Redacción Animal Político · 13 de marzo de 2026
El gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del 12 de marzo y hasta el 30 de abril, el trámite de voluntad anticipada, herramienta que permite a las personas expresar si desean o no ser sometidas a procedimientos que prolonguen su vida de manera artificial, será gratuito para todas las personas de 65 años y más en todas las notarías que informe el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.
Durante el evento de la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México y los notarios, se informó además que se trabaja en el desarrollo de una tarjeta de identificación vinculada a una plataforma digital, que permitirá al personal médico conocer si una persona cuenta con un documento de voluntad anticipada y cuáles fueron las decisiones que tomó.
Sobre el trámite de la voluntad anticipada, y a través de un boletín, las autoridades detallaron que tras el periodo de gratuidad anunciado y hasta el 31 de diciembre de 2026, se establecieron costos preferenciales de 750 pesos más IVA para personas adultas mayores de 65 años, y de mil 600 pesos más IVA para el resto de la población de la Ciudad de México.

Desde 2008 y a la fecha, la Ley de Voluntad Anticipada ha permitido 27 mil tres suscripciones en la Ciudad de México, lo que refleja un creciente interés de la población por tomar decisiones informadas sobre su atención médica y el final de la vida, se indica en el boletín.
El documento explica que la Voluntad Anticipada puede realizarse a través de dos modalidades. La primera es mediante un Documento de Voluntad Anticipada ante Notario Público, trámite que puede realizar cualquier persona mayor de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales, firmando ante un notario público en la Ciudad de México, nombrando a un representante y firmando ante dos testigos, con la necesidad de presentar identificaciones oficiales vigentes de todas las personas participantes.
La segunda modalidad es a través del Formato de Voluntad Anticipada en instituciones de salud, el cual se realiza cuando una persona ha sido diagnosticada con una enfermedad avanzada, incurable o en fase terminal. El trámite se lleva a cabo ante personal médico en instituciones de salud públicas o privadas de la Ciudad de México, es gratuito y debe acompañarse de un resumen clínico que acredite el diagnóstico. En este caso, la persona paciente nombra a un representante y firma ante dos testigos. Existen formatos para pacientes adultos y para pacientes pediátricos.
El anuncio de la Ciudad de México sobre el fortalecimiento de la voluntad anticipada ocurre en un contexto donde se discute ampliar los derechos de las personas sobre el final de la vida. Samara Martínez, una paciente con una enfermedad terminal, se ha convertido en el rostro de la Ley Trasciende, iniciativa que busca legalizar la eutanasia en el país.
Desde hace meses, Samara Martínez es la principal voz del debate sobre la muerte digna en México. “Yo estoy segura, no me preguntes cómo, sólo estoy segura, de que se va a lograr porque he visto el trabajo, he visto el apoyo, he visto la apertura”, destaca en entrevista.
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La Ley Trasciende no es una propuesta diseñada desde “el privilegio de tener salud”, dice la propia Samara Martínez. Es una discusión promovida por una persona que a sus 30 años de edad, y durante más de una década, ha afrontado trasplantes, hospitalizaciones constantes.
“Es la primera vez que un paciente alza la voz ante la necesidad de decir: ‘oigan, me voy a morir porque me queda tanto tiempo de vida y no quiero morir como he visto morir a muchos de mis compañeros’, y eso cambia el discurso narrativo totalmente, porque ya no es una cuestión política, es una cuestión de necesidad”.
Como parte de su activismo que lleva al menos tres años, Samara Martínez se ha entrevistado con legisladores de distintos partidos políticos para empujar la reforma a la Ley General de Salud. El 19 de noviembre de 2025, fue ingresada de manera formal en el Senado la iniciativa de la Ley Trasciende, redactada por Samara Martínez y respaldada por integrantes de cinco de los seis grupos parlamentarios.
La propuesta de la reforma es derogar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud que prohíbe la eutanasia y la clasifica como “homicidio por piedad”, con lo cual impide a las personas ejercer su autonomía sobre el final de su vida.
La iniciativa propone añadir el término “eutanasia” a la Ley General de Salud, para establecer definiciones, principios, requisitos y procedimientos y regular oficialmente el acceso a una muerte digna, con características específicas.
La activista destaca la importancia de que su propuesta no quede estancada en la burocracia legislativa: “Yo preferiría, te soy muy honesta, que llegue y se vote, aunque se vote en contra, a que se quede en la congeladora”.