Redacción Animal Político · 10 de marzo de 2026
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del adolescente José Juan Arias Solís, de su padre Juan José Arias Corona −ambos reportados como desaparecidos−, así como de su núcleo familiar.
El adolescente de 14 años está desaparecido desde el 19 de julio de 2025 tras un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Ese día, el papá de José Juan observó a tres personas que vestían uniforme militar que habrían detenido y golpeado al menor de edad, para después llevárselo por la fuerza.
Posteriormente, el 28 de diciembre del mismo año, desapareció su padre, Juan José Arias Corona, quien realizaba labores de búsqueda para localizar a su hijo y contaba con medidas de protección otorgadas por el Estado.

De acuerdo con el organismo internacional, Marisela Solís Figueroa, madre buscadora y familiar de las víctimas, ha sido objeto de intimidaciones y amenazas, que ya denunció ante la Fiscalía del Estado de Guanajuato y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Sus medidas de protección fueron revocadas en octubre de 2025.
Ante ello, la CIDH consideró que los tres se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, debido a que “sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en México”.
La CIDH consideró que la situación de riesgo persiste mientras no se determine la ubicación de las personas desaparecidas. Asimismo, consideró preocupante que, hasta la fecha, no se haya realizado un estudio de análisis de riesgo con relación a su núcleo familiar y que no cuenten con medidas de protección vigentes, en el marco del trabajo de Marisela como madre buscadora.
Con base en el artículo 25 de su reglamento, el organismo solicitó al Estado mexicano: “redoblar los esfuerzos para localizar a Juan José Arias Corona y a su hijo José Juan Arias Solís, mediante un plan de búsqueda con resultados medibles y con participación de la familia”.

También solicito facilitar la entrega inmediata de toda la información disponible sobre su posible destino y esclarecer la posible participación de agentes estatales en los hechos denunciados.
Así como adoptar medidas de protección, con enfoque de género para salvaguardar la vida e integridad de Marisela Solís Figueroa, su hija y su nieta; y acordar las acciones con los familiares y representantes de las víctimas e informar sobre las investigaciones para evitar la repetición de los hechos.