responsables y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias.
El organismo determinó en la recomendación 206VG/2026 que estos hechos constituyen violaciones graves a derechos humanos en agravio de ambas víctimas —identificadas como V1 y V2—, quienes fueron detenidas de manera arbitraria la noche del 22 de mayo de 2023, ingresadas ilegalmente a instalaciones navales y finalmente localizadas sin vida horas después.
La queja y los primeros indicios
El expediente CNDH/2/2023/10368/Q/VG se inició tras la queja presentada el 29 de mayo de 2023 por QVI1, como se identifica a un familiar de las víctimas, quien relató que aquel 22 de mayo, alrededor de las 10:25 de la noche, su esposo V1 se comunicó con una amiga y le advirtió que debía colgar porque había “un retén establecido por personal de la Marina”.
Esa fue la última información antes de que su cuerpo y el de otra persona, V2, fueran encontrados sin vida al día siguiente, a espaldas de un expendio de cerveza.
La CNDH incorporó al análisis testimonios, informes policiales, periciales, entrevistas ministeriales, vídeos y la información enviada por autoridades federales y estatales. Entre los elementos revisados se encuentra una videograbación contenida en la Carpeta de Investigación 1, donde se registró el tránsito de vehículos con características de unidades oficiales la noche de los hechos. La Comisión destacó que estos registros coinciden con los horarios y detalles descritos por diversos testigos.
Testigos: unidades navales salieron y regresaron
En la recomendación se precisa que los testimonios de las personas identificadas como T1, T2, T3 y T4 indican que alrededor de las 10:00 de la noche del 22 de mayo dos patrullas con las luces apagadas salieron del cuartel naval en Boca del Río con rumbo a Playa Las Glorias. T2 declaró que vio su retorno alrededor de las 11:00 de la noche.
Según la inspección ministerial de los videos, a las 9:46 de la noche, un vehículo tipo pick up con vidrios oscuros y luces encendidas, “al parecer de la Marina”, se dirigió hacia la playa, seguido segundos después por otra unidad con luces apagadas. A las 10:54 de la noche, otro vehículo con características similares regresó.
Pese a ello, la Marina sostuvo en sus oficios que “no se había registrado la participación de su personal” y que las unidades oficiales se mantuvieron dentro de las instalaciones. Declaró además que los vehículos oficiales “no cuentan con ningún sistema de monitoreo GPS”.
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El testimonio clave: tortura dentro del cuartel
El relato de T4 fue determinante. Desde un punto elevado, describió haber visto cómo personal naval sometía, golpeaba y torturaba a dos hombres dentro de la Estación Naval. Afirmó: “Me fui a subir a los baños otra vez y ya estando allá arriba miro que pasa un carro de cuatro puertas color blanco por la calle que está frente a los baños para las escolleras y se para en las escolleras unos momentos y luego se regresa y entra al cuartel de los marinos”.
Después, añadió que dos camionetas de los marinos llegaron con luces apagadas, ingresaron y que el personal llevó dos sillas al centro del área iluminada. De acuerdo con su descripción: “Luego veo que de la camioneta que está al lado de los dormitorios bajan de la puerta de atrás a un muchacho a trancazos porque se movía mucho y les pedía que lo soltaran por favor y que lo dejaran ir”.
Sobre el segundo hombre, declaró: “El otro muchacho estaba inconsciente, veo que no se mueve, veo que traía la cara llena de sangre y lo bajan cargando entre dos marinos”.
También señaló la presencia de un elemento vestido de negro con la leyenda “Marina”, quien hacía preguntas y golpeaba a una de las víctimas: “Ese marino es como el que mandaba porque fue el que empezó a hacerle preguntas al muchacho”.
T3 corroboró haber escuchado golpes, gritos y voces provenientes del cuartel, incluida una que decía “¿Yo por qué?”, además de groserías en un acento que identificó como no local.
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El hallazgo de los cuerpos
A las 4:10 de la madrugada del 23 de mayo, agentes municipales confirmaron un reporte que advertía de dos personas sin vida con signos de violencia. Los cadáveres se encontraban boca abajo y con múltiples lesiones. Ambos fueron identificados por familiares.
Los dictámenes en materia de medicina legal concluyeron que las muertes ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada del mismo día y fueron causadas por choque hipovolémico secundario a lesiones por proyectil de arma de fuego, con presencia previa de heridas cortantes, hematomas y contusiones.
Responsabilidad por acción y por omisión
La Comisión concluyó que la autoridad naval no sólo negó la participación de su personal, sino que omitió registrar el ingreso de unidades y de dos civiles a sus instalaciones, no los puso a disposición de ninguna autoridad civil y no acreditó el control de armas y municiones del personal, pese a que un parte interno reportó que un elemento detonó su armamento el 23 de mayo.
Para el organismo, los indicios configuran una desaparición forzada en los términos de los tratados internacionales ratificados por México.
En la recomendación, señala: “Se acreditó de manera indiciaria la desaparición forzada que derivó en la violación a los derechos humanos a la libertad, seguridad e integridad personal de V1 y V2, así como a su derecho a la vida”.
Afectaciones a familiares
La CNDH también determinó que los hechos vulneraron la integridad personal de QVI1, VI2 y VI3, quienes enfrentaron incertidumbre, falta de información, obstáculos y omisiones institucionales durante la búsqueda y en el seguimiento de las investigaciones.
El organismo sostuvo que las violaciones documentadas constituyen actos de “extrema gravedad” y urgió a las autoridades competentes a investigar penal y administrativamente a los elementos navales involucrados.