La Verdad Juárez · 17 de octubre de 2025
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua emitió una recomendación para la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) por la presunta realización de actos de vigilancia no autorizada en contra César Duarte, tras su salida del Cereso en junio de 2024, tras recibir una queja del exgobernador.
Sin embargo, la visitadora que propuso registrar a Duarte Jáquez como víctima de violaciones a derechos humanos, Paulina Chávez López, trabajó en la Secretaría General de Gobierno durante el sexenio del exmandatario -2010-2016-, de acuerdo con los registros curriculares de la actual funcionaria de la CEDH.
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El exgobernador presentó su queja el 9 de septiembre del 2024, y la comisión emitió el pasado 22 de septiembre una recomendación dirigida a la fiscalía y a la Secretaría de Seguridad por presuntamente haber violado sus derechos humanos.
Duarte Jáquez (gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016) enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de peculado y asociación delictuosa, por el desvío de 96 millones de pesos. Fue detenido en julio de 2020 en Estados Unidos y extraditado a México en junio de 2022.
En su denuncia, el exgobernador acusó a la SSPE de mantenerlo bajo acoso y vigilancia.
Señaló que desde el 4 de junio, fecha en que salió del penal, se instaló una torre de videovigilancia tipo “Centinela” dentro del fraccionamiento privado donde reside, y que todos los días sobrevuelan drones afuera de su domicilio, e incluso ha visto alguno en el patio contiguo a su ventana.
También afirmó que vecinos le comentaron sobre una patrulla que suele estacionarse afuera del fraccionamiento para operar los drones, y que han manifestado sentirse incómodos por este tipo de vigilancia. Aseguró que algunos temen que se estén interviniendo sus telecomunicaciones, pues desde entonces han tenido fallas en el servicio de internet, de acuerdo con la queja presentada ante la CEDH.
De acuerdo con Duarte, todos los días hay vehículos sin rótulos y con vidrios polarizados estacionados frente a su casa, con personas en el interior que lo observan constantemente: “Me siguen a cualquier lugar al que voy, ni siquiera disimulan que me van siguiendo”, declaró.
Asimismo, el exgobernador relató que el 27 de agosto de 2024, mientras circulaba con un amigo en su camioneta, un vehículo Jetta gris comenzó a seguirlos de manera agresiva.
A partir de ese día, aseguró, el acoso se volvió más evidente, pues un vehículo de color azul marino lo seguía a todas partes y se quedaba estacionado a las afueras de su casa.
Duarte denunció que el 3 de septiembre de 2024 fue seguido de manera agresiva hasta una cita médica y, al regresar a su domicilio, observó nuevamente al Jetta gris intentando entrar al fraccionamiento.
“Ya el acoso se me hace excesivo por parte de la secretaría, ya que ellos ya no están encargados de vigilarme, sino el área de Servicios Previos al Juicio del Tribunal, aparte que para eso me tienen puesto el brazalete electrónico, y todo esto ya es un ejercicio indebido del servicio público y están desviando recursos para realizar una labor de vigilancia que ya no les corresponde”, señaló.
La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua negó los señalamientos mediante un oficio recibido por la CEDH el 3 de octubre de 2024, firmado por su director de Derechos Humanos, Ulises Enrique Pacheco Rodríguez, actual dirigente local del PAN en Ciudad Juárez.
En el documento, la dependencia aseguró no tener registro del vehículo descrito y negó el uso de drones o presencia de unidades asignadas a la vigilancia de Duarte, aunque reconoció contar con una base de monitoreo —denominadas “escorpiones”— en el fraccionamiento donde vive.
La fiscalía estatal también negó cualquier tipo de seguimiento al exgobernador. En un oficio fechado el 11 de octubre y firmado por el coordinador de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos, Jesús Manuel Fernández Domínguez, la dependencia aseguró que “de ninguna manera se ha vigilado” a Duarte, aunque reconoció que el vehículo Jetta gris pertenece a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
El 14 de octubre de 2024, Duarte informó que personal de la CEDH acudió a su domicilio para recabar testimonios y verificar los hechos. La visitadora a cargo observó el mismo auto Jetta gris que supuestamente lo sigue, el cual la Fiscalía reconoció como propiedad de la AEI.
