Redacción Animal Político · 29 de mayo de 2026
Habitantes de la comunidad indígena de Pómaro, Michoacán, realizaron este viernes la quema de vehículos y mantuvieron bloqueos carreteros en distintos puntos de la región para exigir justicia por el asesinato de Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal, Gerónimo García Flores, representante jurídico, y de un maestro de la comunidad, hechos ocurridos ayer cuando las tres víctimas viajaban a bordo de una camioneta en un camino local y fueron atacadas con armas de fuego.
En un comunicado emitido este jueves, la comunidad originaria de Pómaro informó que “fueron privados de la vida nuestros compañeros: Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal, y Lic. Gerónimo García Flores, representante jurídico de la comunidad. Ambos fueron víctimas de un ataque directo hacia el comisariado de bienes comunales que no se encontraba en dicho vehículo”.

La comunidad expuso que, tras iniciar el procedimiento legal para avanzar hacia el autogobierno y administrar de manera directa su presupuesto, comenzaron a recibir amenazas dirigidas a sus autoridades, y sostuvo que responsabiliza a José María Valencia Guillén, alcalde de Aquila —municipio al que pertenece administrativamente la comunidad de Pómaro—, por la muerte de sus integrantes.
El mismo comunicado exigió la intervención de autoridades federales y estatales, así como la participación de instancias internacionales.
Entre sus solicitudes, la comunidad pidió el despliegue de fuerzas federales, la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República y garantías para continuar con el proceso de autogobierno sin represalias.
La comunidad dirigió también un llamado a organismos internacionales, al señalar: “Al mundo: Solidaridad y vigilancia internacional ante la violencia sistemática contra pueblos originarios que ejercen su derecho a la libre determinación”.
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Este viernes, la comunidad difundió además un comunicado dirigido al Instituto Electoral de Michoacán, en el que denunció retrasos en la resolución de su solicitud para ejercer gobierno por usos y costumbres. Indicó que el trámite fue entregado el 27 de abril de 2026, que el plazo legal para dictaminar ya venció y que hasta ahora no existe respuesta.
En ese mensaje señaló: “Hacemos responsables directos a las y los Consejeros Electorales del IEM por alargar el proceso. Esta dilación genera tensión en la comunidad y es un ataque a la certeza electoral”. Asimismo, exigió al instituto emitir una resolución “en máximo 24 horas” y sancionar a los funcionarios que, según su denuncia, han prolongado el procedimiento.
Por su parte, el gobierno municipal de Aquila informó a través de un comunicado oficial del 28 de mayo que el alcalde José María Valencia Guillén condenó el ataque contra la comunidad indígena de Pómaro.
En el oficio, el presidente municipal pidió a autoridades estatales y federales una investigación “rápida e inmediata, trasparente, exhaustiva y con pertinencia cultural para dar con los responsables intelectuales y materiales de este cobarde atentado” y expresó que “no se puede permitir que la violencia arremeta contra los mecanismos de seguridad municipal ni contra la población civil”.