Asesinan a Arnoldo Romero, comisario ejidal en Oaxaca, y activista contra el Tren Interoceánico
Redacción Animal Político · 21 de enero de 2025
El comisario ejidal de la comunidad de Buenavista, en el municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, y activista contra el Tren Interoceánico, Arnoldo Nicolás Romero fue localizado sin vida este martes.
Su cuerpo fue hallado con heridas de bala tras haber sido reportado como desaparecido desde el 17 de enero, informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
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“Con profundo dolor e indignación, informamos que el compañero Arnoldo Nicolás Romero, comisariado ejidal de Buena Vista, ha sido encontrado sin vida, víctima de un acto cobarde. Su cuerpo fue hallado con impactos de bala en un rancho particular ubicado entre Santa Ana y Guichicovi”.
En un comunicado, exigieron a las autoridades investigar los hechos y hacer justicia pues aseguraron que no permitirán que haya impunidad. También pidieron a la población mantenerse unidos y vigilantes para que prevalezca la seguridad en las comunidades.
La organización Educa Oaxaca hizo un llamado urgente para que haya seguridad para las personas defensoras y las comunidades del Istmo de Tehuantepec.
LLAMADO URGENTE. Justicia para Arnoldo Nicolás Romero, comisariado ejidal de Buena Vista, de San Juan Guichicovi, desaparecido el 17 de enero de 2025 y encontrado asesinado el 21 de enero ¡Seguridad para personas defensoras y comunidades en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca! pic.twitter.com/QaimSK5EAb
— Educa Oaxaca (@laminuta) January 21, 2025
Artículo 19 también se sumó a las exigencias y solicitaron que haya protección para las personas defensoras. Y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX pidió que sea indispensable que las investigaciones contemplen su labor como persona defensora y desde la perspectiva de derechos himanos.
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Asesinatos de defensores y activistas en América Latina
Cuatro de cada cinco asesinatos de defensores de derechos humanos ocurrieron en Latinoamérica en 2023. Así lo indica el reciente informe de la organización Front Line Defenders que reporta 300 casos, de los cuales 237 tuvieron lugar en Latinoamérica, principalmente en Colombia, México, Brasil y Honduras. Estas cifras confirman una vez más que América Latina es la región más violenta para los defensores sociales, ambientales y de derechos humanos.
El caso que llama más la atención, como lo ha reportado también en los últimos años Global Witness, es el de Colombia, considerando que concentra casi la mitad de los asesinatos en 2023, un total de 142 víctimas. El informe coloca a México en el segundo lugar con 30 defensores, seguido de Brasil con 24 y Honduras que sumó 19 casos. A ellos le siguen Nicaragua, Guatemala, Perú, Ecuador, El Salvador y Paraguay por el número de víctimas mortales reportadas.
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Los expertos consultados señalaron que entre algunos de los factores clave que permiten esta ola de violencia en la región están la impunidad detrás de los crímenes, sumado a la presencia de grupos armados ilegales y la corrupción de las autoridades.
Front Line Defenders resalta, además, que la violencia en el mundo afectó sobre todo a los defensores sociales y ambientales de los pueblos indígenas.
En el caso de México, los lugares más críticos son “el centro, sur y sureste”, en particular, en los estados de México, Morelos, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y que los liderazgos indígenas son los más amenazados en el país, por oponerse a “los responsables de la depredación de los recursos naturales”.
Nataniel Hernández Núñez, coordinador de Protección en la organización social mexicana Red TDT, dice que los principales responsables de la violencia en México son los “grupos de la Delincuencia Organizada, así mismo contribuyen a la problemática los intentos por llevar a cabo despojos y explotación en diversos territorios para la utilización de bienes naturales”.
Enfatiza en que las zonas con megaproyectos, movilidad humana (migración) y militarización son las más afectadas y que las comunidades que enfrentan mayores riesgos son las indígenas y las rurales. Además, señala que el Ejecutivo federal tiene responsabilidad en la estigmatización de los liderazgos en México.