En su escrito refiere que, desde ese día, cambiaron de vehículo a un Jetta color azul ”para continuar desde ese día siguiéndome a donde sea que voy, asediándome y vigilándome”.

Con base en las comunicaciones oficiales y las entrevistas realizadas a vecinos, la CEDH determinó que sí se vulneraron los derechos humanos de Duarte Jáquez, particularmente a la legalidad, seguridad jurídica y privacidad, ya que “ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuentan con competencia para la supervisión de las medidas cautelares que le fueron decretadas al quejoso, ni en consecuencia desplegar actividades de vigilancia que afecten su esfera jurídica”.
El organismo también constató que la fecha de instalación del “escorpión” de vigilancia coincidió con la llegada del exgobernador al fraccionamiento.
“La Secretaría de Seguridad Pública Estatal debía al menos señalar el motivo o la justificación de instalar esa unidad de monitoreo dentro de un fraccionamiento, cuando en la ciudad existen sectores que requieren atención prioritaria en la prevención de delitos y faltas administrativas”, indicó el documento.
En ese sentido, la CEDH recomendó que se dé vista ante el Órgano Interno de Control o la autoridad competente de las dependencias; que en un plazo no mayor a 30 días naturales “se inscriba a “A” en el Registro Estatal de Víctimas” y remita las constancias que lo acrediten.
Asimismo, instó a que se provea de lo necesario para reparar integralmente el daño al exgobernador y que se tomen las medidas administrativas tendentes para garantizar “la no repetición de violaciones a derechos humanos”.
La visitadora que propuso registrar a César Duarte Jáquez como víctima de violaciones a derechos humanos, Paulina Chávez López, trabajó en la Secretaría General de Gobierno durante el sexenio del exmandatario (2010-2016), de acuerdo con los registros curriculares de la actual funcionaria de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH).
Según los registros públicos, Chávez López tuvo puestos en la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua de 2005 a 2019, ocupando cargos como Jefa del Departamento de Revisión Jurídica y Asuntos Legislativos y posteriormente como asesora técnica.
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A pesar de haber trabajado en el Ejecutivo durante la administración de Duarte, la visitadora no advirtió algún conflicto de interés para atender la queja del exmandatario, dijo en entrevista Alejandro Carrasco Talavera, presidente interino de la CEDH.

“La visitadora y visitadores de la Comisión y de cualquier institución protectora de derechos humanos en el país, la mayoría van a tener antecedentes en puestos públicos. La verdad no tenemos elementos objetivos (para que se retirara del caso) el solo hecho de que una persona haya trabajado para otra, en un caso donde ella nada más está recabando la información, no tenemos elementos objetivos para decir ‘desístete de ese asunto’”, mencionó Carrasco Talavera.
Chávez López ocupa desde octubre de 2022 el puesto de visitadora general de la CEDH y el pasado 1 de junio participó en la elección judicial federal como candidata a magistrada de tribunal colegiado de circuito en materia civil y de trabajo en Chihuahua. Ella aparece como visitadora ponente de la resolución emitida por la CEDH el pasado 22 de septiembre, donde pide inscribir a Duarte al Registro Estatal de Víctimas.
La Verdad Juárez solicitó a la CEDH una entrevista con la visitadora para conocer su postura, sin embargo la vocera de la institución refirió que lo relativo a la recomendación por el caso Duarte sería atendido por el presidente interino.
Carrasco Talavera, encargado de despacho de la CEDH tras la muerte de Javier González Mocken, dijo que las recomendaciones pasan por un proceso con decisiones colegiadas y donde la responsabilidad no recae exclusivamente en quien propone las ponencias.
El presidente insistió en que para la recomendación en comento no se observó en ningún momento un posible conflicto de interés.
Esta nota se publicó originalmente en La Verdad Juárez