Redacción Animal Político · 18 de septiembre de 2025
El Congreso de Chihuahua aprobó este jueves reformas a la Ley de Seguridad Escolar y a la Ley Estatal de Educación para prohibir en los planteles escolares los narcocorridos y otros contenidos que promuevan o hagan apología del delito.
La iniciativa fue impulsada por el grupo parlamentario del PAN y busca, de acuerdo con los legisladores, “fomentar entornos educativos libres de contenidos que normalicen la criminalidad”.
Las reformas también establecen mecanismos de detección y atención de casos de violencia familiar en los planteles educativos, por lo cual el personal docente y administrativo deberá recibir capacitación constante en el Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes.
Al presentar el dictamen, el PAN sostuvo que la violencia familiar en Chihuahua representa un problema grave, señalando que en 2021 se abrieron 12 mil 968 carpetas de investigación por este delito y, entre enero y octubre de 2022, se registraron 10 mil 645 casos, según datos de la fiscalía estatal.
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De acuerdo con un análisis del experto en seguridad Víctor Manuel Sánchez Valdés, publicado en Animal Político el pasado 23 de abril, en estados como Nayarit, Aguascalientes y Michoacán ya existen prohibiciones generales, mientras que en ciudades como Tijuana o Cancún se han aplicado sanciones locales.
En Chihuahua, la capital cuenta desde 2023 con un reglamento municipal que multa a quienes interpreten narcocorridos en eventos públicos.
En el artículo titulado “El mapa de la prohibición de los narcocorridos en México”, Sánchez Valdés afirmó que estas medidas son “esfuerzos mal enfocados” que responden más a una moda política que a una estrategia real contra la inseguridad.
El especialista sostuvo que lo verdaderamente relevante es investigar la posible infiltración del crimen organizado en la industria musical, mediante prácticas como el lavado de dinero o el pago a artistas para componer narcocorridos, más que censurar los contenidos.

Apenas en abril pasado, tras los disturbios en la Feria del Caballo de Texcoco ocurridos luego de que el cantante Luis R. Conriquez se negó a interpretar corridos tumbados, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que en México no existe una prohibición general contra este género musical.
La mandataria señaló entonces que su gobierno “no prohíbe ni censura”, pero busca generar una conciencia social para que no se normalice la violencia en canciones, series de televisión u otros contenidos culturales.
“Más allá de lo que haga cada municipio o estado, lo importante es construir un consenso de que no debe haber apología de la violencia ni de las drogas”, dijo en su conferencia matutina del 13 de abril.
Tras lo ocurrido en Texcoco, el gobierno del Estado de México emitió un exhorto a los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco para vigilar que durante las presentaciones artísticas no se interpreten narcocorridos ni se hagan referencias a personajes ligados al narcotráfico.
En esa entidad, como en Nayarit, Baja California, Quintana Roo y Chihuahua, se han aplicado medidas restrictivas que, si bien no impiden la presentación de artistas del género, sí limitan los contenidos que pueden interpretarse en espacios públicos.