Animal Político · 17 de agosto de 2026
El gobierno de la Ciudad de México reportó avances en la estrategia reforzada contra el despojo de inmuebles, a 12 días de su puesta en marcha, con 44 personas detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ocho inmuebles asegurados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y acciones para restituir propiedades a sus legítimos poseedores.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que desde enero de 2026 se han realizado 27 remisiones relacionadas con posibles allanamientos, ingresos por la fuerza o accesos irregulares a inmuebles, con un total de 90 personas detenidas. De ellas, 44 fueron detenidas durante los primeros 12 días de la estrategia anunciada el pasado 5 de agosto.
Vázquez explicó que la SSC mantiene un protocolo de reacción inmediata para atender reportes relacionados con posibles despojos, allanamientos o ingresos irregulares, con un tiempo promedio de respuesta de tres minutos. También se reforzó el monitoreo de redes sociales para detectar denuncias y se incrementó la presencia policial en zonas donde pudiera estar en riesgo el patrimonio o la integridad de la población.

El funcionario aclaró que las detenciones se realizan en flagrancia ante conductas como forzar chapas o puertas, romper rejas, brincar bardas o ingresar sin autorización, pero precisó que corresponde a la Fiscalía determinar posteriormente si los hechos constituyen despojo u otro delito. “Cada remisión realizada es un posible despojo que evitamos en la ciudad”, señaló.
La fiscal general de Justicia, Berta Alcalde, informó que durante los 12 días de la estrategia se recibieron 89 denuncias, de las cuales 14 fueron identificadas como posibles casos de despojo: dos con violencia y 12 sin violencia, además, además ocho inmuebles ya fueron asegurados.
Alcalde explicó que la Fiscalía estableció una metodología para diferenciar los casos en los que existe evidencia de un despojo de aquellos relacionados con conflictos civiles, familiares, arrendamientos, herencias o problemas de posesión. “Nuestra obligación es actuar de manera inmediata en los casos en donde hay información que nos permite establecer que sí se trata de un despojo”, afirmó.
Entre los casos considerados posibles despojos, la Fiscalía mencionó denuncias por cambios de chapas sin autorización, ocupación de terrenos y presencia de personas desconocidas en inmuebles cuyos denunciantes acreditaron su propiedad o posesión. En uno de los casos, un grupo de aproximadamente 30 personas ocupó un terreno y construyó cuartos, impidiendo el acceso a la poseedora legítima.

En contraste, 46 denuncias permanecen en revisión para determinar si existe realmente un despojo. Entre ellas hay conflictos entre vecinos por límites de terrenos, disputas entre hermanos por propiedades heredadas, diferencias entre familiares y controversias entre arrendadores e inquilinos, por lo que la autoridad señaló que no puede ordenar un aseguramiento sin establecer primero quién tiene la propiedad o posesión legítima.
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Alcalde señaló que otros 29 casos denunciados durante este periodo no corresponden necesariamente al delito de despojo, como controversias por incumplimiento de contratos de arrendamiento o disputas familiares por herencias en las que no se ha perdido la posesión del inmueble. En esos casos, la Fiscalía busca canalizar a las personas hacia las vías civiles o jurídicas correspondientes.
La fiscalía también informó que, al revisar casos anteriores, se han logrado 24 detenciones, 15 aseguramientos de inmuebles, ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas por despojo, 39 derivaciones a mecanismos alternativos de solución de controversias y 11 acuerdos reparatorios. En los casos con evidencia suficiente, los aseguramientos han ocurrido incluso en uno a tres días posteriores a la denuncia.
La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruz Villegas, anunció la puesta en marcha de la Defensoría Social Ponciano Arriaga, integrada por 100 profesionales del derecho que ofrecerán asesoría jurídica gratuita a población prioritaria en el Zócalo capitalino. Las jornadas comenzarán el lunes 24 de agosto y se realizarán semanalmente.

El equipo brindará orientación en materias como derecho civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal y laboral, además de establecer mecanismos de canalización con dependencias locales y federales, el Poder Judicial y otras instituciones relacionadas con vivienda, propiedad y regularización de la tenencia de la tierra.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo que la estrategia busca atender los casos recientes y también revisar denuncias anteriores. “Los años no convierten una injusticia, no la conviertan en un hecho consumado”, afirmó, al señalar que los expedientes pendientes serán analizados mediante una metodología para determinar las acciones correspondientes.
Brugada destacó que la Defensoría Social Ponciano Arriaga funcionará como una puerta de acceso a la justicia para quienes no cuentan con recursos para contratar abogados. “No queremos una defensoría que entregue un papel, una dirección y se despida de la persona. Queremos una defensoría que acompañe, que escuche a la población y que resuelva”, sostuvo.
La mandataria afirmó que el gobierno capitalino mantendrá acciones de prevención, investigación, sanción y restitución de inmuebles, además de impulsar medidas de regularización y acuerdos con notarios para reducir trámites y costos relacionados con propiedades. “En esta ciudad el patrimonio de las familias se respeta”, expresó, al reiterar que la estrategia busca evitar que la ocupación ilegal de viviendas o terrenos quede impune.